El reto de integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral
La Fundación Once presenta la cuarta edición de Odismet, el observatorio de referencia sobre discapacidad y mercado de trabajo en España, en la que se comprueba que solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene un empleo en España.
Las personas con discapacidad siguen siendo una excepción en el mercado laboral en España. Los datos de la cuarta edición de Odismet, el observatorio sobre discapacidad y empleo, refrendan que todavía hay mucho trabajo por hacer. De las 1,86 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar en España, solo 481.000 están ocupadas, lo que representa apenas un 25,9% del total, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Una tasa de empleo que representa prácticamente una tercera parte si se compara con la de las personas no discapacitadas y que ilustra las dificultades propias que tiene que afrontar este colectivo en su día a día. “Hay un elemento transversal que justifica porqué los problemas de las personas discapacitadas no se resuelven: porque son invisibles y no se conocen”, recalcó Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE durante la presentación del informe en la sede del Grupo Prisa. Por ello recalcó la idoneidad de este tipo de informes, con más de 100 indicadores, “necesarios para generar políticas públicas”.
Los responsables del observatorio quisieron hacer coincidir la presentación del informe con la celebración del Día del Trabajo (1 de mayo) y con la celebración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (3 de mayo). El artículo 31 de la citada convención establece la obligación para los estados que la suscriban de recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permitan formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la normativa. “El problema no solo está en la baja tasa de empleo. Tenemos un stock de personas con discapacidad que no puede trabajar y también otro stock de personas con discapacidad que ni se lo ha planteado. Creen que no pueden acceder al mercado laboral y que no se le va a dar la oportunidad”, recalcó Luis Enrique Quífez, coordinador de Odismet.
“No podemos permitir que la tasa de empleo de las personas con discapacidad sea tan solo del 25%. El informe es una foto inconformista”, subrayó. ¿Por qué la importancia de demandar una integración más acelerada en el mercado laboral? Para Alberto Durán esa reivindicación es importante por tres razones. “El empleo es vital porque sirve para elevar la autoestima de la persona con discapacidad, porque acaba con los prejuicios y porque mejora la percepción del entorno”, aseguró el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Once, cuya matriz es el cuarto mayor empleador en España. En concreto, el grupo Once tiene una plantilla de 71.233 personas, de las que 41.138 (el 57,6% del total), tiene alguna discapacidad.
Puesto en contexto el problema de la integración laboral, el debate condujo a detectar otros posibles factores que bloqueen la entrada de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Algo que no debería ocurrir, toda vez que las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a contar con una cuota del 2% de empleados con discapacidad.
La última edición de la estadística del Directorio Central de Empresas, que elabora el INE, concluye que de las 3,3 millones de empresas activas en España, cerca de 26.000 tienen más de 50 trabajadores. De ellas 13.116 tienen entre 50 y 100 trabajadores, 7.033 tienen entre 100 y 200, 3.925 entre 200 y 500, 1.044 entre 500 y 1000, 750 entre 1.000 y 5.000 trabajadores y 119 con más de 5.000 empleados. “No se sabe a ciencia cierta cuantas empresas cumplen con la cuota, pero el único dato fiable es que 7 de cada 10 asalariados no tiene en sus empresas personas con discapacidad. Y esa ausencia de trabajadores es muy importante, porque el empleo es el factor que más disminuye el riesgo de caer en riesgo de pobreza”, denunció Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de Fundación ONCE. Tener una fuente de ingresos alternativas a las subvenciones que reciben de entidades como la Fundación ONCE es determinante para impulsar su autonomía económica. “El 32,9% de las personas con discapacidad no recibe prestaciones y eso afecta a 613.000 personas”, remarcó.
Una reivindicación con la que coincidió Juan Carlos Pérez, presidente de DCH, una organización que representa a 1.000 directivos de capital humano. “Creemos que la diversidad debe formar parte de la gestión del talento de las compañías. El 49% de las empresas que integran nuestra organización sí ha desarrollado políticas de gestión de la diversidad, aunque la gran mayoría están orientadas al género”, recalcó durante su intervención, en la que también hizo énfasis en la importancia del ejemplo de las grandes firmas. “Lo que hacen las multinacionales en materia de diversidad va a marcar lo que hagan los proveedores y las pymes”.
De hecho, Lobato inició a renglón seguido el turno de peticiones a las administraciones públicas, toda vez que está a punto de conformarse un nuevo gobierno estatal, y que en menos de un mes se celebrarán elecciones autonómicas y municipales. “Estamos trabajando en un plan de trabajo para impulsar el empleo para personas con discapacidad en pymes de menos de 50 trabajadores que no tienen obligación legal de hacerlo”, remarcó.
A la falta de voluntad por parte de las empresas a la hora de contratar se une la lentitud por parte de las administraciones para hacer cumplir el artículo 31 de la convención internacional de derechos de personas con discapacidad. “No se están explotando los registros administrativos para hacer políticas adecuadas para las personas con discapacidad. La principal novedad que hemos incorporado es que cada dos años vamos a introducir módulos en la Encuesta de Población Activa con información sobre ese colectivo”, añadió Miguel Ángel de Castro, director general de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios del Instituto Nacional de Estadística (INE). “El futuro de las estadísticas para las personas con discapacidad pasa porque las administraciones confíen en el INE. La gestión de los registros tiene que ser más ágil y no hay que poner trabas a su utilización”.
Formación y salario
Pero si el empleo es uno de los ejes de la integración de las personas con discapacidad, la educación pasa por ser el otro más importante. De los 481.000 que tienen un puesto de trabajo, solo el 29,4% tiene estudios superiores (frente al 42,9% de las personas sin discapacidad), mientras que el porcentaje que solo llega a primaria es del 11%, el doble que las personas sin discapacidad. “La inclusión en el sistema educativo debe ser real para evitar que concatenen titulaciones sin integrarse en el mercado laboral. Es importante que siempre haya una discriminación positiva”, indicó Nuria Grané, presidenta del Grupo de Trabajo de Empleo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante. “El 1,7% de los estudiantes universitarios es discapacitado (el porcentaje baja al 1,2% para los estudiantes de máster y al 0,7% para doctor) y es necesario estar atentos a sus reivindicaciones. Los estudiantes demandan más flexibilidad en las prácticas, más coordinación entre los servicios de empleo y los servicios de atención al estudiante y más facilidades para la movilidad internacional”. En su opinión, la principal asignatura pendiente se produce entre aquellos estudiantes “que no manifiestan necesidad de ayuda para no ser estigmatizados”. A más formación, más posibilidades de integrarse en el mercado laboral. “La tasa de empleo puede ser más alta si se amplían los estudios. Cuando las personas con discapacidad llegan a estudios superiores, la tasa de empleo escala del 25,9% al 45%”, concluyó Lobato.
La formación también marca un mayor salario. La remuneración media de una persona con discapacidad en España es de 19.297 euros brutos al año, lo que supone una diferencia del 17,1% frente a una persona sin discapacidad (23.273 euros). Además el salario oscila en función del genero, ya que el sueldo medio de las mujeres con discapacidad (17.365 euros) es muy inferior al de los hombres (20.614).