El Gobierno da dos meses a las empresas para empezar a registrar los horarios de su plantilla
Las compañías deberán conservar cuatro años los datos de la jornada de sus empleados y Sánchez renuncia a derogar parcialmente la reforma laboral antes del 28A
El primer Consejo de Ministros que reúne al Gobierno de Pedro Sánchez tras la disolución de las Cortes, el pasado martes, ha vuelto a aprobar una nueva batería de medidas sociales en forma de real decreto ley que tendrá que ser convalidado ya ante la Diputación Permanente del Parlamento.
Tras los reales decretos de igualdad entre géneros, alquiler y medidas para paliar el Brexit del viernes anterior, el Ejecutivo ha abordado esta semana un nuevo texto que aborda una importante batería de medidas en materia laboral.
El decreto en cuestión vuelve a rebajar de 55 a 52 años la posibilidad de acceso a subsidio para mayores desempleados, establece la obligación para las empresas de implantar un registro del horario de sus trabajadores o amplía las bonificaciones por contratación indefinida de parados de larga duración.
El texto también duplica la cuantía de las prestaciones no contributivas por hijos al cargo, reduce la cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, fija que la Seguridad Social abone todas las cuotas por contingencias de autónomos en incapacidad tras dos meses de baja, reduce las cuotas de los trabajadores fijos discontinuos de los sectores de comercio, turismo y hostelería durante la temporada baja y permite que los artistas permanezcan en el Régimen General durante los periodos de inactividad.
El paquete de medidas ha sido anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por la ministra Portavoz, y de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
Una de las novedades del texto, según el borrador al que ha tenido acceso Cinco Días y ha confirmado la propia Valerio en rueda de prensa, es que el registro horario de las plantillas no se exigirá a las empresas hasta dos meses después de la entrada en vigor del decreto, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.
Se da la circunstancia de que la medida no sería puesta en marcha hasta después de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril, lo que abre la veda a las críticas de partidos opositores que denuncian que el Ejecutivo de Sánchez está aprobando decretos que no son realmente urgentes pero que pueden aportar rédito electoral al PSOE.
“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin prejuicio de la flexilbidad horaria”, reza el texto leído por Valerio, que obligará a las empresas a conservar estos datos durante cuatro años.
Los registros serán establecidos mediante negociación colectiva entre empresas y trabajadores, o, en su defecto, a decisión del empresario tras consultar a los representantes de su plantilla. Según ha informado la ministra, el texto fija que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales, "podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de os descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieren".
La ministra de Trabajo ha admitido que el paquete de medidas aprobadas no goza del consenso, al 100%, de sindicatos y patronal, si bien ha rehusado aclarar si los empresarios se han opuesto o no al registro horario.
Pese a ello, Valerio ha aseverado que la medida es necesaria y urgente habida cuenta que la Inspección de Trabajo vienen denunciando continuamente que es imposible valorar sin dichos registros los casos fraudes de ley de empleados con jornada parcial que en realidad extienden su horario todo el día, o aquellos que hacen horas extra no declaradas y por las que la empresa no cotiza.
Finalmente, Valerio ha reconocido que el Gobierno renuncia a abordar la derogación de los aspectos que consideran más lesivos de la reforma laboral de 2012 al entender que dentro ya del periodo preelecotral, hacia los comicios del 28 de abril, no habrá forma de alcanzar un consenso que permita convalidar la decisión.
Por otra parte, la ministra ha detallado que buena parte de las medidas aprobadas este viernes, junto con la ampliación del permiso de paternidad o la cotización de las cuidadoras de dependientes, suman un coste total de 1.130 millones de euros que irán a cargo del alza de 3.300 millones que prevén lograr en el cobro de cuotas a la Seguridad Social tras el incremento de las bases de cotizacion.
