Dialoguemos para innovar en la digitalización del ‘delivery’

La Ley de Movilidad francesa es el ejemplo a seguir para evitar la judicialización y proteger los derechos de los trabajadores

Caja y bicicleta de reparto de Deliveroo en Estrasburgo (Francia).
Caja y bicicleta de reparto de Deliveroo en Estrasburgo (Francia).

En los últimos meses hemos asistido a una sucesión de decisiones judiciales contradictorias sobre la naturaleza de la relación laboral entre las plataformas digitales de delivery y los repartidores. Lejos de ofrecer una solución y aportar seguridad jurídica a un debate social y político, la judicialización ha venido a demostrar que el marco laboral actual no es capaz de dar respuesta a las nuevas formas de trabajo.

La tarea ineludible de adaptar la regulación a una realidad cambiante y al futuro del trabajo corresponde a la política, tanto para garantizar derechos como para impulsar el crecimiento económico. Una tarea que requerirá un liderazgo basado en el diálogo y con capacidad de innovar, sin prejuicios y teniendo en cuenta la experiencia de otros países.

En este sentido, la Asamblea Nacional francesa aprobó el pasado 19 de noviembre su Ley de Movilidad, una ambiciosa norma que aborda retos fundamentales, como la movilidad, la sostenibilidad y la digitalización de la economía. Entre otros cambios, la ley define un nuevo marco de relación entre las plataformas digitales y los trabajadores independientes, aportando seguridad jurídica a unos y otros, sin por ello limitar la capacidad de las empresas de generar dinamismo y crecimiento en la economía y el empleo.

¿Cómo? A partir de ahora, las plataformas que operan en Francia se comprometerán, a través de una Carta Social acordada por empresa y trabajadores y tutorizada por la administración, a implementar mejoras y protecciones a los trabajadores de plataforma.

La nueva norma es fruto de un diálogo abierto y constructivo entre muchos actores con el único objetivo de buscar una solución que beneficie a todas las partes. Y el resultado es un amplio consenso, que permite clarificar la situación de un sector con gran crecimiento y una alta aceptación entre la sociedad, y que incorpora nuevas formas de trabajo surgidas de la digitalización de los modelos productivos. Además de reforzar la protección de los trabajadores de plataforma, la Carta permite el desarrollo de iniciativas de formación y la institucionalización de una mesa de diálogo permanente entre la Administración, las plataformas y los profesionales autónomos.

Esta norma, en línea con lo que desde Europa y otros organismos se ha ido indicando, respeta la flexibilidad que requiere la economía bajo demanda y garantiza la protección de los trabajadores autónomos. De esta forma, no solo beneficia a los trabajadores de plataforma, sino que también permite seguir desarrollando un sector que tiene impacto sobre la economía y la sociedad y que está actuando como motor de dinamización del pequeño comercio y de uno de los pilares de nuestro país: el ecosistema gastronómico, que según un estudio de KPMG equivale a un 33% del PIB.

Además, esta norma evita la judicialización. El texto francés ofrece una solución consensuada y de futuro, que redundará en un beneficio para riders, restaurantes y consumidores y hará posible mantener la senda de crecimiento que se ha iniciado y en la que ya se registran beneficios: el sector de plataformas bajo demanda realizó una aportación al PIB de 643 millones de euros en 2018. Para 2020, si se mantiene el ritmo generando se prevé que la aportación supere los 2.000 millones de euros.

España aspira a ser una nación emprendedora y nuestro país tiene todo lo necesario para ser referente en innovación en muchos ámbitos. Para ello, la política debe tomar el liderazgo de la adaptación a un mundo en transformación en el que la iniciativa privada debe ser una aliada en la búsqueda de soluciones, no un enemigo a batir.

Juntos podemos innovar; y desde aquí, invitamos al futuro Gobierno a iniciar un diálogo constructivo con todos los agentes implicados para buscar soluciones que promuevan la digitalización y la protección de los trabajadores.

Marta Anadón es directora general de Uber Eats en España, Gustavo García es director general de Deliveroo en España, David Guasches director general de Stuart en España y Diego Nouet, director general de Glovo para Iberia