Comienza la batalla por la recuperación de las concesiones hidráulicas
En una década caducan las licencias de explotación de 45 centrales. La tendencia es que el Estado las recupere y las subaste con fines sociales y de apoyo al consumidor
Razones medioambientales, de almacenamiento, de seguridad de suministro o de precio del mercado mayorista convierten a la producción hidroeléctrica en el más claro objeto de deseo de empresas, Gobierno y operador del sistema (REE) en pleno proceso de transición hacia una economía descarbonizada.
El paulatino final de las concesiones de las 800 instalaciones que funcionan en España y el cambio de estrategia del actual Gobierno respecto a su futuro anticipan una batalla por la más tradicional de las energías renovables cuya producción requiere del uso de un bien de dominio público: el agua de las cuencas hidrográficas.
Según un informe elaborado por el Observatorio Sostenibilidad, en los próximos 10 años, a 45 centrales les caduca la concesión, que revertirá al Estado a través de las confederaciones hidrográficas. De hecho, ya hay algunos pequeños saltos en el Ebro que han pasado provisionalmente a la confederación de esta cuenca (por un periodo máximo de dos años), a la espera de ver qué hace el Ejecutivo con ellos.
Sin embargo, a los tres grandes embalses aún les quedan muchos años por delante: las concesiones de Alcántara (en el Tajo), con una potencia de 3.160 MW; Almendra (en el Duero), con 2.649 MW y el mayor de todos, el de La Serena (en el Guadiana), de 3.219 MW, no caducan hasta 2044, 2045 y 2065, respectivamente (ver gráfico). Las dos primeras son titularidad de Iberdrola y la última, de Endesa.
El texto refundido de la Ley de Aguas limita las licencias de explotación a 75 años, un plazo demasiado elevado que se fijó en los años de la autarquía franquista (en las décadas de los 40 y 50), que, pese a todo, no se ha revisado “en las que se han otorgado ya en el siglo XXI”, critica el informe. Naturgy logró una nueva concesión por 75 años para Os Peares.
El peso de la energía hidroeléctrica es muy relevante: con una capacidad de 20.330 MW, representa la cuarta parte de la potencia total instalada en España y una producción de 20.213 GWH en un año seco como 2017. Por volumen de agua, un 7% de las concesiones ha expirado ya y entre este año y 2030 caducarán las licencias de otro 8%, porcentaje que incluye tres embalses de gran tamaño: el de Tranco de Beas (Guadalquivir), el próximo año; el de Ebro (Reinosa), en 2020 y el de Alarcón (Tajo), en 2030.
La opacidad que ha reinado durante años sobre las concesiones pusieron bajo sospecha al primer Gobierno de José María Aznar, concretamente, a su secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, quien renovó sin luz ni taquígrafos un buen número de ellas lo que benefició a las grandes eléctricas del sector.
Amortizadas y rentables
Partiendo de que se trata de infraestructuras “que están suficientemente amortizadas” y con un coste variable reducido (la materia prima es el agua), el propio Gobierno ya ha anunciado su intención de cambiar los requisitos de los pliegos de condiciones de las que, caducando, se vuelvan a sacar a concurso.
Rivales de nuevo cuño
La irrupción de nuevas energías renovales, principalmente, +eólica y solar fotovoltaica, han hecho que el peso de la hidráulica haya descendido. Según un informe de Observatorio Sostenibilidad, mientras en el año 200, esta energía cubria bbuena parte del suministro renovables, con una cuota de mercado del 37%, esta ha retrocedido en 19 puntos desde entonces.
Sin embargo, frente a la inestabilidad del aire o el sol, el agua, que se puede almacenar, bien gestionada, es una garantía de respaldo.
En una reciente entrevista con Cinco Días, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, responsable en materia de energía y agua, desveló que su Gobierno está trabajando sobre los elementos relacionados “con el almacenamiento, el bombeo y las concesiones hidroeléctricas”. Según venzan estas, se analizará “la posibilidad de recuperar masas de agua: en aprovechamientos en los que el río va encajonado aguas arriba y tiene poco sentido económico, y en otros casos, sacarlos a concurso con el requisito de un precio tasado”, señaló Ribera.
Más que un precio tasado, lo que se entendería como una ayuda de Estado incompatible con la normativa comunitaria, según fuentes del sector, el Ejecutivo podría subastar las licencias de dichos saltos al mejor postor. No faltan críticas al hecho de que las actuales concesiones, que suponen un negocio muy rentable para sus titulares, se realizaron en su día sin contraprestación alguna.
