Claves para la nueva temporada de estados de información no financiera
Un ámbito de mejora es lo relacionado con el cambio climático, un asunto creciente en la agenda de todos los sectores, en particular del financiero
Durante las próximas semanas, las compañías sujetas a la Ley 11/2018 publicarán sus estados de información no financiera. Como es sabido, este es el segundo ejercicio tras la entrada en vigor de la ley, que obliga a las compañías españolas de más de 500 empleados a publicar un estado de información no financiera cuyos contenidos deben ser revisados por un tercero independiente. Aunque no será de aplicación este año, una de las principales novedades en el medio plazo –fruto del esfuerzo de la Unión Europea por impulsar las finanzas sostenibles– tiene su origen en la regulación europea en ciernes respecto de un marco que permita identificar actividades sostenibles; la famosa taxonomía. La regulación requerirá a las compañías que deben elaborar estados de información no financiera que publiquen el porcentaje de su cifra de negocio y de inversiones con origen o destino, respectivamente, en actividades verdes o sostenibles de acuerdo a la taxonomía europea. Aunque esto forma parte del futuro, no estaría de más que las compañías comiencen a familiarizarse con la taxonomía y sus particularidades y a analizar su impacto potencial desde distintos puntos de vista, incluyendo el de la financiación.
Si nos referimos al presente más inmediato, las compañías y sus consejos de administración tienen a su disposición algunos input clave para hacer más robusto su proceso de elaboración de los estados de información no financiera y, por lo tanto, para mejorar su calidad. Me refiero tanto a los asuntos que han sido objeto de salvedad en los informes de revisión elaborados por las firmas de auditoría como al contenido de algunas de las comunicaciones de la CNMV. En primer lugar, el ejercicio del año pasado evidenció la necesidad de reforzar los sistemas de control interno de la información no financiera, que están todavía muy lejos del rigor de los que soportan la información financiera. Mejorarlos significa empezar por tener más claros cuáles son los riesgos extra-financieros más significativos para la compañía así como los indicadores clave de desempeño. Estos pueden estar vinculados tanto a las materias recogidas en la ley como a otras que no lo estén pero que puedan ser relevantes para la compañía y sus grupos de interés. A este respecto, resulta clave el papel de supervisión del consejo de administración en lo que se refiere a los procesos seguidos para determinar los aspectos y los riesgos clave y a aquellos que generan la información no financiera. En cualquier caso, conviene no olvidar que esto no es nuevo, al menos para las compañías cotizadas; las recomendaciones de buen gobierno españolas se refieren a esta cuestión desde hace cinco años.
Otro ámbito de mejora específico se refiere a los riesgos climáticos, un asunto crecientemente en la agenda de todos los sectores y en particular del financiero. La expectativa reguladora en este ámbito se refiere a identificar y estimar el impacto financiero potencial del cambio climático sobre el modelo de negocio presente y futuro de la compañía. Cabe esperar que las compañías comuniquen cuando menos un análisis somero de su exposición a los riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático. La expectativa reguladora también se ha acrecentado en las cuestiones que tienen que ver con la corrupción y el soborno. En este ámbito, la mejora pasa por una información de más detalle acerca de los riesgos identificados y de los controles establecidos para hacerles frente. También se espera una explicación elaborada acerca de las posibles crisis reputacionales sufridas por la compañía.
Adicionalmente, hay algunas otras cuestiones a las que convendría que el consejo preste atención en este nuevo ejercicio de elaboración de información no financiera. Por ejemplo, en lo que se refiere a la publicación de indicadores clave adicionales a los requeridos por ley pero que puedan ser significativos para la compañía. Se entiende que el objetivo de esto último es que la ley no tenga el efecto perverso de disminuir la calidad de la información no financiera suministrada al mercado si las compañías se limitan a lo requerido por ley.
En definitiva, seguro que en este segundo ejercicio nos encontramos con mejoras significativas en la calidad de los estados de información no financiera aunque la imprecisión de la ley en algunos de sus aspectos no lo pone siempre fácil. El consejo de administración puede y debe desempeñar un papel clave en ese proceso de mejora.
Ramón Pueyo Viñuales es Socio responsable de sostenibilidad y buen gobierno de KPMG en España