CC OO y UGT intentan que el Parlamento suba las pensiones más de un 0,25%

Escrivá apuesta por acercar la edad efectiva de jubilación a 67 años y por calcular la pensión con toda la vida laboral

Manifestación de pensionistas en Madrid, a las puertas del Congreso de los Diputados.
Manifestación de pensionistas en Madrid, a las puertas del Congreso de los Diputados.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2020 y la inexistencia de Gobierno obligará a que las pensiones subirán en enero próximo lo que marca la ley: un 0,25%. Aunque cabría la posibilidad de que el actual Gobierno en funciones aplicara una subida de las pensiones del IPC previsto a través de un Real Decreto, es muy poco probable por las dificultades jurídicas que tendría esta fórmula en las actuales circunstancias. 

Ante este escenario, los responsables de los sindicatos CC OO y UGT han iniciado una negociación con los principales grupos parlamentarios de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos con el objetivo de arrancarles un compromiso público para que el Parlamento que surja de la próxima sesión constitutiva del 3 de diciembre, tras las elecciones del 10 de noviembre, apruebe una proposición de Ley que apruebe una subida de las pensiones teniendo en cuenta la referencia del IPC, en lugar del 0,25%.

Así lo han explicado hoy los responsables de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo, y de UGT, Carmen Barrera, durante un coloquio sobre "La sostenibilidad de las pensiones" organizado por Servimedia. Ambos dirigentes sindicales han precisado también que este compromiso de los cuatro grandes partidos debería incluir que la tramitación de esta ley se realizara por el trámite de urgencia de forma que los pensionistas pudieran cobrar ya el incremento en su nómina del 31 de enero o febrero a lo más tardar.

Las negociaciones están aún en un momento incipiente ya que CC OO y UGT enviaron las cuatro cartas con la propuesta el pasado viernes y ahora están recibiendo las primeras respuestas de los partidos y cerrando fechas para próximas reuniones.

Los sindicatos propondrán a los responsables parlamentarios que la subida se haga en función del IPC interanual de noviembre, que era el indicador que se usó entre 1996 y 2013 para actualizar las pensiones. Sin embargo, fuentes de la negociación creen que el Gobierno podría estar pensando en utilizar el IPC medio de 2019 para esta revalorización inicial en 2020. En cualquier caso, la proposición de ley que se pacte, si CC OO y UGT logran arrancar dicho compromiso político, incluirá cual será esa subida. Desde los sindicatos añaden que sea cual sea el indicador que se acuerde "debería aspirar a quedarse para siempre".

Problema financiero

Este coloquio celebrado hoy ha sido inaugurado por el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, quien ha recordado la opinión elaborada por este organismo a principios de este año, instando al Gobierno a abordar los problemas financieros de la Seguridad Social.

Concretamente, Escrivá ha apostado por dos medidas para contener el incremento del gasto en pensiones de tres puntos --del 11,7% a casi el 15%-- previsto hasta el inicio de la década de 2040 a 2050. La primera de estas soluciones de la Airef consistiría en profundizar en el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años aprobada en 2013 y actualmente en periodo de implantación hasta 2027. En su opinión si la edad efectiva media a la que se jubila la mayoría (no la legal) se acercara lo más posible a esos 67 años, "se corregiría la mitad del problema de gasto previsto". Actuamente, la edad efectiva de retiro ronda los 63 años.

La segunda de las soluciones aportadas hoy por Escrivá consiste en prolongar a toda la vida laboral los años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión. Actualmente se tienen en cuenta los últimos 22 años y aumentarán progresivamente hasta los últimos 25 años a partir del año 2022. Con este alargamiento de los años cotizados que computan para la pensión, "se arreglaría otra parte muy significativa" del déficit del sistema.

Junto a estas medidas paramétricas, el responsable de la Airef coincidió con los representantes sindicales en reestructurar los gastos de la Seguridad Social, haciendo que algunas prestaciones menos contributivas como la viudedad y la orfandad; las políticas activas de empleo y las ayudas a la contratación; o los gastos de funcionamiento del sistema se paguen con impuestos en lugar de con cotizaciones sociales. De esta forma, podrían liberarse más de 15.000 millones anuales de ingresos por cuotas.

 "Ese déficit debe visualizarse donde debe estar, que es en el Estado, porque visualizarlo en la Seguridad Social es desviar la solución del problema", ha añadido Escrivá.

 

 

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