La desescalada en la industria electrointensiva, clave en la recuperación

Urge una regulación que garantice un precio eléctrico competitivo y estable para posibilitar la reactivación económica

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La salida de esta gravísima crisis, que ha provocado la pandemia de la Covid-19, requiere poner en marcha medidas concretas y eficaces que reactiven, de forma lo más rápida posible, nuestra industria y muy particularmente nuestra industria básica, que es, no lo olvidemos, un verdadero y potente tractor de nuestra economía nacional. Así pues, pongamos en valor toda esa potencialidad de empleo de calidad y bienestar social que encierra la actividad industrial.

Para que la reactivación de la economía española se produzca, existen dos medidas al alcance de nuestro Gobierno que pueden ser claves para mejorar, en el corto plazo, la competitividad de las industrias básicas. La primera es que las compensaciones del CO2 indirecto alcancen la cuantía máxima permitida por la Comisión Europea —es decir, hasta 275 millones de euros—, y la segunda, que se mantenga y potencie el actual servicio de interrumpibilidad, dotándolo de potencia suficiente —unos 2.000 MW— tal y como lo están haciendo ya en otros países europeos se nuestro entorno.

La compensación del CO2 indirecto de 2019 ya está en marcha, pero falta lo primordial: que se la dote de un presupuesto que provenga de las aportaciones de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, en las que el pasado año se recaudaron 1.240 millones de euros. El Ministerio de Industria se ha comprometido a que las compensaciones alcancen la cuantía máxima permitida, por lo que las industrias esperamos que se cumpla ese compromiso y que se llegue hasta los 275 millones de euros. Además, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería recoger que, como mínimo, el 25% de los ingresos de las subastas de derecho de emisión se destinen a esta compensación a la industria, como autoriza la Comisión Europea.

La otra medida imprescindible es mantener y potenciar el actual servicio de interrumpibilidad, para garantizar el suministro eléctrico y, a la vez, aportar la flexibilidad para la integración de las energías renovables —intermitentes y no gestionables— que están previstas en el Pniec 2021-2030, en un sistema eléctrico que es una auténtica isla, con únicamente 2.600 MW de interconexión con Europa.

La normativa europea señala que los mercados eléctricos deben revisarse para lograr la participación activa de la demanda y conseguir un suministro competitivo, que es clave para la supervivencia de las industrias electrointensivas. En España, es vital que la industria básica tenga un precio eléctrico final competitivo, es decir que sea similar al que pagan sus competidores europeos más directos, y para ello todos es vital que todos los componentes del precio eléctrico lo sean, algo que no ocurre en nuestro país. Por tanto, y hasta que exista esa futura normativa, España debe mantener y potenciar el actual servicio de interrumpibilidad, en estas dramáticas circunstancias en las que las industrias básicas lo necesitan con urgencia para reactivar la economía nacional.

Si volvemos la mirada hacia otros países europeos de nuestro entorno, competidores directos de nuestros productos, la sensibilidad por apoyar a la industria en su desescalada es evidente. Italia, por ejemplo, teniendo una capacidad de interconexión con Europa central de unos 4.000 MW y una potencia interrumpible de 4.400 MW, ha reforzado el servicio de interrumpibilidad en abril con una nueva subasta como medida de apoyo a su industria para reactivar la actividad post Covid-19. Pero no solo Italia lo ha hecho, porque en países como Francia y Alemania –con evidentes mayores capacidades de interconexión que nosotros— cuentan ahora como mínimo con 1.500 MW de potencia interrumpible.

Aquí, en España, contamos, y solo hasta el 30 de junio cuando expira la subasta del primer semestre, menos de un mes, únicamente con una potencia interrumpible de apenas unos 1.000 MW, que está muy por debajo de la de Italia, Alemania o Francia. Desde la industria electrointensiva, nuestras empresas no entienden que, en la gravísima situación en la que estamos los industriales, no tengamos aún conocimiento ni comunicación oficial sobre cuándo y cómo será la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre.

En la desescalada de la industria básica española no se conocen aún las fases, ni se tiene información sobre cuándo y cómo vendrán esas medidas que tanto necesitamos. La incertidumbre reina en las empresas sobre un asunto que es crucial ya que para estas industrias el coste eléctrico llega a suponer hasta el 50% de sus costes de producción.

El Gobierno sabe bien que la industria electrointensiva está fuertemente comprometida con el gran reto de la transición energética, y que su aportación es necesaria para garantizar la seguridad y la flexibilidad del sistema eléctrico nacional que debe integrar los grandes contingentes de renovables que están previstos en el Pniec 2021-2030. Como dice un paisano mío, esta industria merece la pena cuidarla y fortalecerla en estos precisos momentos. Por ello, desde nuestra organización confiamos plenamente en que el Gobierno anuncie ya una nueva subasta de interrumpibilidad con 2.000 MW de potencia interrumpible, que lo haga al igual que otros países europeos lo han hecho, evidenciando el valor clave de estas industrias básicas para la reactivación de la economía española.

Más que nunca, necesitamos con urgencia un precio eléctrico competitivo, estable y predecible de forma que podamos mantener y abordar inversiones, actividad y empleo. Pedimos certidumbre, seguridad jurídica y una regulación competitiva, para una industria que es un motor de nuestra economía nacional.

Fernando Soto es Director general de AEGE