Gobierno

El Consejo de ministros aprueba los nuevos impuestos a las tecnológicas y a la compra de acciones

Montero quita hierro a la petición de información de Bruselas sobre el presupuesto

Obligará a identificar a los titulares de criptomonedas, en España y en el extranjero

El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy tres medidas fiscales contenidas en el plan presupuestario aprobado este lunes y remitido a Bruselas. Se trata del primer paso para crear los nuevos impuestos anunciados sobre las transacciones financieras y los negocios digitales, así como medidas de lucha contra el fraude fiscal. "Solo cuatro días después de presentar el plan presupuestario empezamos a cumplir los compromisos", explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra ha explicado que el Gobierno recibirá esta tarde la respuestas de la Comisión Europea a los presupuestos, y ha enmarcado en la normalidad la petición de información adicional por parte del Ejecutivo de Bruselas: "La carta no cuestiona el objetivo de déficit planteado, cosa que sí sucedió en planes anteriores enviados por Gobiernos del Partido Popular". Ha añadido que tanto el contenido como el rango de los remitentes de la carta implican que ésta solo plantea aspectos técnicos. Tanto Montero como Celáa han criticado severamente los planes del Partido Popular para paralizar la modificación de la ley de Estabilidad Presupuestaria e impedir la aprobación del presupuesto en el Senado, así como la iniciativa de Pablo Casado de intentar que Bruselas rechace el presupuesto, que Celáa ha calificado como "de inmadurez política".

El Gobierno espera recaudar 800 millones adicionales con las nuevas medidas antifraude, que se combinan con la incorporación de 200 nuevos profesionales a la Agencia Tributaria. Se limitarán los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales. Además, se reforzará la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros. Además, se prohíben nuevas amnistías fiscales y se adoptan medidas para evitar la elusión fiscal a través de estructuras multinacionales.

En paralelo, el Ejecutivo elevará el control de las criptomonedas, obligando a la identificación de los titulares de saldos de éstas, a la inclusión de éstas en la declaración de bienes en el extranjero y fijando la obligación de que las empresas que operen en estos mercados trasladen información a la Agencia Tributaria. También se ha prohibido el software de doble uso, es decir, los programas de contabilidad que permiten a empresas ocultar información al fisco, exigiendo criterios de trazabilidad a los programas que se produzcan, distribuyan o usen en España.

Montero también ha anunciado el anteproyecto de impuesto sobre las transacciones financieras. Éste consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a la tributación del 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros y en el mercado secundario (no en salidas a Bolsa). No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El impuesto se liquidará mensualmente, recaerá sobre los intermediarios financieros y se espera que recaude 850 millones para compensar el déficit de la Seguridad Social.

Finalmente, el Ejecutivo también ha anunciado el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales. Gravará los servicios de publicidad online, los servicios de intermediación y la venta de datos, con una tasa del 3% sobre los ingresos obtenidos por estas vías. Solo afecta a empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. Prevé recaudar 1.200 millones con este tributo, previsión que Montero ha calificado de "prudente" habida cuenta de que es la primera experiencia europea en este ámbito, y de que el Gobierno del PP preveía 1.500 millones de recaudación, según Montero.

"Con estos tres anteproyectos empezamos a cumplir los compromisos adquiridos en el plan presupuestario, para crear una sociedad más justa", ha concluido Montero, quien ha resaltado que estos nuevos ingresos son necesarios para revertir los recortes en sanidad, educación o dependencia. Preguntada por el cierre de dos plantas de Alcoa anunciado esta semana, Celáa ha afirmado que el Gobierno "confía en que la decisión se revierta", añadiendo que la propia empresa ha desligado el cierre del precio de la luz. Ha indicado que habrá una reunión intergubernamental (con los Ejecutivos de Asturias y Galicia) con sindicatos y empresa.

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