Los rescates públicos podrían forzar la transparencia fiscal
Deberían pedir a las empresas ayudadas que informen sobre dónde y cuánto pagan
La pandemia es una oportunidad para hacer más transparente el impuesto de sociedades. Países como Francia y Dinamarca han prometido prohibir que las compañías que operan en jurisdicciones opacas como Panamá o las Islas Vírgenes de Estados Unidos reciban rescates estatales. Una mejor solución sería pedir a los que recurren a la ayuda estatal que divulguen públicamente más detalles sobre sus facturas fiscales nacionales.
Los Gobiernos están gastando cientos de miles de millones en ayudas y garantías de préstamo para auxiliar a las compañías aéreas, los hoteles y los fabricantes a capear la tormenta pandémica.
Excluir a las empresas offshore de la ayuda estatal, como se está debatiendo en media docena de países, tiene algunas repercusiones. Por ejemplo, los operadores de cruceros afectados, Norwegian Cruise Line y Carnival, no tienen derecho a préstamos baratos del Gobierno de Estados Unidos porque tienen su sede fuera del país.
Dinamarca quiere excluir solo a las empresas con sede en 12 países clasificados como paraísos fiscales por la Unión Europea. Aunque eso impediría acceder al apoyo estatal a empresas como 3, la filial de telecomunicaciones danesa de CK Hutchison, con sede en las Islas Caimán, probablemente no necesite ayuda en este momento. La lista negra de la propia Francia no incluye a las Islas Caimán, aunque no cobre ningún impuesto de sociedades.
Este restrictivo enfoque en los paraísos fiscales tropicales corre el riesgo de olvidar lo principal. Los Gobiernos europeos pierden más frente a otros Estados miembros de la UE con tasas impositivas más bajas, como Luxemburgo e Irlanda. Las empresas que trasladan sus beneficios corporativos a estos países de la Unión Europea le costaron a Francia 10.300 millones de euros de ingresos fiscales en 2017, en comparación con los 2.100 millones de euros que le costaron los paraísos fiscales no pertenecientes a la UE, según investigadores de la Universidad de California en Berkeley (EE UU) y de la Universidad de Copenhague (Dinamarca).
Negar la ayuda a otras empresas europeas sería jurídicamente delicado y pondría puestos de trabajo en peligro. Un mejor enfoque sería exigir a las multinacionales que reciben ayuda estatal que publiquen un informe país por país, en el que se expongan claramente los beneficios obtenidos y los impuestos pagados en cada jurisdicción. Ello facilitaría al público saber si las empresas están pagando la parte que les corresponde. La Comisión Europea ya ha propuesto imponer este requisito a 6.000 multinacionales, pero el plan aún no ha sido aprobado.
Muchas empresas han empezado a divulgar esa información como parte de una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero los datos se comparten con las autoridades fiscales locales. Hacer públicas las cuentas haría a las empresas más responsables ante los contribuyentes que las están rescatando.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías