¿Puede la política fiscal salvar empresas?

En ausencia de medidas económicas, la probabilidad de quiebra en el plazo de un año casi se duplica

Efe

En 1979 Elvis Costello and The Attractions lanzaban su mítica canción “Accidents will happens”. Los accidentes siempre ocurren y la pandemia del Covid-19 ha sido el gran accidente de la economía mundial en 2020, generando una contracción sin precedentes de la producción, el consumo y la inversión. El cierre en actividades no-esenciales, para combatir la propagación del virus, paraliza la producción. Las empresas afectadas pierden ingresos. Con gastos fijos a corto plazo (amortizaciones, alquileres, gastos de personal y servicio de la deuda) su flujo de caja se deteriora. Surgen problemas de iliquidez. Si la situación se prolonga, las pérdidas destruyen su capital y llegan a ser insolventes. Los trabajadores despedidos reducen su renta y su consumo. Los proveedores de las empresas que cierran dejan de tener demanda para sus productos. El problema se va agrandando. El sistema financiero aumenta su morosidad hasta necesitar ser rescatado.

Gobiernos y bancos centrales han intervenido masivamente para frenar la caída libre de la economía. Una intervención imperativa desde la perspectiva de la propia salud de las finanzas públicas. Sin practicar políticas fiscales expansivas el sector público enfrenta también un deterioro en sus cuentas. Al incremento necesario del gasto destinado a sanidad y protección civil, se suma el efecto de los multiplicadores fiscales. Los subsidios de desempleo se disparan y los ingresos impositivos se hunden. La recaudación por cotizaciones sociales, impuestos sobre rentas de trabajo, beneficios empresariales y rendimientos del capital desciende. Como el consumo y las transacciones bajan, la recaudación por IVA también. La expansión fiscal es un mal menor para romper este círculo vicioso y mantener a flote la economía.

Los resultados del trabajo reciente de Contreras y Angulo “Análisis de la resiliencia del tejido empresarial español ante la crisis del Covid19” para esta fundación indican cómo, en ausencia de medidas económicas, la probabilidad de quiebra en el plazo de un año casi se duplica. El conjunto de medidas fiscales planteadas mitiga el impacto, aunque el efecto neto es preocupante: un aumento de 2,34 puntos porcentuales de la probabilidad de quiebra en el caso de las microempresas, compatible con un deterioro de tres escalones en su rating. La contracción esperada del PIB español en 2020 es superior a la media de la Eurozona en 1,15 puntos porcentuales según la Comisión Europea. Nuestra economía parece ser más vulnerable por, al menos, tres motivos.

Primero, por la estructura del tejido empresarial. Las microempresas representan un 86% (casi 13 puntos porcentuales más que en Alemania), aunque sólo aporta un 14% del valor añadido bruto. Este segmento cuenta con menos reservas de liquidez en términos de su flujo de caja por período y, además, se concentra en mayor proporción en sectores más afectados por la pandemia (dada la naturaleza local de la demanda y las menores barreras de entrada).

En segundo lugar, por la composición sectorial del PIB. Una economía con menor peso de sectores como comercio, transporte y hostelería a favor de otros como industria manufacturera, información y comunicaciones y actividades profesionales hubiera visto reducido en 10 puntos porcentuales el deterioro estimado de la generación de caja durante el período analizado.

Y, finalmente, por el tipo de medidas implementadas. Hay tres tipos básicos de esquemas de apoyo fiscal al tejido empresarial: medidas de impulso directo, como subvenciones al empleo y bonificaciones en impuestos y cotizaciones sociales, con un potente multiplicador sobre el PIB; aplazamientos de tasas y tributos; y programas de asistencia financiera. Los dos primeros afectan al déficit de forma inmediata, aunque el segundo sólo transitoriamente. Los avales y garantías de liquidez no generan a corto plazo desequilibrio presupuestario, aunque crean pasivos contingentes. El subsidio al empleo, vía asunción de parte de los costes salariales de trabajadores acogidos a ERTE, es la medida más eficaz: se estima que reducen en más de 40 puntos porcentuales el deterioro del flujo de caja. Por el contrario, los préstamos con aval público, el núcleo de las medidas fiscales adoptadas en España, reducen la probabilidad de suspensión de pago a corto plazo, pero son sólo un parche si la operativa no mejora rápidamente. Pero es complicado adoptar medidas de impulso fiscal directo ultra-expansivas si al inicio de la crisis el espacio fiscal del país es negativo. España mostraba una tasa de deuda 35,5 puntos por encima del límite fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y 5,5 puntos por encima de la que algunos investigadores marcan como límite para no deteriorar el crecimiento, resultado de las políticas fiscales pro-cíclicas durante los años de bonanza.

Cuando acabe la pandemia tendremos menos empresas y más endeudadas y la tasa de endeudamiento público habrá aumentado 25/35 puntos porcentuales. Será un momento inaplazable de practicar políticas de austeridad en el gasto público, llevar a cabo reformas en la administración pública y lograr un sistema fiscal más resistente al fraude. En el futuro se producirán nuevos accidentes y sólo un sector público solvente puede practicar políticas fiscales ultra-expansivas sin comprometer la sostenibilidad de su deuda.

Carlos Contreras es miembro de la Junta Directiva del IEAF y Profesor Titular de la UCM en excedencia