Sea como fuere, la producción hidroeléctrica, por tratarse de un bien público, está en el punto de mira de quienes la consideran una herramienta para amortiguar las subidas de los precios de la electricidad, dada su capacidad de almacenamiento y como respaldo a la creciente producción de energías renovables inestables.
Sin embargo, dado el sistema marginalista del mercado mayorista, esta energía no solo no influye en la bajada de precios, sino que cobra el marginal (el que recibe la tecnología más cara que resulta casada en cada momento, que suele ser el carbón y en épocas de gran demanda, el gas) logrando una polémica y criticada sobrerretribución.
En su informe, el Observatorio Sostenibilidad, recomienda la recuperación del todos los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado y volver a licitarlo o no, “pero en condiciones favorables para el interés común; que se reduzca el periodo de concesión de los grandes embalses a menos de 50 años y que se priorice el uso del agua para riego y abastecimiento en épocas de sequía.
En España, el tamaño de las instalaciones es variado: hay una veintena con una potencia superior de 200 MW, que representan el 50% del total, mientras en el lado opuesto se encuentran decenas de plantas con menos de 20 MW.
El caso del Ebro
Las Confederación Hidrográfica del Ebro abrió a finales de la última legislatura un proceso de reversión de las concesiones caducadas (la de El Pueyo de Jaca (Panticosa), primera reversión que se produce en España; el de Barrosa (Bielsa) y Auxiliar de Campo (Ésera). Asimismo, reclamó una parte de energía reservada (hasta el 25%) que las empresas deben ceder a precio de coste para destinarla a usos sociales y restitución territorial, señala el informe.
La medida ha derivado en un litigio sobre el precio de la electricidad que, según las titulares, es ocho veces superior que les reconoce la confederación. La cuenca del Ebro cuenta con una potencia instalada de 4.600 MW, un 18% del total.
Con todo, la comunidad autónoma con mayores saltos y mayor capacidad hidroeléctrica es Extremadura, con casi el 30%. Le siguen Castilla y León, con el 17% y Andalucía, el 16%. Por su parte, las comunidades donde más concesiones han caducado son Cataluña (el 24%); Murcia (21%) y Asturias y Castilla y León, con un 20%.
REE reclamó por escrito en 2014 la gestión del bombeo
En abril de 2014, el operador del sistema, REE, remitía a la entonces directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, un informe titulado “Importancia del Equipo generador Hidroeléctrico en la Operación del Sistema Eléctrico”, al que ha tenido acceso Cinco Días. Tras una descripción detallada de este parque de generación, con su análisis, REE quería demostrar “el importante papel que desempeñan las centrales hidráulicas en los servicios de ajuste del sistema (..) por ser una tecnología de respuesta especialmente rápida y flexible”, además de “un elemento fundamental para la integración de las energías renovables”.
Por ello, indicaba la compañía, “es muy importante impulsar el desarrollo de generación hidroeléctrica y, en particular, las instalaciones de bombeo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la UE”. Meses después, Baquedano remitía el informe de REE a la entonces directora general del Agua, Liana Ardiles.
La vieja reclamación del operador del sistema, que cuenta en la actualidad con el apoyo del lobby anti windfall profit (contrarios a la sobrerretribución que reciben la hidráulica en el mercado mayorista) ha sido escuchado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Así, un borrador del nuevo real decreto ley de medidas urgentes del sector energético, incluye esta reivindicación. De prosperar, la compañía que preside Jordi Sevilla tendría la postestad para gestionar, entre otros, los bombeos: 3.300 MW cuya concesión tienen las grandes eléctricas. Sin embargo, matizan en una de ellas, “el texto habla de toda la hidráulica no fluyente, por tanto, también incluye la embalsable”.
¿Es legal o no?
El sector ha arremetido contra una hipotética medida que considera una incautación: en el caso de que REE gestionara esta producción tendría un control sobre los ingresos de las empresas. En este punto, hay quien considera que la medida es contraria a la normativa europea (esta posibilidad de cesión al operador del sistema no figura en la directiva de electricidad ni en su modificación en trámite). Y, aunque existe un antecedente (la expropiación de una planta de bombeo de Endesa en Canarias por parte de REE en 2014), los críticos consideran que este sí era legal, pues la directiva establece una excención “respecto a las redes aisladas” (artículo 44).
Sin embargo, la expropicación del proyecto de Endesa no se acogió a dicho precepto de la directiva, sino a la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares (17/2013). Esta prohíbe explotar nuevos activos a quien tenga una cuota de mercado superior al 40%. de un aumen. Por tanto, quienes opinan que, frente a la iniciativa del Gobierno de dar la gestión del bombeo a REE, la operación de canarias “estuvo expresamente autorizado como excepción por la CE está equivocado”, señalan las mismas fuentes.
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