Política de Vivienda

Ley del Suelo y alquiler asequible: los retos de vivienda más urgentes en Madrid

La comunidad necesita casas a precio por debajo de mercado para solucionar los problemas de acceso a la vivienda especialmente de los jóvenes

Dos personas pasean por barrio del Cañaveral (Vicálvaro), en plena construcción.
Dos personas pasean por barrio del Cañaveral (Vicálvaro), en plena construcción.

Madrid es la comunidad autónoma más cara para vivir de todo el país y una de las regiones donde más se han encarecido los precios de la vivienda en los últimos años. Ante el problema creciente para acceder a una casa, especialmente entre los más jóvenes, son muchos los retos urgentes pendientes de afrontar por la clase política, entre ellos, actualizar la ley del suelo a las necesidades actuales, agilizar la concesión de licencias y buscar fórmulas para potenciar el alquiler asequible. Entre los promotores, preocupa además la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, por su defensa del control de precios de las rentas, algo que, avisan, podría estrangular la oferta.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) –y de la rama madrileña Asprima-, Juan Antonio Gómez-Pintado, se mostró este viernes “muy preocupado” ante la posibilidad de que Unidas Podemos lleve a la práctica, una vez acceda al Ejecutivo, algunas de las medidas que ha defendido en campaña, como la limitación de los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas, la extensión de la duración de los contratos de alquiler “más allá de lo razonable” o el endurecimiento los desahucios.

“Lo único que va a hacer es detraer la oferta, perjudicar a la demanda, elevar precios y crear una economía sumergida no deseada”, advirtió Gómez-Pintado en un foro sobre vivienda organizado este viernes por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y el despacho de abogados Uría Menéndez.

Más allá de las consecuencias que puedan tener las decisiones del Ejecutivo central sobre la región, el socio de Uría Antonio Gómez Cid resaltó que, si bien la competencia exclusiva en materia de Vivienda es de las comunidades autónomas, Madrid, gobernada por Isabel Díaz-Ayuso, no cuenta con una Ley de Vivienda a diferencia del “resto de comunidades que sí han regulado” este ámbito.

A ese respecto, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad, José María García, negó que fuera necesario dotarse de tal legislación, algo en lo que insistió también el consejero de Vivienda, David Pérez, quien resaltó que “nuestra Ley de Vivienda es la libertad”. Un punto de vista no compartido por el PSOE, que defiende la necesidad de “dotarse de un marco de reglas claro”, señaló la portavoz socialista de la Comisión de Vivienda, Cristina González.

Ley del Suelo anticuada

El director general sí reconoció, en cambio, que la “Administración pública no había tenido capacidad de respuesta para poner a disposición la materia prima de la vivienda, el suelo”, ya que la normativa produce “barreras e inseguridad jurídica”. En opinión del socio de Uría, la ley urbanística madrileña, que data de 2001, “se ha quedado anticuada y ha sido ampliamente superada por la ley estatal, lo que genera muchos problemas”. “Se están anulando planes urbanísticos a pesar de estar cumpliendo con la normativa madrileña por incumplimiento con la ley estatal”, destacó.

Por su parte, la vicepresidenta de Asprima, Carolina Roca, criticó que la Comunidad llevara prácticamente “15 años con los suelos paralizados” y apuntó que tras la crisis, la iniciativa privada en la construcción de vivienda protegida no se había recuperado.

La presidenta de la Comisión de Vivienda del grupo popular, Yolanda Estrada, señaló en ese sentido que su partido estaba trabajando en una nueva Ley del Suelo que en la pasada legislatura había sido bloqueada en la Asamblea de Madrid por la izquierda y rechazada en el último momento por Ciudadanos.

El portavoz de Cs le replicó que era necesario buscar el mayor consenso posible para asegurar su permanencia y que no sea cambiada a cada legislatura. Desde Vox, su portavoz, José Luis Bartolomé, dijo no estar convencido de la necesidad de una nueva regulación y apuntó que “el problema es que desde 2001 no se ha desarrollado reglamentariamente la ley”, pese a haber sido modificada en más de 10 ocasiones por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Licencias que pueden demorarse más de un año para su concesión

A pesar de que la fallida nueva Ley del Suelo contemplaba la concesión de licencias de primera ocupación por declaración responsable de la dirección facultativa, el portavoz de Cs anunció que ya se estaba trabajando en un borrador de una ordenanza que busca agilizar los plazos y que confió “será de gran alivio para el sector”.

Él, como arquitecto, dijo haber sufrido esperas de hasta 14 meses para obtener una licencia de obra, mientras que el presidente de los promotores tachó de “dramático” el hecho de que los agentes del sector tuvieran que esperar hasta cinco meses para obtener la licencia de primera ocupación, sin la cual no puede entregar las viviendas a sus propietarios, por mucho que ya estén finalizadas.

Parque de alquiler asequible con colaboración público-privada

Por otra parte, mientras que la Comunidad se encarga de dotar a las personas en situación de exclusión una vivienda social, la mayoría de ponentes defendió la necesidad de poner en marcha iniciativas de colaboración público-privada para generar un parque de vivienda asequible a jóvenes y otros colectivos con capacidad económica pero escaso nivel de ahorros. Según señaló el director general de Vivienda “no hay presupuesto público para desarrollar directamente” suelos públicos para esa finalidad.

En ese sentido, recordó que el Ejecutivo madrileño busca construir 15.000 nuevas viviendas en toda la Comunidad con un precio limitado a 40% del valor de mercado para tratar de presionar a la baja los precios. Ello se hará, dijo, a través de la cesión de suelo público a constructores privados por una concesión de 75 años para que tengan tiempo de recuperar la inversión. Según añadió el consejero de Vivienda, esta medida generará 100.000 puestos de trabajo.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, insistió en que haya certidumbre jurídica no solo para los promotores, sino también para los inquilinos, ya que en el pasado, la venta de vivienda pública a fondos de inversión como Blackstone hizo que las condiciones iniciales cambiaran en perjuicio de los ocupantes provocando una "tremenda inseguridad jurídica".

Más allá de sacar suelo público para su explotación, el portavoz de Más Madrid, Jorge Moruno, llamó a dar una solución para las viviendas vacías, una cuestión de la que criticó la "dejación total" de la Comunidad, de la que dijo, no se ha preocupado en saber cuántas hay, en qué condiciones y porqué están vacías. Los últimos datos, del censo que elabora el INE cada 10 años, el último en 2011, indican que en Madrid había más de 263.000 viviendas vacías. Recordó, en ese sentido, que el Tribunal Constitucional avaló la medida del Gobierno vasco de expropiar casas deshabitadas durante más de dos años sin causa alguna, siempre que estén situadas en zonas de alta demanda y no sean segunda residencia.

Normas
Entra en El País para participar