Los empresarios se plantan: no negociarán los cambios que propone Trabajo para las subcontratas

CEOE y Cepyme proponen que los trabajadores de empresas subcontratadas cumplan los salarios del convenio de su sector en lugar del convenio empresarial

Antonio Garamendi firmando el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros mensuales el pasado 31 de enero en el Palacio de la Moncloa.
Antonio Garamendi firmando el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros mensuales el pasado 31 de enero en el Palacio de la Moncloa.

La foto idílica del acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo para la subida del salario mínimo a 950 euros mensuales podría no repetirse, al menos en próximas fechas tal y como le gustaría al Gobierno. Ya han surgido los primeros roces en la mesa del diálogo social que negocia los cambios más urgentes para desmontar la reforma laboral del PP y no parecen ser menores. Los empresarios se han plantado hoy, anunciando que no van a aceptar los cambios que propone Trabajo para reformar la normativa sobre subcontratación de empresas.

Así lo manifestaron las principales patronales CEOE y Cepyme tras la reunión de su Junta Directiva en la que, por unanimidad, acordaron rechazar la propuesta de Trabajo para reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula las condiciones con las que una empresa puede subcontratar obras o servicios a otra, “pese a que este punto no fue objeto de la reforma laboral”, se quejaban ayer los empresarios.

Esta propuesta planteada por el equipo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los últimos encuentros del diálogo social, consiste, según los empresarios, en que toda la cadena de subcontratación –esto es la empresa contratista y las subcontratadas– adopten las condiciones laborales de la empresa principal.

Esto implicaría, según el comunicado enviado ayer por CEOE-Cepyme, que, de mantenerse en los términos actuales, la propuesta del Gobierno “podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo”, haciendo “prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas”. Y aseguraron “ver claramente que la solución planteada por el ministerio de Trabajo podría generar riesgos no medidos”.

Fuentes empresariales han criticado que la regulación propuesta por Trabajo “es ideológica y no económica”. De hecho, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi ha dicho, en declaraciones a los medios de comunicación, que en la mesa del diálogo social “no se está hablando de cambios laborales (del artículo 42) si no de un cambio del modelo económico”. Y añadió: “Estamos en la Unión Europea, creemos en el libre mercado, las empresas contratan a empresas y creemos que modificar el artículo 42 sobre la subcontratación es una barrera imposible de aceptar por el bien de la economía española”.

Alternativa patronal

No obstante, pese al plante de los empresarios, desde CEOE han dicho que no se cierran en banda a negociar cambios en la subcontratación, pero no por la vía de reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sino introduciendo cambios en la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, algo que sí fue fruto de la reforma laboral de 2012.

Así, los dirigentes patronales han admitido que “existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de 2012” que se produjeron por la posibilidad de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. “Esto ha dado lugar –continúan los empresarios– a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial, que ni amparamos ni compartimos”.

Por ello, su propuesta alternativa para acabar con esta situación sería “que las condiciones salariales y de jornada de las personas trabajadoras se regulen en estos casos (empresas subcontratadas) a través de la negociación colectiva sectorial”, dejando que los convenios de empresa regulen solo cuestiones de organización interna.

Fuentes patronales han reprochado al Gobierno que "no conozca como funciona la calle" y ponían un ejemplo según el cual, con la propuesta de Trabajo, un pequeño empresario con uno o dos trabajadores subocntratados por una empresa como Telefónica para mantenimiento de la red en una zona despoblada, debería pagar los empleados los sueldos que abona esta multinacional y otras mejoras como su plan de pensiones u otros pluses salariales.

 

 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho hoy que el año pasado se hicieron sólo 30 despidos por acumulación de faltas de asistencia justificadas, por lo que ha considerado “exagerado” e “injusto” que el planteamiento que se ha hecho haya sido el de culpar a los empresarios de esta situación, según informa Europa Press. “Lo que no es justo es que se haya puesto en el punto de mira a los empresarios, especialmente a los pequeños, diciendo que no tenemos ninguna sensibilidad”, criticó Garamendi. Y añadió que esta “misma sensibilidad” es la que han demostrado los sindicatos al no plantear eliminar esta causa durante los 40 años que lleva vigente (...) los sindicatos tendrán alguna responsabilidad cuando llevan 40 años sin decir nada”, concluyó.

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