No nos olvidemos del Parlamento Europeo
Una de las explicaciones para el desinterés por la cosa pública es la complejidad institucional
Seguramente, la crítica más repetida a la Unión Europa se debe en gran parte a su llamado déficit democrático, puesto que de entre todo su complejo tejido institucional solo los miembros del Parlamento Europeo son elegidos a través de sufragio directo por la ciudadanía. No obstante, es importante que seamos conscientes del peso y la importancia que tiene esta institución: tanto como colegislador junto al Consejo de la Unión Europea, primero, como contrapeso institucional, después, al resto de poderes de la Unión (que recordemos, no se conforman a través de sufragio directo).
Desde 1979, fecha de la primera elección del Parlamento Europeo mediante sufragio universal directo, la participación de los ciudadanos europeos no ha parado de bajar, pasando de 61,8% en 1979, con 9 Estados miembros, a 42,61% en las últimas elecciones, con 28 Estados. Podemos por supuesto lamentar esa constante bajada, aunque parece también una tendencia compartida por los Estados miembros en sus propias elecciones parlamentarias (salvo algunas excepciones como el pasado 28 de abril aquí en España). En el caso europeo, es curioso notar que la curva de participación es inversa a la de los poderes del Parlamento Europeo adquiridos al hilo de los distintos tratados europeos: paradójicamente, cuanto más poder tiene el Parlamento Europeo, más desciende la participación.
Una de las explicaciones a este claro desinterés por la cosa pública europea puede residir en la complejidad y la imperfección del sistema institucional europeo. Resulta a menudo complicado distinguir simplemente una institución de otra (el Consejo de la Unión Europea es una institución distinta del Consejo Europeo, ¡que a su vez no tiene nada que ver con el Consejo de Europa!) o explicar el papel que juega cada una de las llamadas instituciones políticas (Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea, Consejo Europeo y Parlamento Europeo) en la adopción de decisiones. En particular, ¿cómo explicar que el Parlamento Europeo no goce de iniciativa legislativa propiamente dicha (salvo en contadas excepciones), al igual que cualquier otro Parlamento?
Sin embargo, no se debe olvidar que el Parlamento Europeo juega ahora un papel importante en la adopción de unas decisiones europeas que afectan a la vida cotidiana de los europeos. El Parlamento Europeo fue primero reconocido por los tratados europeos en 1957 como una asamblea parlamentaria europea con unos poderes muy limitados, siendo el Parlamento en el mejor de los casos consultado y, normalmente, simplemente informado de las decisiones tomadas por el Consejo.
Hoy en día, el Parlamento Europeo puede ser calificado ciertamente de colegislador junto con el Consejo de la Unión Europea (suerte de segunda Cámara legislativa en la cual los Estados miembros están representados), al ser la mayoría de las leyes europeas aprobadas siguiendo un procedimiento de codecisión entre ambas instituciones. Colegislar significa que el Parlamento tiene un enorme poder de negociación que le permite modificar las propuestas presentadas por la Comisión Europea y, por lo tanto, orientar las decisiones europeas en un sentido u otro. Decidir, por ejemplo, que las reducciones de CO2 de los coches para 2030 deben ser de 30% o de 37,5% (en relación con los niveles de 2005) depende en buena medida de la posición que adopta el Parlamento Europeo.
Entre los poderes que el Parlamento Europeo adquirió más recientemente figura el de definir anualmente el presupuesto europeo de nuevo junto con el Consejo de la Unión Europea y de aprobar el marco financiero para un periodo mínimo de cinco años. Como se sabe muy bien, decidir cómo se reparten los ingresos y los gastos del presupuesto total de la Unión Europea (alrededor de 165.800 millones de euros al año) es una decisión eminentemente política.
Además de desempeñar una labor propiamente legislativa y presupuestaria, el Parlamento Europeo juega un papel clave en el equilibrio de poderes en la Unión Europea y en particular de control de la Comisión Europea, principal órgano ejecutivo de la Unión. Se puede decir que la legitimidad democrática de la Comisión Europea proviene en parte del Parlamento Europeo y por ende de los ciudadanos europeos, recordando así el papel desempeñado por los Parlamentos nacionales en las democracias europeas. Desde las últimas elecciones europeas de 2014 y de la reforma introducida por el Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, debe tener en cuenta los resultados en las elecciones europeas para proponer el/la candidato/a a presidir la Comisión Europea. A fin de cuentas, significa que el/la presidente/a de la Comisión Europea debe su elección a lo que han decidido los ciudadanos europeos. Significa que, con su voto, los ciudadanos europeos deciden si prefieren ver un/a presidente/a conservador, liberal, social-demócrata o de cualquier otro color político al frente de la Comisión Europea.
Las próximas elecciones europeas representan, sin lugar a dudas, un momento importante para los ciudadanos europeos porque es la única ocasión que tienen de expresar, a través de la elección de una institución clave, tanto su apoyo a la Unión Europea como su rechazo. Deben ser conscientes de ello tanto los propios ciudadanos como los líderes políticos. No nos olvidemos del Parlamento Europeo.