El CGAE pretende incluir maternidad y paternidad como causas de suspensión de vistas

Victoria Ortega anuncia su intención de reformar las leyes de enjuiciamiento para introducir estos supuestos

Victoria Ortega durante su intervención en el Foro Justicia ICAM.
Victoria Ortega durante su intervención en el Foro Justicia ICAM.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pretende reformar las leyes de enjuiciamiento para incluir la maternidad y la paternidad como causas de suspensión de vistas. Así lo ha manifestado la presidenta del organismo, Victoria Ortega, durante su intervención en el Foro Justicia ICAM celebrado esta mañana en el Colegio de Abogados de Madrid, en el que ha reiterado su compromiso con el derecho a la conciliación de todos los abogados y abogadas. "Se trata de un paso básico para fortalecer el derecho de defensa de todos los ciudadanos", ha expresado.

En el evento también ha intervenido el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que ha expresado su compromiso y su voluntad de trabajar "estrechamente" con las instituciones que representan la abogacía "para solucionar todos los problemas que afectan al colectivo". En este sentido, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha recordado todas las reformas pendientes que deben abordarse en esta legislatura, entre las que destacan la aprobación de un nuevo Estatuto de la Abogacía, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sobre todo, la necesidad de garantizar los pagos por todas sus actuaciones a los abogados y abogadas del turno de oficio. "No puede haber ningún abogado que trabaje gratis", ha aseverado.

Hoja de ruta

La presidenta del CGAE ha mencionado alguno de los proyectos que conformarán la hoja de ruta del organismo para este mandato que comienza. El primero es la necesidad de lograr un Pacto de Estado por la Justicia. “Sin el concepto de justicia no hay Estado, no hay convivencia; solo hay selva”, ha comentado. Respecto a los déficits señalados desde distintos ámbitos institucionales, como la congestión de los juzgados o la falta de independencia de la justicia, Ortega ha mostrado su preocupación por cómo pueda afectar al mercado de actividades jurídicas, que representa el 1% del PIB, y las implicaciones que pueda tener en la abogacía, que representa a su vez el 3% del tejido empresarial español.

En segundo lugar, ha manifestado la necesidad de una Ley de Derecho de Defensa para la abogacía para así "asegurar la igualdad de armas" en los procesos. El secreto profesional es para Ortega un "elemento esencial" dentro de la independencia de la abogacía, por lo que es necesario preservarlo y blindarlo. Asimismo, ha indicado que es "absolutamente necesaria" la aprobación de un Estatuto de la Abogacía que incluya la exigencia de colegiación para poder ejercer.

En lo que respecta a la justicia gratuita, la presidenta ha recordado que el nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía sobre este servicio es del 85%, "por encima de otros servicios públicos como la salud o enseñanza". No obstante, los medios siguen siendo insuficientes, por lo que es necesaria una solución legislativa para acelerar el pago del turno de oficio. Asimismo, ha indicado su compromiso con fomentar la cultura de la mediación como solución al eterno problema de congestión en los juzgados. "Cada mes llegan a nuestros órganos jurisdiccionales casi seis millones de asuntos; la mediación y el arbitraje pueden ayudar a repartir la carga de trabajo", ha razonado.

Por último, Ortega ha anunciado que desde el CGAE se prevé cambiar el examen de acceso a la abogacía. "No puede ser que tanto esta prueba como el máster sean repeticiones del grado de Derecho". La presidenta apuesta, por tanto, por un modelo práctico en el que el estudiante recibe un caso práctico, lo prepara y lo expone ante el tribunal. Además, cree que el máster debería enfocarse en ámbitos concretos del Derecho en vez de en aspectos generales. "La profesión avanza a la especialización, y el máster debería servir para ello".

La abogacía y el conflicto catalán

Durante el acto, José María Alonso (ICAM) ha expresado su convicción de que la vía de solución del problema pasa necesariamente por la sociedad civil. “Creo que la solución por vía política es muy complicada, las pretensiones que se plantean por los grupos catalanes, como el derecho a la autodeterminación, no tienen encaje en la Constitución, y veo escaso margen para que el Gobierno pueda ceder”. Para el decano, la abogacía "debe y puede" jugar un papel importante para ayudar a encontrar una vía de solución.

En ese sentido, Alonso ha destacado la buena sintonía del ICAM con el Colegio de la Abogacía de Barcelona, con quien mantiene una relación “excepcional y permanente”, compartiendo comisiones de trabajo y visitas frecuentes. También ha recalcado la importante labor que en esta línea se realiza en el seno del Consejo General de la Abogacía Española, con una participación “muy activa” de todos los colegios catalanes.

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