La recomposición laboral vuelve a ser el primer objetivo económico

Evitar que los trabajadores refugiados en ERTE vaya cayendo lentamente en el desempleo estructural por la desaparición de sus empresas es capital

Conocer la realidad cuantitativa del mercado de trabajo en España se ha convertido en un pequeño galimatías para los no iniciados, y hasta los familiarizados con este asunto deberán esperar a que Estadística publique la evolución laboral del trimestre de la primavera, el trimestre del Covid-19, para conocer cuánto empleo hay, cuánto se ha destruido y cuánto ha avanzado el paro. Los últimos días de mayo y todo junio han recompuesto un poco el semblante de los datos, pero todo se mueve muy lento, y la intensidad del confinamiento y la dependencia turística retrasa la recuperación plena de la actividad y las plantillas de las empresas. Todos los esfuerzos políticos y financieros deben ponerse, por tanto, al empeño colectivo de recuperar cotas de empleo lo más cercanas posibles a las previas al Covid y hacerlo lo antes posible.

Junio debería haber supuesto una recomposición más fuerte del empleo, pero ha sido limitada: el paro ha seguido creciendo, modestamente pero como no lo hacía desde hace la friolera de 12 años, en el estallido de la crisis financiera, y la afiliación a la Seguridad Social sólo ha avanzado 68.200 personas (29.447 de forma desestacionalizada). Y si junio ha sido decepcionante, julio no será mejor a juzgar por los movimientos de los días pasados (caída de afiliados de 123.000 personas el 30 de junio), pues no podrá mostrar la fortaleza que proporcionaría en condiciones normales el turismo.

Con la sociedad plenamente desconfinada, pero con la economía, las empresas y los trabajadores sostenidos con muletas, la Seguridad Social tiene casi un millón de personas menos afiliadas que hace un año, y conserva entre ellas a 1,830 millones de asalariados en situación de suspensión temporal de empleo. Este colectivo de empleados pasivos, llevaría el desempleo real a los 5,69 millones de personas sumando los 3,862 millones de parados registrados a último día de junio en el Servicio Público de Empleo. Una tasa de desempleo cercana al 25%, algo solo asumible si es de forma muy coyuntural.

Evitar que ese colectivo de refugiados en ERTE vaya cayendo lentamente en el desempleo estructural por la desaparición de sus empresas, que se sumarían a las 140.000 que ya han causado baja en los registros, es capital. Ello obliga a reforzar los mecanismos de protección financiera de las empresas y de rentas de los trabajadores que tienen en stand by, y de hacerlo por más trimestres de lo previsto, como única fórmula de minimizar la pérdida de tejido productivo, única herramienta que garantiza la ocupación. En paralelo habrá que remover la norma lo que sea necesario para estimular la contratación, y hacerlo de forma compatible con la generación de ingresos fiscales que sostengan el estado del bienestar.