Confianza para una industria estratégica del motor
Las torpes y alarmistas declaraciones sobre los supuestos días contados de los coches diésel son un ejemplo de lo que no constituye una buena política
El número de las matriculaciones y ventas de vehículos en España acumula ya siete meses de preocupante mala racha en lo que constituye su peor registro desde los duros tiempos de la crisis económica. Las patronales apuntan como detonante el 1 de septiembre de 2018, fecha en que se introdujo en España la nueva normativa de homologación de consumos y emisiones WLTP, que aunque no entrará en vigor hasta 2021, ofrece unos resultados más aproximados a los consumos reales que el anterior sistema de control e incidirá en el precio de los vehículos, puesto que la cuantía del impuesto de matriculación se calcula en función de las emisiones. La norma, que se aplica en toda la UE, se incardina en una tendencia regulatoria global cuyo objetivo es reducir la contaminación ambiental y adaptar los mercados a unos estándares exigentes de sostenibilidad, pero que está ejerciendo una preocupante influencia en las cifras de la industria.
La situación, sin embargo, no es homogénea en todos los territorios. La caída de las matriculaciones en Baleares asciende a un 34% frente a una media de algo más del 4% en el resto de España. Las estrictas restricciones a los vehículos diésel que contempla la Ley de Cambio Climático de la comunidad balear explican un derrumbamiento del mercado que se ha focalizado principalmente en el segmento de particulares, especialmente vulnerables financieramente en sus decisiones de compra. En el extremo opuesto, la política del País Vasco, con un plan de achatarramiento de amplia cobertura, está impulsando exponencialmente las matriculaciones. Se trata de dos enfoques que pretenden alcanzar un mismo objetivo, renovar paulatinamente el parque de vehículos y estimular la demanda de coches de bajas emisiones, aunque con un impacto en el mercado cualitativa y cuantitativamente diametralmente opuesto.
La confianza constituye un elemento fundamental de cualquier estrategia regulatoria, especialmente de aquellas que afectan a la industria y el consumo. La torpe ofensiva contra el diésel que se ha desarrollado en los últimos tiempos, con declaraciones alarmistas sobre los supuestos días contados de este tipo de vehículos y posteriores desmentidos y correcciones, son un ejemplo de lo que no constituye una buena política industrial medioambiental, homogénea y sostenible. La industria del automóvil es una actividad estratégica y competitiva para España que adquiere todavía una mayor relevancia en una coyuntura de creciente desaceleración económica.