Una fiscalidad que ayude a descarbonizar la energía

Los impuestos son la medida de mayor impacto en la lucha contra el cambio climático

Existe un amplio consenso sobre el hecho de que el calentamiento global del planeta se debe, al menos en parte, a la mano del hombre. Los modelos científicos no logran explicar el incremento observado en la temperatura si no incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana. Consciente de las consecuencias catastróficas de dicho calentamiento global y de que no se puede esperar a que la situación sea insostenible, la Unión Europea se ha comprometido con la lucha contra el cambio climático. Su “hoja de ruta” a 2050 fija como objetivo una reducción de emisiones de CO2 entre un 80% y un 95% con respecto a 1990.

Descarbonizar implica que debemos dejar de utilizar carbón para generar electricidad, pero no solamente eso. Debemos ser capaces de transportarnos, calentar y enfriar nuestras casas casi exclusivamente con energías renovables.

Las tecnologías de generación de electricidad con energía eólica y solar fotovoltaica han visto caer drásticamente sus costes a lo largo de la última década. Ya hay inversores que se plantean desarrollar estas instalaciones sin subvenciones, de modo que su introducción en el sistema eléctrico puede producirse sin sobrecostes para los consumidores.

En la actualidad, un 40% de la electricidad es producida con energía renovable, y las previsiones apuntan a que en el horizonte 2030 dicho porcentaje puede situarse en un 70%. Es asimismo posible entrever un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable en 2050, con una demanda de electricidad flexible, plantas de biomasa y sistemas de almacenamiento. El coste de alcanzar ese objetivo dependerá fundamentalmente de los progresos tecnológicos en sistemas de almacenamiento.

Sin embargo, en la actualidad, solamente un 25% del consumo de energía es en forma de electricidad. El 75% restante son combustibles fósiles (fundamentalmente gas natural, gasolina y gasóleo). Existen tecnologías para la producción de biogás y biocarburantes, pero su potencial es limitado y sus costes elevados. Además, los biocarburantes pueden ser contraproducentes en la lucha contra el cambio climático, ya que la extensión de los cultivos de biodiésel y bioetanol se ha hecho a costa de la deforestación de las zonas intertropicales.

Resulta evidente que no se puede descarbonizar el conjunto de la economía a niveles cercanos al 100% actuando solamente sobre un 25% de la energía (la electricidad). La lucha contra el cambio climático implica usar energías renovables, y las renovables de menor coste son las que producen electricidad. Por ello, la lucha contra el cambio climático implica electrificar (es decir, que cubramos nuestras necesidades energéticas con electricidad).

Sin embargo, la actual estructura fiscal subvenciona el consumo de combustibles fósiles y penaliza la electricidad, obstaculizando con ello la electrificación. En efecto, en la actualidad el consumo de electricidad está gravado con impuestos explícitos e implícitos que incrementan la factura eléctrica en un 70% (sin contar el IVA). Y aunque la gasolina y el gasóleo soportan formalmente un impuesto especial que duplica su precio, la realidad es que la recaudación que genera dicho impuesto se corresponde con los costes de inversión y mantenimiento de la red de carreteras. El precio de la gasolina y gasóleo tampoco refleja el coste de sus emisiones de gases contaminantes, de tal modo que en realidad se está subvencionando su consumo.

Por ello es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, reduciendo la carga fiscal y parafiscal en las facturas eléctricas, para favorecer, entre otros, la adopción de vehículos eléctricos y de calefacción con bombas de calor alimentadas con electricidad.

El borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático en el que está trabajando el Gobierno asume los objetivos de la Unión Europea e incluye diversas medidas en este sentido. El anteproyecto prevé que el sistema de generación de electricidad sea un 70% renovable en 2030 y un 100% en 2050. La prohibición de venta de vehículos ligeros a partir del año 2040 y la prohibición de su circulación a partir de 2050 han acaparado la atención de los medios. Pero la medida que quizás mayor impacto puede tener para la lucha contra el cambio climático es el encargo al Ministerio de Hacienda para elaborar una propuesta de reforma fiscal acorde con los objetivos de descarbonización. Es decir, se pide al Ministerio de Hacienda que se replantee la distribución de las cargas fiscales entre las distintas fuentes de energía como mecanismo para electrificar la economía.

Sorprende que la petición se dirija al Ministerio de Hacienda, dado que una parte importante de la carga que grava la tarifa eléctrica no son impuestos explícitos y su recaudación –vía peajes de acceso– y gestión no afecta a la Agencia Tributaria. Por ello, no basta con analizar la fiscalidad desde la perspectiva de Hacienda, sino que se debe hacer con una perspectiva más amplia y ambiciosa.

Esto es, precisamente, lo que hizo la Comisión de Expertos para la Transición Energética, cuyas conclusiones fueron entregadas al Ejecutivo el pasado mes de abril. Dicha comisión incluía técnicos nominados por los distintos partidos políticos y representantes sociales, y sus recomendaciones fueron aprobadas por amplia mayoría (11 votos a favor de 14) y ni un solo voto en contra. El Ministerio de Hacienda debería adoptar como referencia el trabajo ya hecho por la comisión y desarrollar sus recomendaciones. Ignorar este contundente nivel de consenso llevará a que la lucha contra el cambio climático en España carezca de una hoja de ruta e++stable, y a que las reformas necesarias se bloqueen por intereses políticos y cambios de rumbo derivados del ciclo electoral.

Oscar Arnedillo Blanco/Jorge Sanz Oliva son Director Gerente de NERA Economic Consulting/ Director Asociado de NERA y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética