La difícil situación de los vecinos de la Unión Europea

Aunque la decisión del Constitucional alemán es incómoda y puede ser seguida por otros tribunales, también es un signo saludable de control democrático

La difícil situación de los vecinos de la Unión Europea

La pandemia del Covid-19 ha puesto a prueba los sistemas de salud y ha cerrado las economías, dañando las industrias y creando dificultades generalizadas. Los Estados miembros de la Unión Europea, afectados de manera desigual por la crisis, han luchado por unirse en torno a una respuesta común, destacando una vez más las diferencias presupuestarias, así como las actitudes ante la deuda, del norte y del sur. Cabe mencionar el anuncio conjunto de Angela Merkel y Emmanuel Macron de crear un fondo por valor de 500.000 millones de euros para los países más afectados, que representa un progreso muy significativo y parece haber calmado las aguas.

Las respuestas sanitarias a la pandemia, desde el cierre de las fronteras hasta el abastecimiento de suministros médicos, han sido obstinadamente nacionales. Las primeras semanas de la crisis pusieron de manifiesto esta falta de solidaridad, ya que Italia aceptó mascarillas de China cuando los vecinos prohibieron las exportaciones de equipos de protección. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se disculpó con Italia por no haber acudido en su ayuda.

Los epidemiólogos estudiarán el variado impacto del coronavirus en la salud pública durante los próximos años. La pregunta paneuropea inmediata es una que ha ensombrecido a la Unión Europea desde su fundación, ¿quién debe pagar? Esa pregunta no se refiere a la liquidez. Nadie se pregunta si la UE puede permitirse apoyar sus economías, al menos a corto plazo.

La gran pregunta, que parece haber encontrado por el momento una tímida respuesta tras el reciente anuncio de la intención de crear un fondo para la recuperación de la economía europea, es más bien si los países con fuertes calificaciones crediticias, los conocidos como cuatro frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia), deben apoyar a países como Italia o España, para proteger el nivel de vida y el consumo.

Es fácil para los críticos señalar la falta de coordinación fiscal y monetaria. A diferencia de EE UU o China, los 19 países de la zona euro no tienen un mecanismo único para la emisión de deuda. El Banco Central Europeo solo actúa para los miembros del euro y solo tiene un mandato: la estabilidad de los precios. Después de mucha resistencia por parte de los Países Bajos en particular, los ministros de Finanzas de la zona euro acordaron el mes pasado que los países pueden pedir dinero prestado del Mecanismo de Estabilidad Europeo de emergencia para el gasto en salud y de los programas del Banco Europeo de Inversiones. Esto siguió con una discusión sobre las propuestas de Italia, España, Francia y otros seis países para emitir deuda colectiva de la zona euro o coronabonos, hasta el día de hoy en el que parece que una respuesta conjunta está más cerca.

Así como las secuelas de los conflictos del siglo XX llevaron a Francia y Alemania a encontrar una causa común en relación con el carbón, el acero, la agricultura y la pesca, el bloque ha descubierto que los desafíos del siglo XXI –la gran crisis financiera, la crisis de la deuda soberana y ahora el Covid-19– requieren de una intervención gubernamental masiva para mantener las economías en movimiento. Durante décadas, los únicos presupuestos comunes de la UE fueron para la agricultura y la pesca. Un fondo para la recuperación pospandémica en toda la UE, por valor de 1,5 billones de euros, el equivalente al 10% del PIB de la región, empequeñece los presupuestos comunes para la agricultura y la pesca, que ascienden a 65.000 millones de euros cada año y han enfrentado a los contribuyentes netos con los beneficiarios netos durante décadas, desafiando las actitudes culturales respecto a la deuda.

Justo cuando la respuesta europea a la crisis empezaba a parecer más unida, las tensiones se exacerbaron el 5 de mayo, cuando el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que uno de los programas de alivio cuantitativo del Banco Central Europeo viola los principios de la UE porque las medidas son desproporcionadas y no han establecido los efectos de la política económica. La impugnación legal, presentada por un grupo de demandantes euroescépticos, incluía a miembros del partido de derechas Alternativa para Alemania (AfD).

Las reacciones fueron rápidas. “Los argumentos del tribunal son ridículos y podríamos responder fácilmente en cinco minutos, pero no deberíamos hacerlo”, dijo un miembro del consejo del BCE al Financial Times. La canciller alemana, Angela Merkel, adoptó un punto de vista positivo, describiendo el resultado como “solucionable”, según un informe de Reu­ters. La decisión del tribunal alemán es ciertamente políticamente incómoda porque puede abrir la puerta a otras impugnaciones de los tribunales nacionales a las interpretaciones del TJUE. Y puede requerir que el Bundesbank redacte una justificación. Pero también es una práctica saludable de los controles y equilibrios que hacen responsables a las instituciones en una democracia.

Es importante destacar que el Tribunal Constitucional de Alemania no puede impugnar la propuesta anunciada esta semana por Merkel y Macron, pues este programa entra en el marco de la política fiscal de la UE.

Ahora la cuestión más importante es si los ciudadanos de Europa preferirían tropezar hacia adelante, respondiendo a elecciones imperfectas, ajustando la dirección, o simplemente inclinarse ante una autoridad central irresponsable como en China, o prefieren ir solos, ¿al estilo del Brexit?

Los bancos centrales de los distintos Estados nacionales de todo el mundo han buscado talonarios de cheques para evitar el colapso de las economías. Sería difícil argumentar que el BCE no debería hacer lo mismo y que sus respuestas al Covid-19, un shock de proporciones históricas, son injustificadas o, por ahora, desproporcionadas.

Stéphane Monier es ‘Chief investment officer’ de Lombard Odier