El follón legal con los opioides de EE UU recuerda a la guerra antitabaco

Esta vez será mucho más difícil demostrar y repartir la responsabilidad

Botes del analgésico OxyContin, de Purdue Pharma.
Botes del analgésico OxyContin, de Purdue Pharma.

El follón legal con los opioides de EE UU recuerda a la crisis del tabaco, que terminó con un acuerdo de conciliación por 206.000 millones de dólares en 1998. Pero esta vez será mucho más difícil demostrar y repartir la responsabilidad.

Hay claros paralelismos. Más de 47.000 estadounidenses murieron de sobredosis de opioides en 2017, y cerca de tres cuartos de los que se volvieron adictos en la década de 2000 comenzaron con píldoras recetadas. Supuestamente, los fabricantes exageraron los beneficios de los opiáceos y minimizaron los riesgos. Además, financiaron a terceros que impulsaron ideas no probadas y rentables, como la pseudoadicción: que los pacientes que mostraban signos de adicción solo necesitaban dosis más altas. Los distribuidores ignoraron las señales flagrantes de abuso: McKesson envió 3 millones de pastillas en menos de un año a un pueblo de 400 habitantes.

Sin embargo, con el tabaco era más fácil probar la responsabilidad. Las compañías ocultaron durante décadas que sabían que su producto era adictivo y dañino. Las víctimas solían quedarse con la misma marca hasta la muerte. Y unas pocas empresas dominaban el mercado. Por contra, las propiedades adictivas y mortales de los opiáceos se conocen desde hace siglos. La mayoría de las sobredosis están relacionadas con drogas ilegales como la heroína y ocurren años después de la prescripción inicial. Gran parte de la lucha se centrará en novedosas teorías legales que afirman que estas empresas han provocado perjuicios públicos y que deberían pagar para limpiar el desorden. En virtud de su acuerdo del mes pasado con el estado de Oklahoma por 270 millones, Purdue creará un centro para estudiar y tratar la adicción. Hay pendientes miles de juicios similares.

Ambas partes tienen razones para negociar. Las empresas temen la incertidumbre y los daños que podrían producirse en los tribunales. Las autoridades temen que no puedan probar su caso, o que un proceso desor­denado pueda conducir a quiebras y pagos desiguales. Pero no hay una receta clara. Parece que el fango legal, al igual que la crisis social subyacente, va a perdurar.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías

Normas