Las excajas y sindicatos, condenados a entenderse en menos de 48 horas
Mañana por la noche termina el plazo dado por CECA para llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el convenio, pero las posturas están muy alejadas
El viernes se celebró –en formato virtual– una nueva reunión de la mesa del convenio de ahorro. Pero como en las anteriores, no se logró acercar posiciones para encarrilar el convenio que, inicialmente, duraría cinco años y afectaría a las plantillas de CaixaBank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Liberbank, Abanca, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença (Kutxabank tiene un convenio diferente), y cuyo plazo tope para su firma se fijo para el 28 de julio, es decir, mañana.
Todas las fuentes consultadas encuentran muy complicado llegar a un acuerdo este martes, pero también admiten que están condenadas a buscar una solución si no se quiere operar sin convenio, algo que podría suponer un desencuentro entre sindicatos y entidades nada deseable para los tiempos en los que estamos y, sobre todo , para los que vienen.
Fuentes sindicales aseguran que CECA les ha comunicado que el 28 de julio decae el convenio (el que se está aplicando caducó en diciembre de 2018). “Esta es una de las principales bazas que les da la reforma laboral”, aseguran los sindicatos. En CECA, mientras, aseguran que quieren llegar a un acuerdo. En el caso del convenio de banca, que también se negocia en a actualidad, el periodo de reuniones se amplió a octubre, razón por la que algún sindicato piensa que al final CECA hará lo mismo, pero lo dice con la boca pequeña, sin mucho convencimiento, más como una esperanza que como una convicción.
Los puntos que se alejan son varios y con mucha miga, como dirían en mi casa. Suprimir durante los años 2021 y 2022 el plus de convenio y después vincular su percepción al ROE (ahora el ROE o rentabilidad de la banca es de menos 0,52%); suspensión temporal del concepto de antigüedad y recuperación a partir de 2022 vinculado a la mitad de su valor actual; suprimir las ayudas de estudios y guardería por hijos/hijas a salarios que en cada uno de los siguientes años superaran los 35.000 euros para 2020, 40.000 euros para 2021 y 45.000 euros para 2022. Además, se eliminará el quebranto de moneda y plus de ventanilla.
Y algo muy significativo, aunque parece menor, según reflexionan los sindicatos, la pérdida de nivel si hay cambio de función. Aseguran que con el cierre de sucursales, la pérdida de categorías se produce casi a diario, ya que los directores de sucursales, por ejemplo, cuando cierran su oficina pasan a otra, pero sin esta categoría, y consideran injusto que después de años, se le recorte el salario por esta razón. “Crearía un precedente con graves consecuencias para el trabajador”, coinciden todos los sindicatos consultados.
CC OO, FINE y UGT han reiterado su disposición a abordar medidas de carácter temporal. Y mantienen que como el convenio se firmaría para el periodo 2019-2023. “nuestra propuesta pasa por incrementos salariales que se distribuiría de menos a más en todo ese periodo”, señalan fuentes sindicales.
CECA ya retiró de la mesa sus propuestas de ampliar la movilidad geográfica, jornada partida de lunes a jueves todo el año –excepto julio y agosto–, que el cambio de nivel no fuera automático y eliminar el complemento de residencia. “Pero las que aún mantiene encima de la mesa significan un recorte no únicamente temporal, sino también permanente que es inaceptable para las tres organizaciones”, señalan los sindicatos. Y añade, “estamos a un paso de que CECA deje sin convenio a las plantillas, mientras que las retribuciones de las direcciones de las entidades siguen su curso, puesto que no dependen de la existencia de un convenio.
CC OO, FINE y UGT vamos a apurar la negociación hasta el último momento, pero no queremos ocultar que, visto lo del viernes, nos veamos abocados a un largo periodo de conflictividad desconocido hasta ahora en este sector”.
El sindicato minoritario en la mesa, el CIC, también está completamente en desacuerdo con las propuestas de las antiguas cajas. “Las plantilla de estas entidades han arriesgado su salud en la pandemia y ¿la patronal nos lo paga así? Es intolerable”, aseguran desde este sindicato.
Pese a este enfrentamiento, tanto la patronal como los sindicatos quieren llegar a un entendimiento que sería de desear.
Saltamos a otro conflicto, el del futuro de Duro Felguera. El consejo de administración de la compañía asturiana ya aprobó la semana pasada pedir ayuda al Gobierno para que inyecte capital público para garantizar su futuro, en crisis desde hace ya varios años.
Su idea es que sea el propio Ejecutivo, o más en concreto la SEPI, quien decida cómo y cuánto dinero se necesita para volver a dar alas a esta firma industrial. El problema es que las dificultades de Duro Felguera son antiguas, no provienen del Covid, algo que la dirección de la firma lo sabe perfectamente, aunque también es cierto que con la pandemia su situación ha empeorado, como la de todas las empresas de España y prácticamente de todo el mundo.
Y en todo esto justifican su decisión de pedir ayudas tanto de capital como de liquidez. Pero Duro Felguera quiere, o debe, contar con el beneplácito de los bancos acreedores. Quieren presentarles sus nuevas intenciones y su plan estratégico, con el que, dicen, darán la vuelta a la compañía.
Justifican la petición de ayudas en la situación de la empresa, que consideran estratégica para Asturias, en el Covid y en sus positivas perspectivas de futuro si solucionan su crisis financiera. Están convencidos de que si la SEPI les ayuda, los bancos estarán encantados de seguir acompañando a la firma, que pretende tener capital público y privado. Esta semana está prevista una reunión con la banca para contarles estos proyectos y plan estratégico.
La dirección de Duro Felguera se ha estudiado muy bien el capital y el razonamiento que hizo cuando pidió la entrada del Estado en su capital. Y es lo que la empresa asturiana va a hacer, e Indra le sirve de argumento y de excusa. Lo malo es que la banca asegura que si dan ayuda a Duro Felguera, que arrastra una crisis desde hace años, con problemas incluso con Hacienda, “la lista de empresas con las manos abiertas para que el Estado les inyecte capital público puede ser infinita”, señalan desde una entidad financiera.