La caza, ¿una actividad en peligro de extinción?

Madrid y ahora Castilla y León prohíben la práctica cinegética

caza
Un cazador en un coto de Castilla-La Mancha.

El año pasado fue Madrid y ahora Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCYL) de la comunidad castellanoleonesa suspendió cautelarmente a principios de este mes el decreto autonómico que regula la caza. Y no es el primer auto. A este se añaden otros tres y dos sentencias favorables a la protección de la biodiversidad, “un bien superior”, frente a la práctica cinegética “sin rigor técnico ni estudios de viabilidad” que establezca las especies que se pueden cazar. 

La polémica viene de lejos –hay sentencias de 2003 en contra de la gestión de la Junta– y sin visos de solución a corto plazo. El PP, al frente del Ejecutivo autonómico desde hace 30 años, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, ha presentado una proposición de ley para modificar la legislación –que ha sido admitida a trámite por el Parlamento autonómico, con previsiones de conocerse el próximo día 27 y así “blindar la caza”. Una decisión que ha sido denunciada ya por Ecologistas en Acción, como había hecho anteriormente con el decreto citado el partido animalista Pacma.

Pulso entre conservacionistas, cazadores y expertos por el futuro de esta práctica

Pero este tira y afloja entre los que promueven y rechazan esta actividad alcanza su punto de ebullición por la confluencia de varios factores. Primero, la mayor sensibilidad ecológica por el deterioro medioambiental atribuido al hombre. Segundo, la crisis demográfica (el abandono del campo y la prevalencia de una población envejecida), que afecta especialmente a esta región, lo convierte en reclamo, y tercero, por el temor, en tiempo electoral, a que el mantenimiento de esta veda beneficie a la derecha más extrema, Vox, un abanderado visceral  de la caza (como símbolo patrio).

Más allá del debate ideológico, ¿cuál es la situación de la cinegética en España y su impacto en la gestión del territorio? Para Carlos Otero, ingeniero de montes del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, es una actividad rural, como la agricultura o la ganadería. “Tiene dos visiones: de producción y consumo del recurso fauna. Cuando gestionas un territorio, queriendo o sin querer, te encargas de las especies protegidas (97%) y las cazables (3%). Es una actividad económica y de conservación lícita, ética, que hacemos desde hace miles de años”, arguye.

Peso económico

El sector aporta 6.475 millones, el 0,3% del PIB, crea 187.000 empleos e invierte 285 millones en conservación, recoge un informe elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan. El 87% del territorio español es coto de caza, unas 43,8 millones de hectáreas divididas en 32.000 fincas.

La mayor extensión (19%) está en Castilla y León, y le siguen Castilla-La Mancha y Andalucía, ambas con el 16%. Existen poco más de 700.000 licencias y 333.974 cazadores federados. “Lo urbano no entiende lo rural, hay una disociación clara. Se matan animales porque la gente come carne. No es solo pegar tiros, hay una gestión previa para que el cazador pueda cazar”, insiste Otero.

Cifras

6.475 millones de euros aporta la actividad cinegética a la economía española, recoge un estudio de Deloitte.

50 millones de animales se matan en España por esta “práctica de ocio”, calculan los ecologistas.

Para los ecologistas, en cambio, es simplemente una costumbre lúdico-comercial, muy alejada de la necesidad o subsistencia pasada y que se subvenciona con dinero público. “Solo en España se matan entre 30 y 50 millones de animales [incluye la estadística oficial, 23 millones, y la estimada atribuida a las capturas ilegales e involuntarias]. Es un poderoso lobby, apenas el 1,5% de la población, con ramificaciones claras en el poder político. Esto impide la realización de otras actividades en el medio natural que podrían contribuir a la riqueza de los pueblos”, denuncia Carol Martín, activista de Ecologistas en Acción de Castilla y León.

“La evolución natural a la que vamos, nos guste más o menos, es a que desaparezca la caza”, agrega Ernesto Díaz, miembro de la junta directiva de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

Aquí aparece otro conflicto. Mientras los conservacionistas apuestan por la autorregulación para garantizar el equilibrio rural y la salud pública mediante depredadores o epidemias, los defensores de la cinegética reivindican también su papel en esta tarea.

Dar más ayudas a los gestores o impulsar una regulación más estricta, entre las soluciones 

“La sobrepoblación de jabalíes, por la mayor zona boscosa y disponibilidad de comida, no se resuelve solo soltando lobos. Es una creencia errónea, ya que este aplica la ley del mínimo esfuerzo y prefiere una oveja porque es más fácil de capturar. Alguien debe ayudarlo a regular”, explica Otero.

Pero Martín alerta de lo contrario, que el caso de los jabalíes o la perdiz roja se debe a criaderos intensivos impulsados por los cazadores para satisfacer sus necesidades. Algo que Otero admite, “solo en cinco o seis, que hay que denunciar”, y no en el total del colectivo. Díaz cree que estas labores de control, siempre que se justifiquen, corresponden a la Administración a través de los guardas ambientales.

Otero aboga por mantener unos criterios sostenibles: “Si no se mata nada, introducimos un desequilibrio igual de grave que si matásemos demasiado”. Y dar más ayudas a los gestores. Martín pide una regulación más estricta. “Perseguir el furtivismo, la caza ilegal y la de predadores apicales como el lobo”. Y Díaz incide en medidas preventivas: el uso de perros mastines, de cercas portátiles y el pastoreo presencial.

Daños colaterales

Finca Lapa, en Sevilla.
Finca Lapa, en Sevilla.

Accidentes. Cada año mueren 28 personas de media en incidentes con armas de fuego durante la práctica de la caza y afecta no solo a cazadores, sino también a seteros o ciclistas, calculan desde Ecologistas en Acción. El último suceso conocido ocurrió en enero en Coria del Río (Sevilla), cuando un niño de cuatro años murió al recibir un disparo en una cacería.

Especies autóctonas. La introducción de especies invasoras amenaza también a las poblaciones autóctonas y a los ecosistemas, apuntan los ecologistas, además de las muertes accidentales de fauna silvestre: 300 rapaces terminan en centros de recuperación, indican.

Turismo. Los disparos y cortes de caminos obstaculizan a la vez las actividades pacíficas por el monte, añaden.

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