COP25: una oportunidad para la industria

Las empresas españolas tienen una excelente ocasión para demostrar que existe una forma de trabajar sostenible

COP25: una oportunidad para la industria

La lucha contra el cambio climático ha dejado de ser una asignatura pendiente para las sociedades más avanzadas. El objetivo se centra ahora en revertir los cambios que la mano del hombre ha producido en el medio ambiente. Da igual que Estados Unidos y China hayan decidido no implicarse en esta tarea global. Nos encontramos ante una batalla que hay que ganar.

Con la celebración de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, la capital de España se ha convertido en la anfitriona de un evento en el que el mundo centra todas sus miradas. Una oportunidad histórica para que nuestro país consolide su espacio como uno de los líderes de la transición justa. La conferencia constituye un punto de encuentro mundial. Un foro para debatir sobre las políticas necesarias para que la actividad empresarial incorpore de manera definitiva como principio de actuación incuestionable el respeto al medio ambiente, con el fin de frenar el cambio climático.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) constituye una ambiciosa iniciativa del Gobierno cuyo objetivo, a medio plazo, es impulsar las energías renovables hasta que alcancen el 42% del consumo final en nuestro país. Una meta que se espera conseguir en poco más de diez años. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables en 2030 alcanzará el 74%.

España emitió 285 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en 2017, lo que viene a representar el 7,5 % del total de las emisiones de la Unión Europea, ocupando así la sexta posición entre sus miembros. Lógicamente, en línea con su peso económico y demográfico, el país con mayores emisiones fue Alemania, con 858 millones de toneladas (22,8%), y el que menos emitió fue Malta, con 3 (0,1%). Desde 2012, las emisiones por unidad de valor añadido se han reducido en un 14% en España, prácticamente lo mismo que en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, conviene también analizar las emisiones en relación al tamaño de la economía o de la población.

España emitió 0,25 kilos de CO2 por cada euro de PIB (de 2010) producido, ligeramente inferior a los 0,26 de la media. En términos de población, emitimos en 2017 6,1 toneladas per cápita, claramente por debajo del promedio de la Unión Europea, donde las emisiones fueron 7,3 toneladas por persona. En este contexto, debemos ser conscientes de que la evolución hacia una economía descarbonizada implica un cambio en nuestro modelo productivo.

Ante la conferencia que se celebra en Madrid, las empresas tenemos una excelente oportunidad para mostrar que hay una forma de trabajar en la industria sostenible y, como en nuestro caso, ajustada a los estándares más exigentes de la economía circular. Cuestiones que hace 80 años ni las empresas ni los ciudadanos nos planteábamos, ni considerábamos relevantes, hoy son imprescindibles e irrenunciables, sobre todo en una actividad industrial como la nuestra.

Todas las compañías hemos aplicado mejoras técnicas y estamos dando respuesta al desafío que suponen los cambios económicos y sociales. Estamos dando pasos muy firmes. En primer lugar, produciendo a gran escala plantas y semillas, mejoradas para obtener ejemplares de eucalipto con novedosas técnicas científicas que garantizan su calidad. Posteriormente, con la implantación de procesos totalmente descarbonizados para fabricar la fibra del futuro, un producto obtenido a partir de la celulosa, sustitutiva del plástico y 100% biodegradable. En tercer lugar, un tratamiento de los residuos absolutamente respetuoso con el medio ambiente.

Por desgracia, el campo de juego no está nivelado. No todos los países siguen las mismas reglas y las empresas no reciben el mismo tratamiento en el cuidado del medio ambiente. Los dos grandes países cuyas empresas son las más contaminantes han decidido no seguir en el club de Estados que luchan contra el cambio climático.

Para las empresas, esta es una situación de competencia desleal. Las empresas europeas y las españolas se encuentran sometidas a unos costes por el CO2 que se genera a la atmósfera no asumidos por sus competidores globales. Se trata, como digo, de una situación desigual cuya consecuencia es el encarecimiento del proceso productivo frente a competidores norteamericanos y, sobre todo, chinos.

Más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el principal impulsor del cambio climático, proviene de cuatro naciones: China, con el 26,8% de las emisiones mundiales de GEI, Estados Unidos (13,1%), India (7%) y Rusia (4,6%).

China e India han formalizado una serie de compromisos para reducir la intensidad de sus emisiones, en relación con el PIB para 2030. Probablemente cumplirán sus promesas, pero sus emisiones continuarán aumentando en la próxima década, debido a su crecimiento económico.

Estados Unidos ha notificado también su intención de retirarse del Acuerdo de París. La actual Administración estadounidense ha reducido las principales regulaciones federales cuyo objetivo era frenar las emisiones. La promesa de Estados Unidos, presentada por la Administración de Obama, de reducir las emisiones en un 26-28% para 2025 se ha quedado en agua de borrajas.

Estamos aquí en esta cumbre por nuestra responsabilidad con el planeta. Pero el hecho de que los dos países más contaminantes, representantes del 40% de las emisiones mundiales, no quieran participar en esta lucha ha dejado a las empresas europeas y españolas en inferioridad de condiciones para competir en los mercados, por los mayores costes de producción y unos precios de comercialización más elevados.

El abandono de Estados Unidos y China del mecanismo de lucha contra el cambio climático supone un claro perjuicio para las empresas de los países que mantenemos los compromisos. Las empresas alemanas están pagando hasta 80 euros por los derechos de CO2 por tonelada y las irlandesas han llegado a abonar hasta 135 euros. El hecho de que las compañías estadounidenses y las chinas estén exentas de estos pagos constituye una situación de ventaja para estas y un perjuicio para el resto. Entre estas empresas se encuentran las españolas en un mercado en el que el coste medio del derecho de emisión se encuentra situado por encima de los 25 euros en Europa. Este es un asunto que forma parte del debate global y estoy convencida de que ningún país se quedará al margen de este cambio, por mucho que se haya resistido hasta la fecha. Ser sostenible es posible, es cierto y es comprobable.

Gema Díaz Real es presidenta de Sniace