Hacienda ata en corto el gasto de los Ministerios hasta contar con nuevos Presupuestos

Montero exige a los ministros planes semestrales de inversión sujetos a su aprobación y establece un límite general del 50% en el uso de los fondos asignados

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.Europa Press

El Gobierno ha decidido echar el cerrojo a la caja pública, y dejar la llave en manos de Hacienda, a fin de contener el déficit y reservar recursos para cuando se impulsen los Presupuestos Generales de 2020 que formalmente no podrán comenzar a tramitarse al menos hasta el mes de marzo.

Así lo recoge una disposición del Ministerio de Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se anuncian “medidas de gestión del gasto público para garantizar que, en el escenario de prórroga de los Presupuestos del Estado vigentes en el año 2019 para 2020, se continúa con el proceso de reducción del déficit público, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto vigentes”. Aunque esto ya se ha hecho otros años, la orden ministerial establece además “determinados controles en la ejecución del gasto” público “con el fin de evitar una elevada ejecución de los créditos presupuestarios antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020”.

Las medidas anunciadas ayer, que desarrollan la decisión de prórroga presupuestaria adoptada por el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, incluyen “la obligación de los Departamentos ministeriales de remitir al Ministerio de Hacienda un calendario semestral en el que se recogerán todas las actuaciones que tengan previsto iniciar en 2020”, debiendo presentar el plan de los primeros seis meses “antes del 10 de febrero” y “el relativo al segundo semestre del año antes del 30 de junio de 2020, salvo aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 con fecha anterior”.

“El calendario deberá ser aprobado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda”, no pudiendo los Ministerios impulsar medidas no contempladas en estos planes. A partir de ahí, el departamento que dirige María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, establece un límite general de gasto en el 50% de los fondos asignados, umbral que los ministros solo podrán superar con su autorización expresa. 

Este protocolo de prudencia presupuestaria regirá hasta la aprobación de unas nuevas cuentas para el ejercicio 2020, que no podrán comenzar a tramitarse antes del mes de marzo. Así se deriva de la orden ministerial de Hacienda, publicada en el BOE el pasado martes, que rige el diseño de las nuevas cuentas. Más allá de marcar los objetivos presupuestarios, o su cariz feminista y medioambiental, el texto señala que los centros gestores del ente público deberán remitir sus propuestas para las nuevas cuentas a Hacienda “antes del 20 de febrero de 2020”. Es decir, que hasta entonces no se habrán completado los pasos previos necesarios para comenzar a articular el Anteproyecto de Ley de Presupuestos. Es más, el documento indica que los proyectos de inversión a sufragar con fondos de la Unión Europea podrán ser comunicados “antes del 27 de febrero”, por lo que fuentes oficiales confirman que el articulado de las cuentas no arrancará antes de que expire el plazo.

Es de prever, en todo caso, que la presentación del plan presupuestario de 2020 se demore todavía más allá de esa fecha, habida cuenta de los pasos previos pendientes. En primer lugar, el Ejecutivo ha iniciado una negociación con la Comisión Europea para tratar de flexibilizar la senda de déficit vigente y ganar así algo de margen de gasto. Una vez se logre un acuerdo, Hacienda convocará a los consejeros autonómicos del ramo a dos Consejos de Política Fiscal y Financiera para presentar tanto la senda como el techo de gasto.

Posteriormente, ambas magnitudes serán llevadas al Congreso y el Senado para su aprobación. Cumplida esta parte, Hacienda podría presentar ya el Anteproyecto de Presupuestos, si bien Montero ha avanzado que no lo llevará al Parlamento hasta contar antes con apoyos suficientes como para sacarlo adelante, evitando así que las cuentas sean tumbadas como ocurrió en 2019. Renovar la mayoría de la investidura para aprobar las cuentas requerirá la abstención de ERC, que dependerá a su vez de los avances de la mesa de diálogo sobre la secesión de Cataluña.

Para evitar la presión del calendario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dado margen anunciando que aspira a aprobar los Presupuestos antes de final de verano, aunque la intención sea tratar de hacerlo antes.

Las pensiones y el paro quedan fuera del coto

 

Pagos recurrentes. Las nuevas medidas de control del gasto público anunciadas ayer por el Ministerio de Hacienda afectarán explícitamente a “cada uno de los Ministerios” así como a “cada uno de sus organismos autónomos” y “cada una de sus entidades con presupuesto limitativo”. Todos ellos tendrán que informar con anticipación a la ministra María Jesús Montero de sus planes semestrales de gasto y someterse a las limitaciones de inversión que ella imponga cuando propongan programas que superen el 50% de su asignación presupuestaria. Sin embargo, la orden ministerial publicada ayer en el BOE establece una serie de excepciones de gasto que, por sus particularidades y recurrencia, quedarán exentas del férreo control impuesto por Hacienda. Se trata, básicamente, de los fondos destinados a la financiación de las pensiones y demás prestaciones dependientes de la Seguridad Social, las clases pasivas, el seguro de desempleo o las prestaciones sociales. Tampoco ser verán afectados los recursos relacionados con la asistencia sanitaria ni las transferencias internas que se realicen entre entidades con un mismo presupuesto limitado. Eso sí, el Gobierno ha comprometido ya 4.700 millones de euros en elevar las pensiones y los sueldos públicos.