Esade prevé una caída del 10% del PIB en 2020 y un repunte de hasta el 7% el año que viene

Mejora las previsiones de mayo, donde se esperaba un desplome de la riqueza del 15%

EFE

La economía española terminará el año con una caída superior al 10% de su PIB, para crecer entre un 6% y un 7% a partir de 2021 siempre que no vuelva a haber rebrotes del virus que deriven en nuevos confinamientos. Estas son las previsiones que recoge el Informe Económico y Financiero de Esade, elaborado con Banco Sabadell y presentado este miércoles. El informe, dirigido por José Ignacio Conde-Ruiz, profesor visitante de Esade y subdirector de Fedea, y por Josep M. Comajuncosa, docente en la escuela de negocios, también predice un incremento del déficit público por encima del 10% del PIB y una deuda pública superior al 115% a finales de 2020, en línea con lo que pronostican organismos como el FMI, la OCDE, la Comisión Europea o el Banco de España.

Con todo, la escuela de negocios ha mejorado las previsiones publicadas el pasado mes de mayo, cuando esperaba un desplome de la riqueza del 15% este año, a fin de rebotar hasta un 12% en 2021.

Para Esade, la recesión de la economía española será mayor que en otros países debido a la naturaleza de su economía, muy orientada hacia servicios que requieren de contacto social elevado y que se verán más afectados y durante más tiempo. También, a su tejido empresarial, que alberga un importante porcentaje de empresas pequeñas o muy pequeñas y que requerirán medidas específicas de financiación.

A esto se le añade que el confinamiento ha sido más estricto que en otros países, lo que hace anticipar una caída mayor del crecimiento en el segundo trimestre. Tampoco hay que olvidar la existencia de un mercado laboral más precario, con mayores tasas de temporalidad, así como una menor movilización de recursos frente a la crisis al contar con una menor capacidad de respuesta fiscal que otros socios del entorno.

Propuestas

El ritmo de recuperación, explica el documento, "dependerá de la correcta desescalada" de los Expedientes de regulación temporal de empleo (los ERTE), para la que se sugiere "un esquema flexible con incentivos al empleo, a fin de evitar que estos se conviertan en ERE (o despidos)". También dependerá de las ayudas específicas a sectores que se vean más afectados, y que en algunos casos necesitarán de la activación de la demanda; del crédito, para que la falta de liquidez de las empresas no se traduzca en falta de solvencia; y del futuro Fondo Europeo de Recuperación Económica, que los líderes europeos intentarán cerrar la semana que viene.

En opinión de los autores del informe, este fondo "debería proteger el mercado único europeo, y compensar a aquellos países con menor margen fiscal para que puedan competir en igualdad de condiciones en la Zona Euro". Este refuerzo debería llegar principalmente "vía transferencias, y no crédito", para que no acabe repercutiendo en la deuda y las finanzas públicas, que estarán sometidas a un importante estrés en próximos años.

Una vez superada la fase de contención de la pandemia, recuerdan los expertos, será necesario realizar un "esfuerzo fiscal adicional para favorecer la recuperación económica". Cabe distinguir dos tipos de políticas: las de apoyo a la demanda y las de apoyo a los sectores económicos más fuertemente golpedaos. Respecto a las políticas de demanda, será en el momento de la recuperación cuando las medidas fiscales expansivas tendrán un mayor efecto multiplicador sobre la producción agregada. En los países avanzados con un nivel bajo de endeudamiento público, la inversión pública es la mejor opción. En las economías avanzadas más endeudadas y con menor espacio para la política fiscal, sin embargo, "los gobiernos deberían revisar sus esquemas de ingresos y gastos para poder incrementar su gasto público en capital". En el caso de España, los dos autores piden postergar cualquier alza fiscal para 2022, cuando la recuperación, a priori, ya se haya plasmado.

Mucho más complejas son las políticas sectoriales de apoyo a las empresas fuertemente impactadas por la crisis. En las grandes empresas, la participación del sector público en un proceso de recapitalización parece una opción adecuada. Sin embargo, "la mayor dificultad radica en la multitud de empresas medianas y pequeñas que no podrán disfrutar de esta posibilidad", como sucede en el caso español, con gran peso de las pymes. Después del golpe inicial, "el reto más complicado" de las autoridades económicas será encontrar las políticas adecuadas para evitar la desaparición de gran número de empresas cuya solvencia ha quedado gravemente afectada por la crisis. "Posiblemente este será el terreno en que se acabará dilucidando la magnitud real del impacto de la presente crisis sobre el funcionamiento de la economía y sobre el nivel de vida de la población a medio y largo plazo".