La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al BBVA por el ‘caso Villarejo’
La acusación, que debe ser aceptada por el juez, podría acarrear fuertes multas para la entidad
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado esta mañana un informe en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 en el que solicita la imputación de BBVA como persona jurídica tras examinar documentación que acreditaría "la contratación y el pago" de antiguos altos cargos del banco al excomisario de policía José Manuel Villarejo. En concreto, Anticorrupción ha decidido hacer esta petición a la Audiencia Nacional por presuntos delitos de "cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción entre los negocios entre particulares", señala el escrito.
Asimismo, la Fiscalía descarta por el momento que BBVA "pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados", por lo que ha pedido que se desestime su solicitud de personarse en la causa como acusación particular. Esta medida impediría a la entidad tener acceso al sumario del caso.
Anticorrupción señala que el análisis de la documentación incautada en los registros en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA constataría que "la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo Pérez, afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal". La Fiscalía, tras presentar la petición de imputación como ya había adelantado el diario EL PAíS, espera ahora la respuesta del juez de la Audiencia, Manuel García-Castellón.
La Fiscalía imputa el presunto delito de cohecho a las contrataciones realizadas al grupo Cenyt destinadas al "desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito". Por su parte, el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos se achacan a "una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria". Por último, el presunto delito de corrupción de los negocios se imputa a que algunos de los ejecutivos de BBVA investigados "habrían recibido dádivas del entorno del grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones".
La Fiscalía señala que estas conductas pueden implicar responsabilidad penal de las personas jurídicas lo que supondría importantes multas por el supuesto beneficio a la sociedad de la actividad ilícita.
La petición se produce después de la comparecencia como investigados a ocho cargos actuales y pasados de la entidad, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado. Casi todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa y el juez tiene previsto citarle de nuevo cuando levante el secreto de estas diligencias. En cualquier caso, esta petición de la Fiscalía no presupone la imputación de los miembros del consejo de administración del banco, algo que solo ocurre si hay una relación directa del implicado con los hechos investigados.
Carlos Torres pide "evitar prejuzgar" los hechos no constatados
Tras conocer la petición de Anticorrupción el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha enviado un comunicado a su plantilla, que ha adelantado EL PAÍS, en el que pide "evitar prejuzgar" los hechos que están siendo investigados por la Justicia y que implican a la entidad que preside en el supuesto pago a la sociedad de Villarejo para realizar trabajos de investigación y espionaje.
"Mientras el asunto se resuelve tenemos que evitar prejuzgar hechos no constatados y, sobre todo, debemos mantener nuestro foco en nuestros clientes y trabajar conforme a nuestros valores para hacer realidad nuestro propósito y tener un impacto positivo en la sociedad", ha expresado.
En la comunicación les informa de que la investigación interna abierta por BBVA y para la que ha contratado a PwC, al despacho Uría Menéndez y al bufete Garrigues "avanza a buen ritmo", aunque evita ofrecer detalles al encontrarse "supeditada a la investigación judicial, todavía bajo secreto de sumario". "Como era de esperar, hemos visto también que se van dando pasos
en esa causa judicial, con la que seguimos colaborando activamente", ha indicado el banquero.