El Gobierno de coalición y las dos caras de la gestión económica
Da la impresión de que el acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Podemos y los nombramientos designados están dirigidos a públicos distintos
El contraste entre el documento que resume los planes económicos del acuerdo PSOE y Unidas Podemos: Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España, y el nombramiento de los ministros con carteras que implican responsabilidad en gestión económica me ha hecho recordar a esas criaturas de la literatura fantástica o de la mitología griega, como Ortro, un perro de dos cabezas al que se enfrentó Hércules. Y difícilmente la imagen que me viene a la cabeza pueda ser otra, pues da la impresión de que el documento y los nombramientos van dirigidos a públicos distintos, y por tanto, es un intento de contentar tanto a quiénes reclaman políticas con una carga ideológica muy clara, como las que aparecen en el programa de Unidas Podemos, y a aquellos que reclaman no generar incertidumbre en los mercados ni en las empresas que puedan tener consecuencias en la confianza empresarial y la inversión, y por tanto, en un menor crecimiento económico y en la creación de empleo, especialmente, en un horizonte económico, que en el mejor de los casos, puede calificarse de muy incierto, con el Brexit como una realidad confirmada para la Unión Europea, tensiones crecientes en Oriente Medio que afectan al precio del petróleo y a la estabilidad de los mercados financieros mundiales, y un comercio internacional que se resiente de la vuelta al proteccionismo.
En cuanto a los nombramientos destacan en las carteras asociadas a la gestión económica los perfiles de carácter técnico, con una sólida formación y una contrastada y dilatada experiencia profesional. El ejemplo más claro es el nombramiento de José Luis Escrivá, como ministro responsable de la Seguridad Social, y que, hasta ahora, como máximo responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nombramiento realizado por un gobierno del Partido Popular, se había mostrado muy crítico con la falta de un análisis riguroso de los costes y beneficios asociados a las diferentes políticas con impacto presupuestario. Entre sus responsabilidades destaca la gestión del sistema de pensiones, uno de los principales retos del gobierno.
En esta misma línea la vicepresidencia Nadia Calviño, que además de repetir en el gobierno había sido responsable de presupuestos en la Comisión Europea, envía un claro mensaje a la Unión Europea de compromiso con el cumplimento de los límites de déficit público y deuda pública que nuestra pertenencia a la zona euro implican.
Sin embargo, la lectura del documento de acuerdo para el gobierno de coalición suscita dudas sobre las políticas concretas y las medidas legislativas en materia económica que podemos esperar. Nadie puede poner en duda que la fuerte crisis económica ha tenido como una de las consecuencias más claras un incremento de la desigualdad y un empobrecimiento de las clases medias que, más allá de las aspectos económicos, también implica profundas consecuencias sociales y dudas desde una perspectiva ética con respecto a qué tipo de sociedad queremos y hasta qué punto preserva valores como la igualdad de oportunidades o el respeto a los derechos económicos y sociales como vivienda digna, educación o una menor precariedad laboral.
Sin embargo, por preocupantes y urgentes que sean, es fundamental huir de soluciones que en ocasiones parecen sencillas pero que pueden tener consecuencias en el medio y largo plazo para nada deseables. El primer ejemplo tiene que ver con la política de vivienda, los precios de alquiler en algunas ciudades como Barcelona o Madrid implican que el porcentaje del salario destinado al alquiler supere los límites recomendados por diversas instituciones internacionales, pero la solución de limitar los precios de forma directa, seguro que no contribuye a fomentar la oferta, pues reduce la rentabilidad esperada por el inversor y aumenta su incertidumbre, lo que no contribuye a aumentar la oferta que debería ser un aspecto clave de cualquier política de vivienda.
De forma similar es innegable el aumento de precariedad laboral y también que España tiene un problema de mercado de trabajo, con una tasa de paro del 13.8%, muy alejada del 8.5% de nuestros vecinos franceses o el 6.5% de Portugal. Pues bien, el documento aboga por la derogación de la reforma laboral y por aumentos del salario mínimo interprofesional. En cuanto a la reforma laboral, seguro que puede modificarse y replantear aspectos, pero, por ejemplo, eliminar que el convenio de empresa pueda estar por encima del convenio sectorial, a mi juicio, no parece lógico. En un mismo sector pueden convivir empresas con situaciones económico-financieras muy diferentes, no permitir que las condiciones laborales se ajusten en cada empresa puede tener consecuencias en una mayor destrucción de empleo, en especial, en momentos de menor crecimiento económico. Por otra parte, es difícil no desear que los trabajadores con empleos más precarios mejoren sus condiciones de vida, pero el aumento del salario mínimo implica incrementar el coste salarial y debería contemplarse el posible impacto que esto pueda tener en el comportamiento de las empresas en cuanto a contratación y creación de empleo.
El problema del mercado de trabajo español es también, en muchas partes de nuestro territorio, un problema de estructura económica y de falta de tejido empresarial dinámico y en sectores de mayor valor añadido. Ya es hora de que los esfuerzos del Gobierno sean de carácter más estructural a más largo plazo y pensando en cómo generar un entorno económico que atraiga la inversión y la generación de un tejido productivo diverso y de mayor valor añadido.
Volviendo a la mitología griega, este Gobierno se enfrenta a retos tan difíciles como los que afrontó Hércules, esperemos que las dos almas del Gobierno sepan trabajar para desarrollar políticas a la altura de los retos futuros, si es así iría en beneficio de todos.
Pedro Aznar es Profesor de Economía y Director del programa de Global Governance de Esade