Cos es partidario de que se amplíe la línea de avales ICO a más de 100.000 millones y los ERTEs

Pero pone como condición que las empresas a las que vayan dirigidas estas iniciativas sean viables

Reloj en la fachada de la sede del Banco de España. EFE/Kiko Huesca/ArchivoEFE

Interpelado ante la Comisión de la Cámara Baja para la reconstrucción social y económica por estas prácticas, Hernández de Cos ha recordado que al Banco de España solo llegan estas reclamaciones una vez se tramitan en la propia entidad, pero ha dicho que en los propios bancos estas quejas son "relativamente pequeñas" en comparación con el número de préstamos registrados.

Y es que, desde su puesta en marcha, según ha dicho en su intervención, a través de esta línea de avales se han registrado más de medio millón de operaciones, con un importe de avales solicitados de unos 53.000 millones de euros y una movilización de recursos con nuevos préstamos y tras operaciones de más de 69.000 millones de euros.

El gobernador ha señalado que, de las 68 reclamaciones recibidas, 62 se deben a la denegación de los créditos, y ha recordado que el supervisor exige a los bancos "análisis adecuado del riesgo" y que "no tienen obligación de conceder" el préstamo, por lo que ha pedido no hacerse "trampas al solitario". "Concedamos subvenciones, pero no financiación", ha manifestado.

En su intervención, Hernández de Cos ha reconocido que junto al Gobierno a la hora de planificar junto con el Gobierno el alcance de esta línea de avales, fijado en hasta 100.000 millones de euros, el Banco de España estimó una necesidad de financiación mayor a la inicialmente establecida. "Surgían necesidades de financiación de algo más de 100.000 millones", ha dicho.

En este sentido, ha planteado "estar abiertos" a ampliar este programa de avales públicos a la financiación de las empresas, pues considera "altamente probable que fuera necesario la extensión" de estas cuantías. "Hay que estar abiertos a esta posibilidad", ha aseverado el gobernador. Eso sí, ha incidido en que esa prórroga debe hacerse con "empresas viables" y "no mantener empresas 'zombis'".

La gran banca ya ha reclamado al Gobierno que se amplíe la línea de créditos con aval del ICO, ante la aún alta demanda existente, sobre todo de pymes y autónomos. Los bancos, de esta forma, se cubren de una mayor subida de la morosidad, ya que el Estado garantíza entre el 60% al 80% de esta financiación.

El gobernador del Banco de España ha subrayado que estas líneas de avales "han sido efectivas" (permitieron un repunte del 90% de crédito nuevo, ha dicho), y ha pedido que la ampliación de este tipo de mecanismos "primen en particular el acceso a la financiación a agentes con perspectivas más sólidas de viabilidad".

 Pendientes de la morosidad

Hernández de Cos ha subrayado que el sector bancario europeo y español se encuentra en una situación "más saneada" que en la anterior crisis, pero ha señalado que la magnitud de perturbación "no tiene precedentes y tendrá impacto significativo sobre la calidad de la cartera crediticia de entidades".

"Tenemos que estar muy pendientes, monitorizar todos los riesgos para la estabilidad financiera", ha destacado el gobernador, señalando que el grado de severidad "es mayor" en las previsiones de caída del PIB provocada por la crisis del coronavirus que en aquellas de "cualquier escenario de estrés a nivel global".

En todo caso, ha matizado que las previsiones de crecimiento para los años 2021 y 2022 "son en principio relativamente positivas" pues "se prevé, no una recuperación completa, pero significativa" y que incorporando esos años sí se da un "grado de severidad más parecido a escenarios de estrés en un escenario intermedio". Eso sí, ha dicho que la incertidumbre a la que se someten esas previsiones de años venideros "es incluso mayor".

En este sentido, ha asegurado que "resulta crucial" que los supervisores ejerzan una "vigilancia estrecha para evitar riesgos" y estar "preparados para una respuesta contundente a escala europea", con el fin de evitar un endurecimiento de las condiciones de financiación y que la crisis "acabe dañando al sistema financiero".

Ha advertido de que la crisis del coronavirus provocará un deterioro de los balances de las entidades financieras y un aumento de la morosidad que presionará aún más la rentabilidad del sector.

Cabe esperar que el flujo de entrada de nuevos activos dudosos se incremente y que la recuperación de créditos impagados o la venta de activos problemáticos, sea durante un tiempo "más compleja", explica el gobernador en su discurso.

Y esas pérdidas en la cartera crediticia de las entidades supondrá una presión adicional a la baja sobre la rentabilidad del sector, en un contexto en el que la crisis del Covid-19 ya ha supuesto un repunte en el coste del capital para las entidades.

Si a eso se suma que los bajos tipos de interés probablemente se prolongarán más de lo previsto antes de la crisis, será más difícil que los bancos recuperen rentabilidad a través del típico negocio bancario, lo que requerirá, por tanto, "esfuerzos adicionales para reducir los costes de explotación y lograr aumentos de eficiencia".

Respecto a sus recomendaciones para la economía, en el sector financiero ha señalado cómo esta crisis se traduce en una "presión adicional sobre las entidades", aquejadas de una rentabilidad "que ya era baja, y por debajo del coste de capital".

En este sentido, ha señalado la necesidad de que estas entidades "aborden con urgencia" desafíos asociados a la digitalización, la gestión de la seguridad, y el "esfuerzo reputacional", lo que llevará a los bancos a buscar la reducción de costes de explotación, aumentos en su eficiencia, de la inversión tecnológica y mejoras de conducta, ante lo cual los supervisores, ha dicho, deberán estar "atentos a que los desafíos se abordan adecuadamente".

El gobernador ha reconocido que la crisis afectará de forma diferente a las entidades, en función de su modelo de negocio y de la distribución de sus exposiciones a los sectores y las geografías más afectados por la pandemia.

En el lado positivo está que la banca ha llegado a esta crisis con una ratio de morosidad del 4,8%, frente al máximo del 13,8% de finales de 2013, y tras una profunda reestructuración que redujo el número de empleados en un 48% y el de oficinas en un 35%.

También la solvencia media de las entidades es mejor, con un aumento de la ratio de capital de mayor calidad (CET1) de 1,5 puntos porcentuales entre 2015 y 2019, una solvencia que "debe ayudarles a desempeñar un papel activo y destacado en la actual crisis".

Las entidades españolas disponían a cierre de 2019 de algo más de 90.000 millones de capital, que permitiría cubrir las pérdidas que se darían si la morosidad llegara al 8,2 %, casi el doble que ahora.

Ampliar los EREs

El gobernador también ha avidado de que se aprecian "daños estructurales" en la economía y ha pedido no efectuar una retirada "prematura" de los estímulos fiscales, sino extender temporalmente y recalibrar algunas medidas ya adoptadas, como los ERTE por sectores o asegurar la liquidez a las empresas mediante mecanismos de garantía pública una vez se agoten los avales del ICO, así como transponer la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia para fijar procedimientos "ágiles".

También ha abogado por revisar la ley concursal ante las quiebras empresariales por insolvencia que se prevén en los próximos meses, con el fin de que las empresas con dificultades tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad cuando aún son viables.