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Derecho de familia: el caballo de Troya inglés

Si la relación se rompe y no hay acuerdo entre las partes, el tribunal tiene total discreción para distribuir los bienes como le parezca justo

Derecho de familia: el caballo de Troya inglés
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La archiconocida flexibilidad y creatividad del derecho inglés y el alto grado de especialización de sus juristas ha popularizado su elección como ley aplicable, e incluso como foro de jurisdicción, en varios ámbitos civiles y mercantiles. Pero toda regla tiene su excepción: es erróneo presuponer que la voluntad de las partes también tiene un peso crucial en los procedimientos de familia.

Es necesario hacer primero una aclaración geopolítica. Reino Unido se divide en tres jurisdicciones diferentes, y hasta opuestas: Irlanda del Norte, Escocia, e Inglaterra y Gales; cada una de ellas con su ley aplicable. Estar colegiado como abogado (ya sea como solicitor o como barrister) en una jurisdicción no da derecho automático a ejercer en las otras dos.

Una de las mayores diferencias con el sistema español es que en Inglaterra y Gales prevalece el principio de “cartas sobre la mesa”, y todas las partes procesales tienen un deber legal no solo de decir la verdad, sino de aportar toda la información y documentación que tengan en su poder, incluso si les perjudica. El incumplimiento de este deber se considera desacato o contempt of court, lo que puede conllevar pena de prisión. Este deber se extiende también a los representantes legales de las partes: si un cliente pide a su abogado que no aporte un documento, el abogado debe negarse y cesar el contrato de servicios de inmediato.

Es también fundamental conocer el hecho de que, aunque Reino Unido aplica (hasta que se materialice el Brexit) las reglas de atribución de competencia de los Reglamentos europeos en procedimientos matrimoniales, de menores y de reclamación de alimentos, los tribunales ingleses únicamente aplican derecho inglés (tanto la legislación como la omnipotente jurisprudencia) a dichos procedimientos.

Este principio general tiene sus efectos más dramáticos en el ámbito de las consecuencias económicas del divorcio o financial remedies, ya que el derecho inglés no contempla régimen económico matrimonial alguno. El matrimonio no afecta a la titularidad o administración de los bienes de cada cónyuge; sin embargo, si la relación se rompe y no hay acuerdo entre las partes, el tribunal tiene total discreción para distribuir los bienes como le parezca justo, una vez conozca en detalle la historia de la pareja y su situación financiera. Para ello aplicará, según considere conveniente, el principio de necesidad (ambas partes deben tener todas sus necesidades cubiertas), el de reparto (todos los bienes han de repartirse partiendo de una regla de igualdad entre los cónyuges) y/o el de compensación (el cónyuge que ha abandonado una carrera lucrativa para cuidar de la familia debe ser retribuido).

A modo de ejemplo, ¿qué efectos puede tener esto en un procedimiento de divorcio de un matrimonio formado por dos españoles con vecindad civil en Barcelona, que no firmaron capitulaciones porque el régimen que querían, el de separación de bienes, se les aplicaba automáticamente, y que por motivos de trabajo deciden mudarse a Londres? Con toda probabilidad, el tribunal no otorgará peso alguno a la separación de bienes que hubiese regulado el divorcio de haber procedido en España, ya que ello dejaría a la parte económicamente débil en una situación precaria e injusta. El juez distribuirá los bienes como le parezca oportuno, y tiene potestad para ordenar casi cualquier cosa, desde transferencias de propiedad de un cónyuge al otro (incluso si es privativa, heredada, donada, o sita en un país extranjero), hasta ventas de propiedad con la consecuente distribución del precio obtenido, abonos de cantidades en metálico en un solo pago o en mensualidades (que pueden ser por tiempo determinado o vitalicias), e incluso repartos de planes de pensiones privados. En definitiva: nada queda a salvo de las garras del tribunal. Incluso puede reabrir el caso años después.

Un abogado especializado en asuntos transfronterizos puede ayudar a minimizar riesgos si un matrimonio tiene conexión con Inglaterra. Es necesario actuar de manera preventiva y firmar unas capitulaciones matrimoniales (o modificar las ya existentes) que incluyan pactos en previsión de ruptura y que cumplan a rajatabla con los onerosos requisitos que impone la jurisprudencia de los tribunales ingleses, para así maximizar las posibilidades de que sean ejecutables en Inglaterra. Es también fundamental obtener consejo tan pronto como se vislumbre una crisis matrimonial, para confirmar qué países podrían resultar competentes, y sopesar las ventajas e inconvenientes de proceder en cada uno de ellos. Si finalmente el divorcio procede en Inglaterra, es esencial tener una visión realista del resultado más probable y de los costes, para valorar realizar o aceptar ofertas que ofrezcan certeza y sean rentables para ambas partes.

La mejor táctica para ganar la batalla contra la pérfida Albión es tratar el procedimiento de financial remedies no como una cuestión de honor, sino con la mente fría de un mercantilista: maximiza tus ganancias, minimiza tus pérdidas.

Olalla García-Arreciado, abogada asociada en Child & Child (Londres).

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