Un paso más hacia las finanzas sostenibles

Los bancos centrales están fomentando la inclusión de criterios verdes en la gestión de sus carteras

Un paso más hacia las finanzas sostenibles

En la reunión anual del FMI que acaba de celebrarse en Bali, la Unión Europea ha anunciado una iniciativa para avanzar en su plan de acción sobre finanzas sostenibles de 2018, la creación de una Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles (IPSF). Está promovida, aparte de la Unión Europea, por Canadá, China, India, Argentina, Chile, Kenia y Marruecos. El nuevo proyecto pretende ser un foro de intercambio de información de iniciativas, de promoción de buenas prácticas y de coordinación de cuestiones medioambientales. Acordar las actividades que contribuyen a la sostenibilidad y fijar criterios sobre requisitos que los productos financieros deben tener para garantizarse una etiqueta ecológica entrarán dentro de sus cometidos

El objetivo final, según se estableció en 2015 por la ONU en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Acuerdo de París sobre el clima, es lograr que la economía, sus infraestructuras, tengan un bajo uso de carbono, sean más eficientes en su uso de recursos y por tanto más sostenibles medioambientalmente.

La IPSF se une así a las iniciativas del G20 de impulsar el Sustainable Finance Study Group (SFSG), de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para hacer más verde el sistema financiero (NGFS), impulsada por el Banco central de Francia, en la que participan 46 autoridades nacionales y nueve observadores internacionales, y de la Red Internacional de Centros Financieros para la Sostenibilidad (FC4S), promovida por Naciones Unidas, en la que España participa a través del Barcelona Centre Financer Europeu y recientemente de FinResp, creada por asociaciones privadas del sector financiero.

La red de bancos centrales NGFS ha tomado una iniciativa interesante al fomentar que los propios bancos centrales incluyan criterios de sostenibilidad en la gestión de sus carteras. Así, han publicado una guía de prácticas (A Sustainable and Responsible Investment Guide for Central Banks’ Port­folio Management) que se apoya en los resultados de una encuesta sobre inversiones responsables y sostenibles. Veinticinco bancos centrales responden que ya aplican desde consideraciones sociales, ambientales y de gobernanza (ASG) en la gestión de sus carteras hasta cuestiones específicas relativas al cambio climático. Se espera que continúen otros documentos de análisis de riesgo y supervisión, entre otros.

Que los bancos centrales den estos pasos es valioso para generar un clima positivo en el sector. El Banco de Francia publicó en marzo pasado su informe de inversión responsable en el que, entre otras cuestiones, señala que considerará las emisiones de carbono de los países como uno de los criterios para inversión en deuda soberana o que excluirá de su cartera al 20% de los peor cumplidores de criterios ASG. Por otro lado, también orientará sus inversiones hacia fondos y bonos verdes.

Por su parte, el Banco de Holanda ha sido el primero en adoptar los principios de Naciones Unidas sobre finanzas responsables y se ha comprometido a aplicar e informar sobre el análisis ASG. Específicamente, en su declaración de inversión responsable, se compromete a excluir empresas que fabriquen bombas racimo, minas antipersonas, armas químicas o biológicas o ciertas armas nucleares. Este objetivo tan loable aun tiene falta fundamentalmente de concreción y delimitación de lo que es verde o sostenible. Evidentemente, no basta con declaraciones y campañas en las que las entidades se autoproclamen defensoras de la sostenibilidad y cuidadosas del impacto del cambio climático. Todas estas plataformas y redes pretenden avanzar en la línea de coordinación de taxonomías y de criterios. Esperemos que toda la proliferación de proyectos encuentre puntos comunes de acuerdos en definiciones y en métricas.

En la multitud y diversidad de demandas sobre necesidad de criterios y definiciones por acordar hay dos alternativas, una en positivo y otra en negativo. En el primer caso, hace falta una taxonomía de lo que constituyen actividades sostenibles. En el segundo caso, se requiere definir los riesgos ambientales de todo proceso económico, la cara opuesta a la sostenibilidad.

Sobre la información, también hay dos necesidades: por un lado, hacen falta criterios de cómo informar de cuál es el impacto ambiental de las actividades empresariales. Y por otro, de cuál sería la vulnerabilidad de las empresas a riesgos ambientales.

En este sentido, diversas voces, entre ellas el Banco Central Europeo, han pedido a las entidades de calificación crediticia que incorporen en sus ratings información sobre la exposición de las empresas a riesgos ambientales. La Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) ha publicado unas directrices a respecto.

Por último, también es necesario avanzar en la medición cuantitativa del impacto ambiental. En la actualidad hay diversas alternativas, pero la discrecionalidad es elevada y se necesitaría una convergencia en las mismas.

Evidentemente el sistema financiero puede contribuir al objetivo de avanzar hacia una economía sostenible movilizando recursos hacia inversiones que cumplan con dichos principios. Pero debe haber proyectos que cumplan los requisitos para poder denominarse sostenibles.

Los bancos españoles se han unido a este compromiso desde varios frentes. En primer lugar, muchos han ofrecido movilizar recursos a proyectos medioambientales y sociales y casi todos ofrecen productos verdes, que cumplen con el objetivo de sostenibilidad. En segundo lugar, muchos de ellos han incluido las actuaciones dirigidas a la sostenibilidad en sus organigramas, a veces mediante comités específicos, a veces unidos a los temas de responsabilidad corporativa. Y el riesgo climático está pasando a incluirse en las políticas de control. Así, la información no financiera publicada en 2019 ya ha incluido cuestiones de sostenibilidad.

Seguiremos viendo avances en concreción de taxonomías y en medición. La etiqueta de la sostenibilidad será cada vez más necesaria en las actividades económicas e imprescindible en cualquier nuevo modelo de mediación financiera.

Nieves García Santos es Economista y exdirectora de inversores de la CNMV