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A fondo
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Por favor, no hagamos cosas raras en I+D+i

La propuesta de crear un ministerio de Universidades desgajado del de Ciencia rompería la cadena de investigación, desarrollo e innovación

GettyImages

El El 28 de noviembre hemos conocido las estadísticas sobre actividades de I+D en el año 2018, publicadas regularmente por el Instituto Nacional de Estadística. Copiando literalmente el título que encabeza su nota de prensa, reproducimos: “El gasto en I+D interna aumentó un 6,3% en 2018 y alcanzó los 14.946 millones de euros, el 1,24% del PIB”.

Cabe significar la tendencia creciente de esos datos globales, pero sobre todo parece urgente llamar la atención sobre su dimensión –crecimiento de tres centésimas sobre el 1,21% anterior– estando como estamos alejados más de siete puntos del objetivo del 2% del PIB que nos marcamos hace ya unos cuantos años. Con este ritmo de crecimiento, la posición relativa de España en comparación con los países con los que competimos por los mercados con demanda de productos innovadores va posiblemente a empeorar.

Teniendo en cuenta los datos internacionales más recientes (OCDE y Eurostat para 2017) se, comprueba, primero, que el gasto español del 1,21% de PIB estaba en ese año muy por debajo del promedio de la zona euro, un 55,8 % del mismo. Además, en el periodo de crisis, la tendencia en una mayoría de países ha sido la de aumentar su esfuerzo I+D. Así, en la zona euro se pasa en eso años del 1,89% del PIB en 2008 al 2,15% en 2017, mientras en España se pasa del 1,32% en 2008 al 1,21 en 2017. Así, la posición española retrocede en este periodo, pues pasa de representar el 70% de la media de la eurozona en 2008 al menos del 56% en 2017. Un matiz importante es que el aumento del promedio europeo no se ha debido solo al mayor esfuerzo de los países más dinámicos en ciencia y tecnología, sino que también otros más próximos a España como Italia o Grecia han aumentado significativamente su esfuerzo en I+D en esos años.

Ante este escenario –y siempre buscando los signos positivos para evitar cualquier lectura derrotista de su análisis– merece destacar el crecimiento, por segundo año consecutivo, de las cifras de inversión provenientes del sector de empresas, que se sitúan un 9,3 % por encima del año anterior, siendo esta partida la responsable del incremento de la ratio general, ya que el gasto público apenas crece al ritmo promedio de la economía, manteniéndose constante lo que representa respecto al PIB. Al igual que ya se indicó en el primer párrafo de este artículo, el crecimiento es insuficiente; pero, conocedores de como pueden subir las cifras del sector privado en el entorno en que vivimos, es de justicia señalar la tendencia de unas cifras que suponen tres veces el aumento del PIB del año.

Como es obvio, ante este escenario solo cabe posicionarse de forma decidida y plantearse que, para que la brecha entre España y el resto de los países avanzados se aminore, es imprescindible la formulación de un plan de choque. Esta aproximación de emergencia se hace ante otro tipo de situaciones límites, cuando los países valoran seriamente la gravedad de la situación. La decisión se hace en función de la imperiosa necesidad de acometer el reto con carácter previo a su cuantificación económica. Es una afirmación errada decir que no hay fondos, cuando la realidad es que no se cree en la urgente demanda de corregir ese problema. Solo después de esa determinación para corregirlo, cabe entrar en la cuantificación del volumen de fondos necesarios a invertir. Desgraciadamente, en España estamos todavía en la primera parte del problema: no nos creemos que la inversión en I+D+I es urgente, imprescindible, para posicionarnos como un actor en el pelotón de cabeza de los países con futuro.

A pesar de la rotundidad en la defensa de asignar más recursos a la I+D+I, no queremos que esta defensa se limite al ámbito presupuestario. Para que las políticas que se propongan tengan éxito, se necesita cumplir con dos principios básicos, cuya eficacia ha sido corroborada por otros actores y en otros escenarios. El primero es la decisión sobre dónde poner las apuestas; elegir entre los múltiples campos donde querer ser alguien con capacidad de participar. En sociedades organizadas, la labor de decidir no es fácil, pero, en estos tiempos tan convulsos, de recursos limitados y escasos, es un reto imprescindible.

El segundo de los principios es establecer tiempos, plazos largos y continuidad en las políticas. Insistimos: la I+D+I es una práctica que, una vez que se elige la senda, tiene que disponer de tiempos en los que las decisiones se dejen madurar, aprender de los errores, corregir los defectos y mantener las apuestas con instrumentos renovados, pero no contradictorios. Se necesitan, además, garantías jurídicas para que los actores inversores tengan la tranquilidad de que su apuesta de riesgo no está sometida a vaivenes imprevisibles, que impactan de forma potencialmente dañina en sus decisiones.

Pues bien, en nuestro país, las prácticas de los años de democracia han dejado como rastro un conjunto de modelos de gestión de la I+D+I publica – y, consecuentemente, con su impacto sobre el mundo privado–que ha variado en demasía, muchas veces ligada al color del equipo de gobierno de turno. En estos días en que se están dando los primeros pasos para constituir un Gobierno que se ajuste a las votaciones del pasado 10 de noviembre –y siempre dentro de la rumorología inevitable sobre los posibles equipos– se reitera, como un hecho seguro la aparición de un ministerio de Universidades. Su confirmación nos llevaría a que tendríamos un ministerio de Ciencia y otro de Universidades y, horror, ante un tremendo paso atrás en el progreso de las ideas que se han consolidado en múltiples escenarios políticos. Es decir, separar en trozos el conjunto de la cadena, investigación, desarrollo e innovación, además de contravenir la regla de las buenas prácticas actuales, solamente se comprendería como el resultado de satisfacer equilibrios políticos y no las necesidades reales de la sociedad.

Por favor, cuando tenemos cosas tan graves que corregir, no nos hagan cosas raras; piensen en el largo plazo y pónganse de acuerdo con todos los que tienen algo que decir, para que el futuro de nuestra sociedad se alinee con las apuestas por alcanzar, y no de un pasado que ya creíamos superado.

José Molero / Francisco Marín son miembros del Foro de Empresas Innovadoras

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