Se avecinan tiempos de realismo (y de tormentas económicas)
Todo apunta a que con un futuro Gobierno PSOE-Podemos la economía española retrocederá y aumentará la polarización
Tras los brindis al sol llegarán las dosis de realismo, las mismas que hacen imperceptible pisar las limpias moquetas del poder almidonado. Más allá del titular de un Gobierno de coalición, algo ignoto desde los años de la República, la segunda de ellas, la clave pasa por el adjetivo de izquierdas. Es lo que zaherirá toda la legislatura que se antoja desde el primer momento sumamente compleja y no menos complicada. Un Ejecutivo totalmente de izquierdas tiene dos frentes claros, amén de la cohesión imprescindible y mínima si quiere alcanzar cierta duración, lo cual es la mayor de las incógnitas. El primero, no caer en la demagogia hueca del populismo trufado de avances sociales que no son tales, sino empobrecimiento económico y un país subvencionado hasta los tuétanos y, el segundo, no debilitar la economía. Este será el gran talón de Aquiles para un Gobierno que se moverá en un alambre muy especial, entre el atasco en las alturas de los socios de conveniencia y la tensión exagerada de una derecha que no dará tregua y que ve el apocalipsis poco menos que apodíctico de la situación.
¿Podrá un Gobierno con fisuras hacer crecer la economía, el gasto público, el empleo, sin que deuda y déficit se disparen? ¿Podrá la hasta el momento bien considerada en los cánones de la ortodoxia económica ministra y vicepresidenta in pectore Calviño calmar las dudas y recelos de Berlín, París y Bruselas? ¿Cómo cuadrarán en el círculo las cuentas y cómo se aprobarán Presupuestos, estos y los siguientes, y sobre todo, a qué precio para quiénes están dispuestos a cobrar dos peajes, políticos y económicos? En este momento no hay razones que inviten al optimismo. Ninguna. Sí al diálogo, no a experimentos.
La coalición de gobierno pública ha hecho explícitos entre sus acuerdos, aún sin concretar, dos medidas populistas: subida de impuestos a determinadas rentas y derogación de la reforma laboral. Se dice a partir de un quántum, pero elevar esa carga o presión fiscal ¿qué beneficios y qué inconvenientes depara? La ecuación mayor gasto público, mayor presión fiscal y recaudación arrastra también problemas. El castigo al ahorro y la huida de la inversión.
Es sabido que la cuestión de la reforma laboral del Gobierno Rajoy siempre estuvo en el punto de mira de la izquierda; pero ahora la pregunta es: ¿se trata de toda la reforma o solo de algunos puntos? ¿Fue positivo el abaratamiento del despido en la coyuntura de la crisis o por el contrario resultó perjudicial? Y si fue beneficioso o no, ¿por qué todos, empresarios e incluso algunos sindicatos, se acogieron a los nuevos días por año trabajado cual bendición? ¿Verdaderamente a alguien le importaron los trabajadores, salvo para eslóganes mitineros? ¿Tiene en mente este futuro, pero ya próximo Gobierno nuevas políticas de creación de empleo? ¿Acaso va a unificar la tipología contractual o a regular un nuevo Estatuto de los Trabajadores? Se ha subido el salario mínimo, más aparente que real, pero el análisis del Gobierno debe centrarse sobre si esta medida ha creado o por el contrario desincentivado la creación de empleo de calidad y no tanta precariedad y temporalidad, cáncer que aqueja año tras año al empleo en nuestro país. No han tardado ante lo que avizora el horizonte las patronales, que son muchas y replicadoras, en lanzar su grito y su alarma. Malo si no protestaran, claro está. Veremos qué queda de todo lo que está por llegar. Por lo de pronto, réquiem por el convenio de empresa frente a lo sectorial. Y cuidado con despidos durante bajas médicas. Otra cosa es cuestionar y vigilar las mismas, como se hizo durante la crisis, y otra que otra vez vuelven a dispararse.
España y en concreto algunas comunidades autónomas cada vez pierden mayor peso industrializador. No hay planes alternativos, tampoco de contingencia. Tras el ridículo que se realizó con las energías renovables y los no pocos pleitos y arbitrajes internacionales frente al Gobierno de España, ¿verdaderamente sabemos lo que queremos? ¿Y ese queremos es fiel representante del interés público?
¿Qué hará el nuevo Gobierno en materia de vivienda y acceso a la misma? ¿Expropiarán las propiedades privadas vacías o simplemente las sancionarán para sacar al mercado de alquiler más viviendas de segunda mano? ¿Acaso el Gobierno o el sector público inventariarán suelo de cara a promocionar viviendas sociales asequibles para los ciudadanos?
En los últimos años el gasto público ha estado bajo control. En los últimos meses, sin embargo, ha crecido a ritmos que no se conocían. Un Gobierno que se dice a sí mismo social –otra cosa es saber qué entendemos por social y quién quiere entenderlo y ofrecer un concepto– hará de este capítulo el eje de su acción económica, sabedor de que las cifras y las cuentas no cuadrarán. Nadie puede llamarse a engaño sobre que, hubiera o no coalición y Gobierno de izquierdas, con lo visto en el último año y medio de Gobierno de Pedro Sánchez la presión fiscal se iba a disparar. Pese a lo que en su programa recogía el PSOE, ahora sí se incrementa el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, aunque sin concretar el tipo. También sube el impuesto de sociedades, aunque mejor que regulara para que el casi centenar de sociedades filiales de empresas del Ibex no tuviesen su domicilio social en Delaware. O la implantación de las tasas Google y Tobin para gravar beneficios de tecnológicas y elevadas transacciones financieras. Señores, todo ello no es suficiente para amortiguar ni el desfase que viene de gasto social ni para atajar deuda y déficit. No ahorraremos. Nada en absoluto. Tampoco lo harán los ciudadanos.
Nadie sabe qué idea tiene el Gobierno, y menos la coalición de qué harán y qué propondrán en el espinoso y grave problema de las pensiones y la quiebra del sistema. Se antojan borrascas y veremos qué dice el guardián de Bruselas. España no es Italia ni tampoco tiene la arrogancia alpina de echar un pulso a aquellos burócratas calvinistas.
Pero todo apunta a que en lo económico habrá polarización y retroceso.
Abel Veiga es Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Comillas