¿Vulneran los mostradores de Hacienda la privacidad del contribuyente?

La falta de intimidad en servicios de atención al ciudano ya ha sido objeto de sanción

¿Vulneran los mostradores de Hacienda la privacidad del contribuyente?

La confidencialidad de las conversaciones en un servicio de atención inmediata al ciudadano puede verse vulnerada como consecuencia de la infraestructura del lugar habilitado para estas oficinas. Los datos aportados por un particular al trabajador público o profesional sobre su vida personal, salud o sus finanzas, es información sensible que puede estar escuchando, sin querer, el cliente de al lado. Una situación que puede afectar a muchas oficinas públicas (mostradores de Hacienda, dependencias judiciales, hospitales, etc.) y privadas (sucursales bancarias, atención al cliente..), en las que la concentración de personas que demandan atención presencial hace peligrar la intimidad de los ciudadanos. En estas circunstancias, ¿podría denunciarse a Hacienda por vulnerar la ley de protección de datos?

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo regulador que vela por el cumplimiento de la normativa en empresas y administraciones, ha sancionado recientemente al Ayuntamiento de Parla por no tomar las medidas oportunas para asegurar la privacidad de los vecinos que acuden a sus oficinas de servicio social. Según denunció el sindicato, trabajadores sociales, educadores, mediadores y psicólogos, compartían despacho a la vez que atendían a las familias de Parla, de modo que "un vecino puede estar escuchando la vida de otro".

En su resolución, del mes de agosto (cuyo texto puede consultar aquí), la AEPD apercibe al consistorio por no haber acometido las reformas proyectadas para evitar el riesgo de filtración de información tan sensible. El organismo considera que la dejadez del consistorio ha vulnerado los derechos del ciudadano, al no promover las “medidas técnicas y organizativas” adecuadas para asegurar la “confidencialidad de los datos tratados en los espacios en los que se atiende a los ciudadano”.

Según se recoge en el expediente, durante más de 4 años y hasta la segunda quincena de 2019, el ayuntamiento mantenía en su centro de atención social el uso común de espacios para los profesionales, que atendían a las familias en despachos compartidos con mesas separadas por biombos.

Tras un primer requerimiento por parte de la AEPD, el consistorio afirmó que la situación se debía a una mayor demanda ciudadana, sobre todo a partir de la crisis económica, lo que había provocado una reorganización de los recursos del departamento, dando mayor prioridad a la atención inmediata o presencial. El aumento de citas provocó, según el ayuntamiento, la “utilización conjunta de los espacios disponibles”. No obstante, se comprometió a solucionar el problema mediante el acondicionamiento de un local de titularidad municipal, y reubicando mientras tanto a los profesionales en otros centros.

La situación no mejoró, lo que motivó una nueva reclamación a la agencia de los trabajadores del consistorio, que han conseguido que el organismo abra expediente al ayuntamiento y le aperciba por vulnerar la confidencialidad de sus administrados. La AEPD considera responsable al ayuntamiento pese a que le consta que se están adoptando medidas para solucionar el problema.

¿Habrá más sanciones?

La cultura del respeto a la privacidad está calando en la población, que cada vez denuncia más infracciones de su intimidad, conscientes de su importancia. Por otro lado, empresas y administraciones tienen la obligación de adaptar su organización y medios para cumplir con la normativa. Situaciones que antes podían parecer normales, o, simplemente, inevitables, como ser llamados por nombre y apellidos en la consulta de un hospital, se perciben hoy como circunstancias denunciables. En opinión de José Luis Piñar, of counsel de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, el apercibimiento de la AEPD al ayuntamiento de Parla va a generar “sin duda” que los consistorios tengan que cambiar su modo de actuar. Para Piñar, es su responsabilidad, pese a los problemas que, sobre todo los pequeños y medianos ayuntamientos, tienen con los espacios y los medios. Dicho de alguna manera, continúa, “es su problema, y lo tienen que solventar”. Además, concluye, “es una de las cosas buenas que tiene la protección de datos, que se cambian modos de actuar que pasan a ser normales, y nos hacen ver que lo que antes se hacía no tiene sentido.”

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