Dos impuestos que priman el populismo sobre la eficiencia fiscal

Los problemas de las tasas Google y Tobin van más allá de su limitada capacidad recaudatoria y afectan al funcionamiento de los mercados

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros dos de las medidas supuestamente estrella de su reforma tributaria –conocidas como tasa Google y la tasa Tobin– que son en realidad dos propuestas de política fiscal altamente discutibles tanto por razones técnicas como de estricta política fiscal. Ambos textos, que fueron ya tramitados como anteproyectos de ley a comienzos de 2019 y se quedaron en el cajón por la convocatoria de elecciones, tienen en común la pretensión de imponer un impuesto de forma unilateral sobre ámbitos globalizados, interconectados y sin barreras. En el caso de la tasa Google, que gravará los negocios digitales, esa circunstancia se reconoce ya de forma implícita en el diseño final del anteproyecto, que finalmente prevé una única liquidación del impuesto a finales de este año en previsión de que la OCDE avance en su propuesta de impulsar un tributo digital internacional sobre esta materia. Ambas medidas tienen otro factor en común: el habérsele atribuido por parte del Gobierno una capacidad recaudatoria sobredimensionada, no solo por las dificultades técnicas de su aplicación, sino por el contexto de desaceleración de la economía. Frente a los 2.050 millones que se anunciaban hace un año, Hacienda confiesa ahora que aspira a recaudar 1.818 millones por ambos tributos. Un montante todavía optimista frente a los cálculos de la CE o la Airef, que rebajan la cifra al entorno de los 350 millones.

 Los problemas que presentan los dos impuestos van más allá de su limitada capacidad recaudatoria y afectan directamente al funcionamiento de los mercados en los que se quieren aplicar. La tasa Google, justificada por la necesidad de corregir el relajado régimen fiscal del que disfrutan los gigantes de internet, provocará muy probablemente un incremento en el precio de los productos y servicios de las empresas que utilizan las plataformas digitales. Además, en caso de que la propuesta que lidera la OCDE se retrase, la medida señalará a España como un país no alineado con esa ofensiva global y coordinada y como un mercado poco atractivo para la inversión en el sector.

Por su parte, la tasa Tobin –un impuesto que grava la compra de acciones con una capitalización superior a los 1000 millones– favorecerá la opacidad en la negociación al hacer más económicas las transacciones fuera de los mercados regulados, elevará los costes de transacción de la Bolsa española, dañará la financiación bursátil como recurso para las empresas, puesto que reducirá la liquidez y encarecerá el capital, e incentivará la deslocalización de intermediarios y operaciones. Son los frutos de una política fiscal que prima el populismo sobre la ortodoxia económica y la eficiencia tributaria.