El Gobierno dispondrá de los 1.700 millones por CO2 sin tener que costear peajes
Destinará esa recaudación a objetivos “genéricos” de cambio climático. El sistema recibía hasta ahora 750 millones
El año pasado se subastaron entre las generadoras eléctricas 50 millones de toneladas de derechos de emisión de CO2, que, a 25 euros la tonelada, supuso una recaudación de 1.250 millones de euros. Dado que la Comisión Europea se queda con un 10% del total, el Ministerio de Hacienda ingresó 1.125 millones (menos que el año anterior, en que aún funcionaron las centrales de carbón). El fuerte incremento del precio de estos derechos ha convertido esta partida en un dulce caramelo para el Fisco, que prevé alcanzar los 1.700 millones en 2020.
Los ingresos procedentes de estas subastas, con un límite de 450 millones de euros desde 2012 y de 750 millones desde 2018, se habían destinado hasta ahora a sufragar costes del sistema eléctrico con el fin de evitar la generación de nuevos déficits de tarifa. Sin embargo, esta obligación desaparece en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al que ha tenido acceso CincoDías, cuyo trámite administrativo, según el propio Ministerio para la Transición Ecológica, ha entrado en su recta final.
La disposición final cuarta de dicho anteproyecto hace desaparecer la obligación de destinar dichos ingresos (con un tope), a sufragar costes del sistema eléctrico, tal como estableció la ley 15/2012, por la que se crearon unos tributos energéticos (como el polémico 7% a la generación) con el mismo fin de luchar contra el déficit tarifario. Aunque el Gobierno lo vendió como una aportación del Estado al sistema eléctrico, se trata, en ambos casos, de un dinero que sale del cajón de las eléctricas y que estas trasladan al consumidor final.
Se quedaría, por tanto, a lo dispuesto en el artículo 28.4 del anteproyecto, según el cual, estos ingresos pasan a ser considerados ingresos del Ministerio de Transición Ecológica destinados genéricamente a objetivos de cambio climático y transición energética, pero no necesariamente a financiar los peajes.
El departamento que dirige Teresa Ribera tendrá por tanto libertad para decidir en los Presupuestos de cada año qué asignación hace de esos créditos dentro de esos objetivos y cuánto asignará (si es que asigna algo) al sistema eléctrico. Según la normativa europea, el dinero procedente de dichas subastas deben utilizarse, en general, a objetivos de transición energética y emergencia climática y “entre esos usos, podría incluirse la financiación de los costes eléctricos”, señalan fuentes del sector.
Estas consideran, no obstante, que “puede haber alguna confusión porque parece que no se ha llegado a derogar la previsión de la propia Ley del Sector Eléctrico sobre los ingresos de las subastas”. Y añaden que, “de no derogarse, se puede plantear una incongruencia entre lo que marca el artículo 28.4 del anteproyecto y la disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, aún vigente”.
En resumen, el Gobierno quiere tener libres las manos para disponer de fondos que le permitan cumplir con sus promesas de lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, para los convenios de transición justa, que también regulará la futura norma. De hecho, el texto amplía el porcentaje de los Presupuestos del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático. La cantidad final “será, en cualquier caso, superior a la anteriormente fijada (un 20%)”, según indicaba el lunes el propio ministerio.
No es descartable que, de estos fondos, se pague también la compensación en los peajes que el borrador de RD de Estatuto del Consumidor Electrointensivo establece para 600 industrias: además de la compensación del CO2 (unos 170 millones), se libran de pagar el incentivo a las renovables que les corresponde en su factura, unos 90 millones.
Otras novedades
La disposición adicional cuarta que hace desaparecer la obligación de destinar los ingresos por CO2 al sistema eléctrico, incluye otras dos novedades. Por un lado, que el dinero procedente de los tributos energéticos se destinarán, como hasta ahora, a financiar costes del sistema eléctrico pero con un matiz: “solo a los referidos a fomento de las energías renovables”. El año pasado esa recaudación fue de 2.800 millones de euros, mientras que el incentivo vía peajes a las renovables superó los 7.000 millones.
Para evitar que el dinero de Hacienda procedente de esta recaudación se siga liberando con un fuerte retraso como hasta ahora, el anteproyecto establece, como una segunda novedad: que “dichas aportaciones se realizarán mediante libramientos mensuales, por un importe máximo de la cifra de recaudación efectiva en el mes inmediatamente anterior”. De esta manera, se evitará el déficit provisional, o de caja, que sufre el sistema desde 2012, lo que provoca un retraso en el cobro por parte de las empresas reguladas o con activos regulados, que la CNMC se ve obligada a liquidar con un fuerte decalage, incluso de 10 meses.
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