La inseguridad jurídica lastra el potencial económico de los drones

Con medidas adecuadas, el sector generaría 10.000 millones

Si existe algo que puede lastrar a una tecnología disruptiva con vocación de permanencia, como el caso de los drones, es precisamente la inseguridad jurídica. Los expertos coinciden en que no contar con un marco regulatorio claro y vanguardista, que fije las pautas de actuación de un sector al que el Gobierno augura un éxito económico superior a 10.000 millones de euros en 2035, puede resultar peligroso cuando están en juego derechos fundamentales de las personas y limita el potencial de un sector que en España comenzó con buena pinta.

“Los ciudadanos ven a los drones más bien como juguetes, cuando en realidad son auténticas aeronaves”. Esa es la percepción de Moisés Barrio Andrés, letrado del Consejo de Estado,  experto en Derecho Digital y director del libro El derecho de los drones, que advierte de que no es baladí vivir desinformado de los riesgos que existen al utilizar un dron.

Según Barrio, el Real Decreto que regula esta materia (de 2017), “no es muy claro”. Próximamente, además, va a ser modificado para adaptarlo al nuevo Reglamento europeo que busca unificar criterios en la UE. El jurista añade que la falta de un horizonte claro provoca que “el mercado esté retenido por los problemas regulatorios, ya que no es fácil alcanzar un equilibrio entre el desarrollo comercial y la seguridad respecto de los derechos de los ciudadanos”. No obstante, augura que en 2050 “el 80% de sistemas de aviación serán no tripulados”.

En esta misma línea, Fernando Sanahuja, abogado de Sanahuja Miranda, reconoce la regulación es “antigua y con muchas lagunas y problemas”. Ello provoca que legalmente prácticamente nadie pueda volar en ningún lado. “Con la ley en la mano, es muy difícil que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) apruebe el 99% de peticiones”, explica.

La sensación general del sector es la de haber desaprovechado la visión de pequeños y grandes empresarios que apostaron por una industria que había llegado para quedarse y que posicionaba a España, según el Ministerio de Fomento, como el tercer país de Europa con más peso en la industria de la aviación no tripulada, con un 16% de la actividad, solo por detrás de Francia y de Polonia. “Es una pena, la falta de regulación les obliga a vivir en clandestinidad y muchos se han ido a otro país”, lamenta Sanahuja.

Menos pesimista es Jesús Yáñez, socio de Ecija, que considera que la normativa vigente es bastante clara, también en lo que no está permitido. Y es que realizar una actividad prohibida o no tener las licencias pertinentes puede conllevar una sanción de hasta 225.000 euros en el caso de uso recreativo, y a los 4,5 millones de euros en el caso de uso comercial o profesional. “Y ello sin contar con otras posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas que pueda acarrear incumplir otras leyes, como la de protección de datos, o si se producen daños a terceros”, asevera.

Otro de los problemas es que la mayoría de los aparatos se venden sin un seguro de responsabilidad civil, tal y como señala Sanahuja, que se muestra partidario de la obligatoriedad de contratar una póliza junto con su adquisición del dron. “El perjuicio que pueden causar es muy grande”, señala. También achaca la parálisis del sector a la nula voluntad de impulsar la norma: “la situación política es la que es y la menos de las preocupaciones son los drones, porque, para la economía nacional, esta industria no es una prioridad”.

En su Plan Estratégico de Drones, Fomento cifró en 1.220 millones de euros el volumen de negocio que creará este sector para 2035. El número de nuevos puestos de trabajo estimados, si la regulación acompaña, es de 11.000. Cifras que sirven a los expertos a animar a no perder el tren de la inversión. En diez años, se calcula que volarán en nuestros cielos más de 51.000 aeronaves no tripuladas.

El papel del abogado

La incertidumbre y el desconocimiento ha llevado a los bufetes a asesorar previamente y a defender casos en los que “por desconocimiento no se dispone de licencia de vuelo y se ha sancionado al usuario con entre 1.500 y 3.000 euros”, según Sanahuja.

Yáñez explica que los casos más habituales no son por contravenir la normativa de drones, sino por implicaciones colaterales de su uso, como captar imágenes o vídeos que vulneran la normativa de protección de datos o la legislación laboral. “No es tanto por si puedo hacer volar o no un dron, sino más bien si lo que quiero obtener con él está prohibido o vulnera derechos de terceros”, razona.

El abogado es partidario de las autorizaciones previas hasta que la tecnología se consolide. “Al final debemos poner dos elementos en la balanza: el desarrollo económico y la seguridad. Y mucho me temo que al final debe llegarse a una ponderación de ambos”, concluye.

Los retos del sector

 

Ciberseguridad.Uno de los puntos en los que falquea el uso de drones es en materia de ciberseguridad. Las incidencias que causaron en los aeropuertos de Londres hace unas semanas ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que sean utilizados con fines maliciosos, como pudo verse en el ataque que sufrió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A raíz de estos casos, Jesús Yañez apunta que impera la necesidad de una regulación clara, más aún, cuando se ha demostrado la posibilidad de hackear drones cuya comunicación se establece por wifi u otros sistemas. Dado su alcance, el abogado explica que “la norma debe ser más ambiciosa y establecer requisitos y responsabilidades en caso de que no se produzcan las necesarias actualizaciones en las aeronaves”.

Ámbito laboral. Moisés Barrio apunta una serie de retos que surgirán en relación a la legislación laboral. En primer lugar, regular las nuevas profesiones. Además, hacer frente a nuevos fenómenos como el esquirolaje tecnológico en huelgas o la capacidad de utilizar los drones para controlar el tiempo de trabajo, incluso, con bastantes “dificultades jurídicas”, como en la videovigilancia.

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