España tiene protección del BCE para destinar los subsidios a un autorescate reformista

Los fondos procedentes de la UE no son gratuitos, y tanto en transferencias como en créditos están sometidos a condicionalidad y vigilancia

Superar la situación crítica en la que ha embarrancado la economía española no va a ser fácil, porque con la misma velocidad que se deterioran los indicadores de actividad y se ensombrecen las previsiones de las instituciones sobre España se tuerce el ánimo colaborativo de la Unión Europea, que cuatro meses después de admitir que tenía un problema de resolución urgente sigue discutiendo las cifras, los destinos y las facturas a cobrar a cambio. Las autoridades españolas hacen bien en seguir reclamando el socorro colectivo de Europa, pero harían mejor si encajasen alguno de los mensajes directos que han oído estos días en Bruselas y buscasen su propia solución. Los meses pasan, el pesimismo se expande, las decisiones se dilatan y el riesgo de que el desempleo avance hasta cerca del 25% de los activos se cumple lentamente.

Nadie que maneje medianamente los fundamentos macroeconómicos de la economía España cree ya que la caída del PIB sea inferior al 11%, nadie prevé un déficit fiscal inferior al 14% este año, nadie cuenta con una deuda pública que no rebase el 122% del PIB y nadie duda de que el último semestre del año, aunque haya un alivio en la recuperación de la producción, tendrá una consistencia gaseosa y el desempleo coyuntural pasará la peligrosa frontera que lo lleve al terreno estructural del que cuesta mucho volver. Nadie cree, por tanto, que los niveles de riqueza previos a la peste puedan recuperarse en un año ni en dos, y hay cálculos que lo sitúan en hasta media docena.

La fe ciega en la Unión Europea se está difuminando cada semana que pasa y España debe ponerse en marcha con el único escudo financiero del Banco Central Europeo, que tampoco será permanente, porque el programa de compras de deuda tiene fecha de caducidad y una condicionalidad pasiva que las autoridades monetarias no dejan de recordar cada vez que tienen ocasión, aunque reiteradamente los Gobiernos las escuchan como quien oye llover, tal como demuestra la reacción contemplativa de los diez últimos años. El descomunal plan de adquisición de activos públicos y privados activados desde Fráncfort es una calculada tregua para que los políticos dejen de arrastrar los pies y hagan su trabajo con un ejercicio keynesiano de estímulo fiscal que, acompañado de esfuerzos reformadores y modernizadores, devuelvan a Europa, pese a su carácter maduro y senilizado, un crecimiento potencial generoso que restablezca el equilibrio financiero.

Pero bien podría pasar como en la crisis de 2008 que desembocó en la embestida de los mercados contra los bonos soberanos de la parte débil de la Unión en 2012 y cuya pieza de caza mayor era el mismísimo señor euro: una serie de rescates fiscales seguida de la gran operación de salvamento del banco central, de la que se beneficiaron España e Italia fundamentalmente, que termina dejando siempre para mañana las reformas en cuanto sale el sol, aparece el crecimiento, por modesto que sea, y se evaporan los temores. Reformas hubo allí donde las diseñaron esos odiosos funcionarios de negro (Irlanda, Portugal, Grecia, Chipre), pero fueron limitadas en España y prácticamente inexistentes en Italia.

Aquí se estabilizaron las cuentas públicas, se hizo que el uso del factor trabajo funcionase como un mercado flexible que abarató los costes y se saneó el sistema financiero; pero pasado el peligro y envueltos en la inestabilidad y la negligencia política, desde 2015 no se ha vuelto a hacer ni una reforma que merezca tal nombre. Pero en Europa, tanto a España como a Italia les han tomado la matrícula, y los países nórdicos, frugales pero contribuyentes netos al presupuesto de la Unión, no quieren una repetición del doble ejercicio negligente de expandir la solidaridad a cambio de fijar un precio que nunca se abona.

Y en ese clima de desconfianza se ha movido Europa desde que apareció la peste-19 y no da con la solución, en un ejercicio más de unos deficientes sistemas de gobernanza propios del mestizaje nacionalista que ha construido la Unión, en el que chocan y conviven culturas económicas muy dispares, contradictorias incluso, calvinistas y católicas. Un modelo de dos pasos adelante y uno atrás, o al revés, que atrapa a la Unión en un clima cercano a la parálisis política, y que se ha escenificado este largo fin de semana en Bruselas. Una cumbre en la que se ha desfigurado lo ya concluido en cumbres anteriores porque alguien dijo sí en junio y ahora dice no. Una Unión que se enmienda a sí misma tras anunciar con profusión de alharacas en junio que pondría a disposición de los socios un vasto programa de ayudas, en el que una parte sería subvención no retornable y otra una línea de crédito con coste y condicionalidad.

Hasta cinco programas diferentes de auxilio se pusieron en marcha y de los que España podría acceder a unos 180.000 millones de euros, amén de lo que pudiese obtener del Banco Europeo de Inversiones, que habilitaba otro programa de 200.000 millones. A saber, España obtendría hasta 77.000 millones de subsidios a fondo perdido desde el presupuesto comunitario; de otros 63.000 millones, si es su deseo, en crédito con coste “político” y condicionalidad reformista; hasta otros 24.900 millones del MEDE para reforzar la sanidad al 0,1% de interés; y otros 15.000 millones del programa de reaseguro de desempleo.

Aunque ninguno fuese gratuito, y la cantidad final del saldo en las subvenciones fuese muy inferior porque España también tiene que poner su parte del presupuesto (casi la mitad de lo que recibiría), y los créditos precisasen una aportación nada desdeñable de pasivos contingentes, era un salvamento razonable. Pero ahora tales compromisos no aparecen porque la acción conjunta del norte los ha destruido en esta dichosa cumbre. El programa de ayudas directas no será ya de 500.000 millones, sino de 400.000 como mucho, y la línea de crédito financiero condicionado prácticamente se ha duplicado. En plata: que a los países sureños, a España e Italia más que a otros, les han birlado 100.000 millones de fondos estructurales, y solo a cambio de ampliar los créditos que no querían. Menos subsidios y más hipoteca, para entendernos.

Pero la obstinación fundamentada de la frugalidad contra la gula ha llegado a imponer también condiciones a las ayudas no retornables, además de recuperar con unos jugosos cheques parte de lo aportado. Los programas que se financien tienen que estar aprobados por el Consejo, no solo por una Comisión de exigencias blandas, y debe ceñirse a las líneas estratégicas de la Unión para el programa presupuestario de los próximos siete años. España ha adelantado que no admitirá vetos, pero irá comprobando que nada es gratis y que algunas de las reformas que se siguen demorando tendrán que ponerse en la mesa, tanto las que estimulen el crecimiento como las que relajen la presión sobre las cuentas públicas.

Europa ya no proporciona nada gratis, porque las fases del desarrollismo europeo, de las que España sacó gran ventaja, se han agotado y sus programa se han desplazado al Este; ahora hay una moneda única, imperfecta pero común, que precisa de la mayor armonización fiscal y financiera para que no descarrile como a punto estuvo de suceder en 2012. Europa solo da treguas para ponerse al día, con una protección temporal del BCE que no otra cosa que un rescate pasivo es,

 José Antonio Vega es Director adjunto de Cinco Días