Un impuesto ideologizado que dañará el mercado y las empresas
La 'Tasa Tobin' favorecerá la opacidad y multiplicará los gastos de transacción
La decisión del Gobierno de instaurar una tasa Tobin en España, en realidad un impuesto para gravar las acciones con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros, ha despertado un fuerte rechazo en los mercados, así como una contundente batería de críticas, y no precisamente viscerales, sino sólida y contundentemente argumentadas. A esa oposición volvió a sumarse ayer, puesto que lo ha hecho en más de una ocasión, el presidente de BME, Antonio Zoido, que en el discurso de la tradicional comida navideña que organiza la Bolsa recordó los elevados costes que traerá consigo ese impuesto, la opacidad que creará en el mercado y su pernicioso efecto sobre la financiación de las empresas y la propia actividad económica.
No es la primera vez que Zoido, y con él un buen número de voces cualificadas, se pronuncia sobre los perjuicios y distorsiones asociados a la introducción de un impuesto de estas características, que lleva sobrevolando los cielos europeos desde 2011. Pese a los intentos de una decena de países, a los que ahora se quiere sumar España, de impulsarlo de forma coordinada en toda Europa, la propuesta ha fracasado siempre, y su aplicación ha quedado reducida a un puñado de economías del euro. Es el caso de Francia, donde no ha sido un éxito, sino que ha defraudado en términos de recaudación, ha penalizado al pequeño inversor y ha reducido de forma notoria –un 20%– el volumen de negociación del mercado.
Como recordó ayer el presidente de la Bolsa, el impuesto que proyecta el Gobierno favorecerá la opacidad, al hacer más económicas las transacciones fuera de los mercados regulados. También elevará los costes de transacción que se aplican en la Bolsa española, hasta multiplicarlos por 66, y perjudicará la financiación bursátil como recurso para alimentar a las empresas, puesto que reducirá la liquidez y encarecerá el capital. No es difícil aventurar tampoco que en una Europa enfocada a la Unión de Mercados de Capitales y en la que existe libre circulación de capital y de empresa, el impuesto se convertirá en un potente incentivo para la deslocalización de intermediarios y de operaciones.
Existen también argumentos de praxis que el Gobierno no debería ignorar. La complejidad del control sobre un gravamen que se aplicará en mercados globalizados, interconectados y sin barreras hace escasamente creíble que se puedan cumplir los objetivos de recaudación, que son de 850 millones anuales. Es el resultado de diseñar una política fiscal en la que el populismo y la ideología política sustituyen a la lógica económica y a la eficiencia.