Los bufetes explotan el filón del medio ambiente
Crece el negocio del área ambiental de los despachos
La proliferación de normativa destinada a proteger el medio ambiente y paliar los efectos del cambio climático no tiene marcha atrás. Iniciativas como Madrid Central, impulsada por el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena y que prohíbe circular por el centro de la capital a un gran número de vehículos, han recibido el aplauso de las autoridades comunitarias e, incluso, han permitido alejar el peligro de sanciones millonarias a España por no adoptar medidas contra la contaminación.
La preocupación por cumplir con una normativa compleja no solo afecta a las Administraciones públicas. Las empresas privadas también necesitan asesoramiento jurídico para implementar las directrices a la legislación ecológica, generando un interés creciente por el derecho ambiental y convirtiéndolo en una oportunidad de negocio altamente rentable para los despachos.
Una de las razones para entender el auge del derecho medioambiental es su carácter transversal.
Es decir, que los principios y normas, contenidos tanto en instrumentos internacionales como en la legislación interna de los países, influyen en ámbitos que van más allá de lo estrictamente administrativo.
Así, dentro de los despachos, áreas como mercantil, industrial o derecho penal pueden verse influidas por normativas de carácter ambiental. “El futuro no son normas ecológicas específicas”, apunta Pedro Poveda, socio y coordinador del departamento de medio ambiente de Gómez-Acebo & Pombo. Además, la mencionada transversalidad también influye en diversos sectores económicos. Y es que, para evitar responsabilidad administrativa, civil o incluso penal, “prácticamente todas las empresas van a tener que pasar por ese filtro ambiental”, de cara a ejercer su actividad y asumir todas las medidas establecidas por ley, añade Poveda.
Más normativa
La concienciación por parte de la población no se reduce al ámbito social. Los legisladores han desarrollado en los últimos años una gran actividad legislativa, incrementando exponencialmente la normativa en materia medioambiental, tanto a nivel internacional como nacional y autonómico. “Se ha producido una multiplicación progresiva de la regulación en este ámbito”, afirma Antonio García, socio del departamento de derecho público, marítimo y medio ambiente de Lener.
Esta regulación no solo ha vivido un incremento en términos de cantidad, sino que se está volviendo cada vez más rigurosa y exigente. En este sentido, cabe destacar que la normativa española sobre responsabilidad medioambiental prevé sanciones de hasta 50.000 euros en caso de infracción grave. Si la falta es considerada muy grave, la multa puede ascender hasta los dos millones de euros.
Una orientación previa en materia ecológica es, por tanto, esencial para la empresa que quiere abordar cualquier tipo de iniciativa. De hecho, afirma García, “cualquier proyecto que se presente sin un asesoramiento jurídico ambiental está asumiendo un riesgo enorme”.
Giro en la protección
En España, el derecho ambiental está regulado principalmente en el artículo de la Constitución española que establece el derecho de los ciudadanos de disfrutar de un ambiente limpio y sano. Nuestro ordenamiento jurídico desarrolla de forma más amplia este precepto a través de otras leyes como la de responsabilidad medioambiental, que tiene como objetivo prevenir, evitar y reparar los daños ambientales, estableciendo importantes sanciones.
No obstante, se ha producido un cambio en la forma de enfocar la legislación en materia ecológica, que ya no se limita a sancionar a la empresa que realiza acciones dañinas para el medioambiente, sino que la obliga a ejercer medidas paliativas, preventivas y de control previo. “El legislador ha dado un giro muy importante en la filosofía de la protección al medio ambiente en España”, apunta Vicente Estebaranz, socio de urbanismo y medio ambiente de Pérez-Llorca.
En este sentido, nuestro derecho obliga a las empresas a realizar un análisis o estudio del impacto medioambiental de los proyectos urbanísticos que lleve a cabo. Además, aquellas compañías que realicen determinadas actividades industriales y empresariales contaminantes deben contar con una autorización ambiental integrada. “Realmente se está produciendo una moda al legislar a favor del entorno natural”, subraya Estebaranz, y añade que la “desenfrenada” actividad legislativa en esta área aporta múltiples ventajas a la calidad de vida del ciudadano.
Complejidad de la norma
La legislación española en su ámbito ecológico es elogiada por los profesionales por su alto nivel de exigencia y de protección ambiental. En la mayoría de casos, no solo se adapta a lo establecido en las directrices europeas, sino que llega a fijar un estándar de cumplimiento superior.
No obstante, nuestra normativa también tienen una cara negativa. Y es que, al ser una materia que cuenta con abundante legislación tanto a nivel nacional como autonómico y municipal, se produce una dispersión y segmentación del ordenamiento.
“La inseguridad jurídica es enorme”, apunta Luis Pérez de Ayala, socio de Cuatrecasas especializado en energía, recursos naturales y medio ambiente, quien agrega que el exceso de fuentes de legislación ocasiona dificultades al abogado a la hora de determinar cuál es la normativa que debe aplicarse. Además, la excesiva regulación puede provocar tanto que se solapen varios reglamentos para un mismo asunto o que se formen “áreas grises donde no queda claro qué normativa debe aplicarse”.
Formación insuficiente
A nivel formativo, el derecho medioambiental tiene un trayecto mucho menos extenso que otras áreas jurídicas. Así, la especialización en este campo se reduce a cursos superiores o másteres, mientras que a lo largo de la carrera de derecho son contadas las universidades que han optado por incluirlas en su plan de estudios. Y, de hacerlo, se suele clasificar como materia optativa. Esta tendencia se traduce en un déficit formativo de los profesionales dedicados a la materia ecológica que se incorporan a las firmas.
En este sentido, Pérez de Ayala subraya que “es un área que no se enseña y no se estudia”. Y añade que, al final, el abogado medioambiental se forma a través de la experiencia en el bufete. Para paliar este déficit en la enseñanza, muchas firmas optan por integrar a profesionales licenciados en ciencias medioambientales, en contraposición al habitual perfil jurídico de los bufetes.
Naturaleza ante los tribunales
Letrados verdes. A causa de esta progresiva preocupación por el medio ambiente, muchos expertos jurídicos se han agrupado para formar despachos especializados en delitos ecológicos, llevando muchas veces a importantes empresas o Gobiernos ante los tribunales.
ClientEarth. Esta asociación está compuesta por abogados de todo el mundo, interviniendo en situaciones en las que se haya producido un delito contra el medio ambiente. Así, el pasado febrero, los abogados de ClientEarth vencieron por tercera vez al Gobierno de Reino Unido por los altos niveles contaminantes del aire en el país.
Greenpeace. La organización verde con más fama a nivel mundial también ha sentado a Gobiernos en el banquillo. Actualmente, se encuentra inmersa en un proceso judicial en el que acusa al Ejecutivo noruego de haber infringido el derecho constitucional a un ambiente saludable al permitir perforaciones de petróleo y gas en el Ártico.
EarthJustice. Esta firma medioambiental internacional venció el año pasado a la Administración de Donald Trump, consiguiendo la prohibición de un pesticida agrícola que dañaba el sistema nervioso de campesinos y consumidores.
SEO/BirdLife. Esta asociación española especializada en la defensa de las aves y la biodiversidad lleva ganados más de 60 casos en los últimos ocho años. La organización consiguió la mayor indemnización impuesta nunca por un tribunal en un delito contra la fauna: 360.000 euros a un cazador por envenenar a seis águilas imperiales.