Sánchez llamó a Garamendi para tratar de rebajar tensiones

El presidente del Gobierno telefoneó el jueves a patronal y sindicatos para abordar el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral pero no logró calmar al empresariado

El presidente del Gobierno junto a los responsables de los agentes sociales.
El presidente del Gobierno junto a los responsables de los agentes sociales.

El presidente del Gobierno en persona ha medidado con el empresariado español para tratar de rebajar las tensiones desatadas por el pacto de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral del PP de 2012 en medio de la pandemia del coronavirus, algo que ha hecho saltar por los aires el diálogo social.

Así, según confirman fuentes del Ejecutivo y de los agentes sociales, Pedro Sánchez mantuvo este jueves conversaciones telefónicas con los principales responsables de patronal y sindicatos a fin de explicarles la situación y tratar de acercar posturas.

La llamada clave fue la realizada al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la gran patronal, Antonio Garamendi, que decididó levantarse de las reuniones de negociación con el Ejecutivo el jueves tras conocer un acuerdo que, denunció, había sido ocultado a los agentes sociales.

Fuentes conocedoras de la llamada aseveran que la comunicación no logró aplacar los ánimos del empresariado, que sigue viendo con preocupación el acuerdo y las consecuencias que podría tener revertir una reforma, famosa por dar mayor capacidad de ajuste a las empresas en caso de crisis, en medio de la recesión actual.

La polémica estalló el miércoles minutos después de que el Gobierno lograra el aval del Congreso de los Diputados para un quinta prórroga del estado de alarma, con el apoyo de Cs o PNV. Se reveló entonces que, pese a no necesitarlo, PSOE y Unidas Podemos habían sellado un pacto con EH Bildu a cambio de su abstención que incluía la derogación "íntegra" de la reforma laboral de 2012 antes de que concluyan las mediddas de excepción puestas en marcha para afrontar el impacto del Covid-19.

El anuncio suponía ir un paso más allá del discurso que venía manejando el Gobierno antes de desatarse la pandemia, cuando hablaba de derogar "los aspectos más lesivos" de esta regulación, básicamente los que constriñen el poder sindical en la negociación de convenios colecitivos, recuperando un mayor peso de los acuerdos sectoriales sobre los de empresa o la posibildiad de prorrogar indefinidamente los convenios laborales hasta que se pacte uno nuevo (frente al límite de ultraactividad de un año hoy vigente).

Ante la polémica desatada al hacer público Bildu el acuerdo, el ala ortodoxa del Gobierno llamó al orden al partido, con lo que el PSOE acabó dando un paso atrás al filo de la medianoche corrigiendo el texto del pacto para volver a hablar de una derogación parcial, y no total, de la reforma laboral.

Sin embargo, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, proclamó públicamente ayer a primera hora que el acuerdo que vale es el que firmaron los portavoces parlamentarios de los tres grupos, que supone la derogación total de la ley de 2012.

Sus palabras contrastaron, sin embargo, con las declaraciones posteriores de otros miembros el Gobierno y del PSOE que aseguraron que solo estaba sobre la mesa tumbar los aspectos que a su parecer son más dañinos de la norma, sin recuperar por ejemplo los 45 días de indemnización del despido improcedente (rebajados a 33 en 2012).

Finalmente, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, trató de zanjar el asunto sosteniendo públicamente que sería "absurdo" plantear ahora mismo una derogación integral de la reforma laboral.

El episodio afloró las crecientes tensiones generadas en el seno del primer Gobierno de coalición entre el ala más ortodoxa, que encabeza Calviño, y la intervencionista, que representa Iglesias, amenazando la unidad del Ejecutivo y su estabilidad.

Después de todo, partidos de la oposición, agentes sociales y hasta ministros se vieron sorprendidos por el contenido de un pacto que el Gobierno no necesitaba para sacar adelante la prórroga del estado de alarma y que ahora le complica buscar los apoyos para una sexta extensión, hasta finales de junio, o unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Ante esta situación CEOE y Cepyme decidieron levantarse de la mesa de negociación del diálogo social, que aborda estos días la inminente creación de un ingreso mínimo vital, y está pro ver cuándo y en qué condiciones acceden a volver a sentarse a negociar.

Los sindicatos, por su parte, a los que Sánchez también se ha dirigido para trasladarles que no hay cambio de estrategia respecto a lo que había en la mesa hace tres meses - una derogación parcial de la reforma laboral- no renuncian a que se vaya más lejos pero han mostrado también su incomodidad porque este tipo de negociación no se aborde primero entre los agentes sociales.

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