Las eléctricas califican de “incautación” el posible traspaso de la gestión del bombeo a REE

El sector arremete contra una medida del Gobierno que de momento solo es un proyecto

Las empresas dicen que es una intervención ilegal y supone un control de sus ingresos

Central de bombeo La Muela, de Iberdrola, la mayor de Europa.
Central de bombeo La Muela, de Iberdrola, la mayor de Europa.

La intención del Gobierno de ceder al operador del sistema, REE, la gestión de la producción hidráulica reversible como mecanismo de respaldo de las renovables (esto es, cuando falte viento, agua o sol) ha causado un gran malestar entre las generadoras eléctricas. Prospere o no la medida, incluida en el borrador de nuevo decreto ley de medidas urgentes en el sector energético, que no se aprobará este viernes tal como se preveía, el hecho de que se proponga ha desatado los nervios del sector.

 Varios son los argumentos de las empresas en contra de lo que consideran una intervención de su producción en ciertos periodos y, de paso, “un control del precio y, por tanto, de los ingresos de las compañías que deriva en un lucro cesante”, señalan fuentes empresariales. De esta manera, una empresa regulada, como REE, participaría en mercados en los que competirá, aunque sea con el objetivo de integrar las renovables, en negocios liberalizados.

“Suficientemente malo es el incentivo perverso que el operador tiene a invertir cuanto más dinero mejor porque así aumenta su retribución, al margen de las necesidades reales del sistema, como para que ahora se convierta en juez y parte en la regulación de los servicios complementarios”, critica duramente un experto.

Si la medida sale adelante, “REE deberá decidir sobre cuánta reserva de potencia y energía de regulación necesita el sistema y, a la vez, proveerla”. Además, de quedarse con esta herramienta, la compañía que preside Jordi Sevilla recibiría una retribución por ello.

Existen siete centrales de bombeo puro, con 3.300 MW, entre ellas, dos de Iberdrola,  las más grandes de Europa

Según una eléctrica, a falta de que el texto legal se apruebe, todo indica, que la intervención del bombeo es contraria a la actual directiva del mercado interior de la electricidad, que prohíbe a un mismo operador realizar simultáneamente control sobre actividades realizadas en régimen de competencia (generación y/o comercialización) y actividades en régimen regulado (transporte y/o distribución de electricidad).

Asimismo, añade, ”dado que la propuesta se plantea como una medida para favorecer la futura integración de renovables en el sistema eléctrico, facilitando la transición energética, el ordenamiento jurídico español no justificaría la utilización de la figura de un real decreto ley, evitando los procesos previos de participación pública y el informe preceptivo de la CNMC y la aprobación previa de Bruselas”. La experiencia de los últimos años, además, demuestra “que el funcionamiento del mercado y sus señales de precio ya han facilitado están facilitando la gran contribución del bombeo para la integración de las renovables”.

Solo la producción pura de bombeo suma 3.300 MW y corresponde a las siguientes centrales: Gillena, Tajo de la Encantada, Sallente y Moralets, todas ellas de Endesa; Bolarque (Naturgy); Aguayo, recién adqurida por Repsol a Viesgo y La Muela I y II, las más grandes de Europa, propiedad de Iberdrola. En Portugal también hay bombeos, por lo que sería necesaria una coordinación y revisar el tratado sobre el Mibel.

La UE no acepta la medida

La iniciativa del embajador de España ante la UE de que Bruselas incluya en la futura directiva de electricidad la potestad de los operadores de los sistemas nacionales par agestionar los bombeos como respaldo a las renovables, ha sido rechazada por los representantes de los 27, según fuentes conocedoras.

Si la medida no es recogida pues en la normativa comunitaria, difícilmente la podrá aplicar el Gobierno en España, indican fuentes del sector. Aunque matizan que sí podrá aprobarla pero se enfrentaría en ese caso con la oposición frontal de las eléctricas, que recurrirían la medida ante los tribunales. “Al ser contraria a la legislación europea y las buenas prácticas regulatorias, provocaría una situación de inseguridad jurídica”, opinan en el sector.

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