El acuerdo está hecho, ahora toca arremangarse

Los fondos europeos buscan una recuperación con visión a largo plazo, lo que exige que España abandone la regla de anteponer lo urgente a lo importante

Efe

En la madrugada del martes, 22 de julio, y tras 90 horas de tensas discusiones, por fin se alcanzó el acuerdo que pasará a la intrahistoria de la Unión Europea como el momento en el que la unión fiscal fue posible. En Bruselas se discutían tres cosas. La primera, la magnitud del fondo para reactivar la economía de la UE tras los estragos sanitarios y económico del Covid-19. La segunda, el reparto de ese fondo entre subvenciones a fondo perdido y préstamos con derecho a devolución. Y la tercera, el tipo de condicionalidad impuesta a los países beneficiarios. Como telón de fondo, la posición contestataria de los denominados países frugales, encabezados por los Países Bajos.

Respecto a la primera, la referencia eran los 750.000 millones de euros defendidos por Merkel y Macron, a añadir al marco presupuestario 2021-2027 de más de un billón de euros. Contra todo pronóstico, el monto total ha quedado intacto. Excelente noticia.

Este monto se reparte entre 390.000 millones en subsidios y 360.000 millones en préstamos. La expectativa de los países del sur era contar con un peso mayor de los subsidios, en el entorno de 500.000, frente a 250.000 en préstamos. En cualquier caso, lo importante es que, por primera vez, la UE ha aprobado emitir deuda para financiar un programa de transferencias directas a países miembros en dificultades. Es el momento Hamilton de la UE.

El tema de la condicionalidad levantaba ampollas porque recordaba demasiado a los famosos hombres de negro. Holanda y el resto de frugales reclamaban el derecho de veto, pero esta pretensión no ha sido finalmente aceptada. Será la Comisión quien, al menos en principio, supervise si los fondos desembolsados se ajustan a sus planes de modernización centrados en tres pilares: transición a una economía sostenible, digitalización y resiliencia.

Una vez aprobado el acuerdo podemos preguntarnos si realmente teníamos buenas razones para pedir una generosidad mayor, y qué razones teníamos para defender que se nos ofrecieran gentilmente las subvenciones sin ningún control. Es cierto que el Covid-19, a diferencia de la burbuja inmobiliaria y el descalabro del sistema financiero en la crisis de 2008, no ha sido culpa nuestra. Pero tampoco lo ha sido del resto de los países de la UE. Cada uno tiene sus vergüenzas.

Sí es culpa nuestra que nos haya pillado con unas finanzas públicas maltrechas, incapaces de aprovechar los últimos seis años de bonanza para sanearlas. También ha sido culpa nuestra ser incapaces de abordar reformas estructurales de calado que consiguieran sacarnos del crónico problema de baja productividad y escaso aprovechamiento eficiente de los recursos. Por su parte, los frugales no deberían atribuirse el derecho a impartir doctrina. Se han venido aprovechando durante años de las ventajas del mercado único y de unas reglas fiscales permisivas que generan sonrojo.

La pregunta importante es: ¿y ahora qué? La respuesta no admite dudas. Ahora toca arremangarse. Parece que a España le corresponden 140.000 millones de euros –el equivalente al 11% del PIB español– en un plazo de seis años. De esta cantidad, 72.700 millones corresponden a subsidios y el resto a préstamos.

Es una cantidad enorme de dinero, pero también es una cantidad enorme de trabajo. Para poder disponer de estos fondos hace falta, en primer lugar, saber lo que se quiere hacer de ellos. En segundo lugar, poner de acuerdo a los agentes implicados. Como mínimo a los distintos niveles de gobierno (central, autonómico y local, cuando las características de los proyectos así lo requieran), sector privado, sistema financiero y organizaciones sindicales y patronales. En tercer lugar, requiere contar con equipos técnicos capaces de articular las propuestas de acuerdo con las directrices emanadas de Bruselas, puesto que, al fin y al cabo, disponer de los fondos requerirá la aprobación de la Comisión. Cuanto más pensados y más consensuados estén los proyectos, más fácil será absorber la ingente cantidad de recursos que se han puesto sobre la mesa, pero que estarán disponibles solo durante un plazo limitado de tiempo, trascurrido el cual los fondos no gastados volverán al fondo comunitario.

Un tema clave es cuál debe ser la perspectiva desde la que abordar el acceso a los fondos. La regla número uno es abjurar de la práctica de situar lo urgente por delante de lo importante. Se nos está reclamando (bendita condicionalidad) tomar una visión de largo plazo a la hora de abordar los problemas. Los grandes problemas todos los conocemos. Se requiere reformar el sistema fiscal, generador de déficits crónicos; el sistema de pensiones, teniendo en cuenta la carga que se trasmite a los jóvenes; el sistema educativo y la formación digital de la población en general y los trabajadores en particular, cuyas vulnerabilidades han sido puestas de manifiesto por la pandemia; y por supuesto, el mercado de trabajo, así como las serias deficiencias de la productividad de nuestro tejido productivo.

Los dos últimos ofrecen un buen ejemplo de la importancia que tiene la visión de largo plazo en la que insistimos. La reforma laboral de 2012 facilita acelerar la creación de empleo en las recuperaciones casi a la misma velocidad a la que la destruye en las recesiones. Pero, al mismo tiempo, precariza el trabajo con serias consecuencias sobre la productividad. Su reforma, debe tener en cuenta precisamente esto, y solo será posible si se alcanza una visión única y compartida entre todos los agentes sociales involucrados, acudiendo con una sola voz ante la Comisión. Esta es tarea exclusivamente nuestra y si no nos arremangamos ya, con voluntad de urdir consensos, habremos perdido una oportunidad que difícilmente nos será ofrecida de nuevo.

Matilde Mas es Catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y directora de proyectos internacionales del Ivie