Un trabajo de menos de 1.000 euros no es un empleo

Irlanda, país prototipo de emigración, tiene un salario mínimo un 60% superior al de España y se está llevando talento español

La cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) de este año y la senda de evolución ha generado un intenso e interesante debate. La discusión se divide entre los que piensan que un SMI de 1.000 euros al mes destruirá empleo, ya que hay muchas empresas, especialmente pymes, que no pueden pagarlo, y los que creen que una cifra inferior es oficializar la esclavitud.

En el texto del acuerdo PSOE-Podemos de 31 de diciembre no se señala una cifra concreta, únicamente se afirma: “Subiremos el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea”. Esto es lo mismo que se señala en la introducción del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fijó en 900 euros el SMI para 2019, que fue acordado entre estas dos formaciones y que supuso una subida del 22,3%.

Paralelamente, se creará una comisión asesora del Ministerio de Trabajo, “compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del salario mínimo interprofesional. Para su análisis se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general”.

El Gobierno de coalición es consciente de que si aprieta mucho con la cifra puede causar daño al empleo y los empresarios saben que tienen que ceder en algo, que no les falta razón a los sindicatos y al Gobierno cuando se quejan del importe del SMI. Por tanto, el acuerdo que salga tendrá que ser de cuatro números, otra cuestión es que en ese acuerdo se cierre la cifra de este año y el que viene, y a los 1.000 se llegue en 2021.

La subida de 2019 ya generó un amplio debate, especialmente a raíz de que el Banco de España dijera que iba a destruir 150.000 empleos, datos que luego no contrastaban con la evolución de la afiliación a la Seguridad Social. El presidente de la Autoridad Fiscal también terció en el debate, primero diciendo que costaría entre 40.000 y 120.000 y, después, que se habían pasado de negativos. “Han pasado cuatro meses y no encontramos nada”, dijo en mayo. Ha pasado un año y al autor de esta rectificación, José Luis Escrivá, nos lo encontramos de ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Esta semana, BBVA ha cifrado el coste en 45.000 empleos, que no se han creado, que es otra forma de perderlos.

El salario mínimo interprofesional actual en España, el que marca el real decreto, es de 30 euros/día o 900/mes, “sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 12.600 euros”. Esta cuantía anual incluye dos pagas extras, de manera que al año se cobran 14 pagas, o si se divide entre 12, el SMI sería de 1.050 euros. Esta cuantía nos sitúa muy por debajo de los 1.656,2 de Irlanda y muy por encima de Portugal (700 euros) y Grecia (758,3 euros).

Qué hemos hecho o en qué nos hemos equivocado para que un país como Irlanda, que tradicionalmente ha perdido población por falta de empleo, tenga ahora una capacidad de atracción muy superior a la de España, hasta el punto de que hay miles de españoles muy preparados y no tanto que se han marchado allí aunque solo sea porque cobrando el SMI perciben un 60% más que aquí. Es recurrente contestar con que Irlanda se ha convertido en una especie de paraíso fiscal, que atrae a muchas empresas, especialmente tecnológicas. Es verdad, por eso Bruselas condenó a Apple a pagar 14.300 millones a Irlanda, y así hizo en 2018. Ellos han encontrado su camino; ¿cuál es el nuestro? ¿Qué plan de negocios tenemos?

¿Tiene sentido que el Estado invierta importantes cantidades en formar a sus ciudadanos para que luego desarrollen sus habilidades en otros países? ¿Cuadra que tengamos una tasa de paro del 14% y organicemos expediciones para traer miles de mujeres marroquíes a recoger la fresa, que se produce en Andalucía, donde uno de cada cuatro mujeres está en el paro? Oficialmente se les va a pagar a 40 euros el día, más de lo que fija el salario mínimo interprofesional.

Los argumentos de mayor peso para contener el aumento del salario mínimo interprofesional son que hay muchas pymes que no pueden pagar 1.000 euros a sus empleados, que no les da, y que en muchos pueblos con 1.000 euros eres capitán general. Son argumentos que se desacreditan solos, puesto que si no puedes pagar ese dinero es que una de dos, o esa pyme no tiene trabajo suficiente o lo está regalando (¿no pueden pagar como a las recolectoras de las fresas?). Si tanto cunde el dinero en los pueblos no se entiende que haya tantos vacíos. Excepto la vivienda, todo lo demás cuesta lo mismo (luz, gas, teléfono) o más (alimentación, educación, transporte). Si les cunde más es porque no gastan, no porque sea más barato.

Estas preguntas llevan a un debate más profundo que tiene que ver con qué sociedad queremos construir y es ahí donde el Gobierno tiene un compromiso ineludible, que va mucho más allá de las exigencias perentorias de las cuentas de resultados de las empresas, y tiene que ver con la elevada desigualdad que hay en España. Desigualdad que está en el fondo de las tensiones territoriales, por algo las comunidades autónomas con presión independentista son las más ricas.

La pregunta definitiva es si se puede construir una vida digna alrededor de un salario de menos de 1.000 euros. La respuesta es claramente no y esto es lo que genera todos los demás problemas, como es el desempleo, el envejecimiento de la población o la financiación de las pensiones.

 Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense