España ha superado la enfermedad, pero aún queda la convalecencia
Existen riesgos que pueden impedir cumplir con los ingresos previstos por el Gobierno para este año y el siguiente
Europa cerró ayer por fin el último de los procedimientos por exceso de déficit público que permanecían abiertos en la UE como consecuencia de la última crisis económica, al sacar a España del severo control a que ha estado sometida durante los últimos diez años. La decisión, que deberá ser ratificada formalmente en el próximo Ecofin, se ha adoptado tras constatar que la economía española cerró 2018 con un desvío presupuestario del 2,5%, por debajo del 3% del PIB que las normas comunitarias fijan como línea roja. Con ese cierre, la UE puede presumir de tener por primera vez en mucho tiempo las cuentas públicas de todos sus miembros en un estado razonablemente saneado, a salvo de lo que pueda ocurrir en un futuro próximo con Italia, a la que la Comisión Europea estudia de nuevo colocar bajo la sombra de su brazo corrector.
Aunque Bruselas felicitó ayer a España por haber culminado lo que calificó como “un camino duro”, del análisis de esos diez años de ajuste se concluye que la senda ha sido áspera, pero especialmente larga, en cuanto a que se ha apoyado más en un aumento de los ingresos fiscales que en un severo recorte de gastos capaz de haber contribuido a acelerar el proceso. Cuando la CE abrió el procedimiento de control en 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España había cerrado 2008 con un déficit del 4,4%, que se disparó ese primer año hasta el 11%, bajó hasta el 9,4% en 2010 y repuntó hasta el 9,6% en 2011 y hasta el 10,52% en 2012. A partir de ahí la rebaja fue progresiva, pero a un ritmo sustancialmente menor al exigido por Bruselas y alimentada principalmente por el alza de impuestos.
Diez años después, y pese a la legítima satisfacción que supone haber culminado esa larga etapa, la economía española ha controlado la enfermedad, pero no se puede decir que haya finalizado la convalecencia. Como recordó ayer la propia CE, pese a que las previsiones presupuestarias del Gobierno son “verosímiles”, existen riesgos capaces de poner en cuestión que España cumpla con los ingresos previstos para este año y el siguiente –apoyados en una batería de medidas fiscales de incierta capacidad recaudatoria–, razón por la que Bruselas recomienda realizar un recorte adicional del gasto de unos 8.000 millones que cuadre las cifras. Entre los problemas que la economía española arrastra, la CE ha vuelto a destacar el desempleo y un sistema de pensiones cuya reforma sigue pendiente y que constituye una bomba capaz de hacer naufragar todo el esfuerzo realizado.