Gestión público-privada

La vivienda social se inspira en el caso holandés para reforzar la oferta de alquiler

Entidades sin ánimo de lucro gestionan el parque público holandés, que supone un tercio de todas las viviendas del país

Viviendas de protección oficial.
Viviendas de protección oficial. EFE

España tiene uno de los parques públicos en alquiler más exiguos de toda la Unión Europea. Tan solo representan el 2% de todas las viviendas del país, frente al 7,5% de la media comunitaria. Frente a la escasez de oferta por parte de la Administración, algunos agentes sociales del tercer sector se han fijado en el modelo holandés para tratar de ofrecer vivienda asequible.

La vivienda pública en alquiler en Holanda supone un 32% de todo el parque del país. Para liberarse de la enorme carga de gestión, mantenimiento y rehabilitación, en la década de los noventa el Estado externalizó estas tareas a las housing associations, entidades sociales sin ánimo de lucro expertas en mediación social.

Estas asociaciones también promueven casas en el mercado privado, pero deben reinvertir los beneficios en la construcción de vivienda social. Para esta última, obtienen condiciones ventajosas de financiación por parte de la Administración, a través de préstamos con tipos de interés muy bajos, suelo barato y respaldo público en caso de quiebra, explica el arquitecto Juan Francisco Fernández Rodríguez, formado en la Universidad Técnica de Delf (Holanda) y la de Sevilla, y que recientemente participó en una ponencia en la Fundación Alternativas.

Aunque admite que este modelo no se podría extrapolar al caso español por las “enormes diferencias” políticas, sociales y económicas, sí cree que en España se deberían producir “consorcios público-privado-sociales” de tal forma que las entidades que ya están trabajando en la mediación social se incorporen en la gestión de los parque públicos para facilitar la labor de la Administración y aumentar la implicación de los inquilinos.

En los últimos años y especialmente a raíz de la crisis económica, se han multiplicado los actores que tratan de buscar soluciones a la falta de vivienda asequible en nuestro país. Dos ejemplos, detalla Fernández, son Provivienda en Madrid y Habitat3 en Cataluña, fundaciones que gestionan un parque de casi 1.000 casas cedidas por propietarios privados para colectivos vulnerables.

Mediante la suscripción de un seguro por impago y otro a todo riesgo, los arrendadores se garantizan que se les devolverá la casa en el mismo estado en el que la entregaron, a cambio de alquilarla a un precio por debajo de mercado. Aunque ello no supone un incentivo a quienes alquilan en el mercado libre, Fernández defiende que sí da una salida a las viviendas vacías o deshabitadas que con el paso del tiempo se deterioran o vandalizan, y ofrece ventajas a quienes no alquilan por miedo a impagos o desperfectos.

El caso holandés va mucho más allá. Para recuperar el parque obsoleto en vez de demolerlo, así como para generar una mayor vinculación de los inquilinos con las viviendas, las housing associations ofrecen importantes descuentos (el primer año libre de renta, por ejemplo) a los arrendatarios que se encarguen de adecentar sus casas, descargando del mantenimiento a unos y abaratando las rentas a los otros.

El contrapeso de un parque numeroso

Romper el estigma. Más de un tercio del parque de vivienda en Holanda (el 32%) es de titularidad pública, lo que permite que un gran número de colectivos –personas más vulnerables, jóvenes, pensionistas, y clase media en general– acceda a estas viviendas, lo que, según explica el arquitecto Juan Francisco Fernánez, elimina el “estigma social” y la marginalización que sí se da en España.

Contención de precios. El gran de vivienda social permite a estos parques públicos hacer de contrapeso a la oferta del mercado libre y limitar los fuertes repuntes de precios. "Al existir tanta vivienda pública, el mercado privado se ve forzado a competir en precios con ella", prosigue Fernández. Este mismo viernes, Berlín ha anunciado la recompra de 6.000 viviendas en la capital para tratar de frenar la escalada de precios, una medida que se añade a decisión del Gobierno berlinés de congelar las rentas durante cinco años. 

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