El Gobierno aprueba el régimen gratuito de las cuentas de pago básicas
Este tipo de cuentas da acceso a tarjetas, cajeros y domiciliaciones a las personas en situación de vulnerabilidad
En diciembre de 2017, el Gobierno popular traspuso a la legislación nacional una directiva comunitaria que garantizaba el derecho de los clientes a acceder a unos servicios financieros básicos. A finales de febrero, el Ejecutivo socialista detalló los condiciones que integraría la cuenta básica, pero no ha sido hasta este viernes cuando se ha incluido a los colectivos en riesgo. “El Gobierno ha dado un paso más y ha incluido la gratuidad de estas cuentas para colectivos en situación de vulnerabilidad. No puede haber inclusión social sin inclusión financiera”, subrayó Calviño.
El criterio para la gratuidad de las cuentas se determinará en función del número de personas que componen el núcleo familiar y del indicador de renta de efectos múltiples (Iprem), “de un modo similar al que se establece para acceder a la justicia gratuita”. En concreto, los bancos no podrán cobrar a los clientes con unos ingresos brutos anuales inferiores a dos veces el Iprem, estos es, 12.908 euros al año. Si se trata de un hogar formado por dos o tres personas, entonces no podrá superar los 16.135 euros anuales, o los 19.362 euros si el núcleo familiar el mayor.
La ministra destacó que la medida busca reducir la desigualdad social y económica, “un lastre para nuestro crecimiento futuro”, dijo. Por ello, insistió en la necesidad de aprovechar la “buena situación económica” que vive el país “para avanzar en las reformas que consoliden un desarrollo sostenible y justo en el futuro”.
Plan de retorno de emigrados y becas posdoctorales
El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes Plan de Retorno para españoles emigrados por la crisis económica y que deseen regresar a España. Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el programa pretende atender a 23.000 con presupuesto de 24,2 millones de euros para este año y el siguiente.
El plan incluye 50 medidas, entre ellas, una bonificación de la cuota de autónomos (con una tarifa plana de 60 euros al mes) para aquellos que retornen para emprender, becas para investigadores, y un servicio de mediación laboral para informar y buscar empleo a las personas que quieran retornar. Para su diseño, el programa ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas, ayuntamientos, todos los ministerios y cerca de 60 empresas.
La ministra ha informado de una dotación de 10,7 millones de euros en becas posdoctorales Ramón y Cajal y Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia, para que "el talento que estaba formado y se fue, pueda ahora retornar con la experiencia de haber vivido en el extranjero".
Un plan enfocado a jóvenes, pero no solo, que "buscar hacer justicia" con los que se tuvieron que marchar del país en busca de oportunidades laborales, ha añadido Celaá. La ministra ha señalado que 2,5 millones de españoles residentes en el exterior, y que de ellos, casi un millón se fue a partir de 2009.
Ingreso Mínimo Vital y asignación por hijo a cargo hasta los 341 euros
El Ejecutivo ha dado igualmente luz verde la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 que incluye 90 líneas de acción, entre ellas la puesta en marcha de un sistema de ingresos mínimos vital, la "medida más importante", en palabras de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Según ha detallado, una de las primeras medidas será aumentar la asignación por hijo a cargo de 200 euros anuales a 341 euros, llegando los 588 euros en "casos de pobreza severa".
"España es un país donde las tasas de desigualdad y pobreza son más altas que la media de la Unión Europea, que ya arrastramos desde hace varios años y que con motivo de la crisis se han agudizado", ha subrayado Carcedo, tras añadir que los jóvenes, niños y familias monoporentales son los colectivos que más lo sufren.
Por esa razón, la ministra ha informado de que la estrategia contará con cuatro ejes principales "para combatir la pobreza la desigualdad desde un punto de vista estructural". La primera, estará enfocada en combatir la falta de recursos para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas "inherentes a dignidad humana", donde la incluye la medida de asignación mínima por hijo. La segunda consistirá en invertir en políticas activas de empleo destinadas específicamente a personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, con el objetivo de prevenir "futuras situaciones de necesidad". La tercera, consolidar la calidad y universalidad de los servicios públicos, en especial la sanidad y la educación, y la última, medidas que permitan a las personas hacer frente a los costes de la vivienda, en ocasiones "excesivos".
Agilizar las adopciones internacionales
Carcedo ha informado igual de la aprobación de un reglamento de adopción internacional, que regulará los organismos acreditados que hacen las laborales de intermediadores, y creará un registro nacional de estos organismos, donde también se podrán presentar reclamaciones e incidencias. "El objetivo es reducir los tiempos de tramitación, que como saben ahora son farragosos y largos, agilizar los procedimientos y dotar de mayor seguridad jurídica a menores y familias", ha concluido la ministra de Sanidad.
