El impuesto a la compraventa de acciones no gravará la especulación diaria

La nueva ley antifraude pone el foco en las criptomonedas y prohíbe el software contable que facilita defraudar El Gobierno impulsa la tasa digital, y la vigilancia de altos patrimonios con 200 nuevos funcionarios

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Javier Lizón (EFE)

“Empezamos a cumplir con los compromisos que adquiríamos en el plan presupuestario”, ha expuesto este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo cuatro días de presentar el plan económico del Gobierno para 2019, detallando que el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado ya tres anteproyectos de ley para echar a andar nuevas medidas antifraude, crear un impuesto sobre las transacciones financieras y otra sobre las actividades digitales.

“Por cada medida de gasto que se plantea para crear un derecho, revertir un recorte o avanzar en igualdad hay contemplada una medida de ingresos para compensarla. Los ingresos crecen más que los gastos lo que nos permite afrontar el compromiso de déficit alcanzado con Bruselas. Encauzamos las cuentas del PP”, ha dicho Montero, aseverando que “no se puede aspirar a tener un Estado del bienestar de primera, con ingresos de tercera”.

Al aprobar estas medidas solo cuatro días después de remitir el plan pactado con Podemos a Bruselas, el Gobierno busca dar confianza adicional a la Comisión Europea sobre la fiabilidad de las medidas anunciadas, y tratar de ponerlas en marcha lo antes posible para que estén en vigor lo más cerca posible de comienzos de 2019.

Más allá, Montero ha asegurado que las medidas tomadas ayudan a configurar una “fiscalidad del siglo XXI” que permita modernizar la lucha contra el fraude y gravar las nuevas actividades digitales y financieras.

En este campo, sin embargo, llama la atención que el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras que gravará al 0,2% la compraventa de acciones realizada por operadores financieras sobre compañías españolas cotizadas por más de 1.000 millones de euros de capitalización, no grave la especulación.

Montero ha confirmado en la rueda de prensa que el gravamen será sobre las operaciones intradía netas, lo que quiere decir que se comparará el saldo de final de un día con el de la jornada anterior y se aplicará el impuesto a cada cambio de manos de una acción. Dicho de otro modo, si un operador vende 50 veces una misma acción y la recompra otras tantas para sacar un beneficio en el proceso, esta actividad no estará sujeta al tributo porque al final del día no habrá cambiado de manos el título.

Este mismo efecto se da en la tasa francesa, que España ha emulado, aunque el país vecino ha anunciado que acabará generalizando el gravamen a todas las operaciones intradía. En el caso del tributo español el Gobierno ha matizado que quedarán exentas las salidas a Bolsa.

La ministra también ha detallado que el impuesto se liquidará mensualmente lo cuál permitirá al Gobierno comenzar a cobrar inmediatamente en cuanto logre sacar adelante la medida, previsiblemente ya entrado el año 2019. Los 850 millones de ingresos esperados irán destinados directamente a sufragar el sistema de pensiones.

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el anteproyecto de ley del nuevo impuesto sobre actividades digitales, que gravará al 3% las operaciones de publicidad onine, intermediación entre consumidores y empresas o venta de datos de usuarios por parte de compañías que facturen al menos 750 millones internacionalmente y tres millones en España. Hacienda multará a quien oculte o modifique su geolocalización, o el protocolo IP de su ordenador, para evitar el impuesto. Busca ingresar 1.200 millones.

Finalmente, el Ejecutivo también ha impulsado su nuevo plan contra el fraude que pondrá el foco en el control de las criptomonedas obligando a las personas o empresas tenedoras de monedas virtuales a informar puntualmente a la Agencia Tributaria de sus saldos. También los contribuyentes que tengan divisas digitales en el extranjero deberán dar cuenta.

Otra medida es la creación de una oficina de vigilancia de grandes patrimonios, que se dotará con 200 nuevos funcionarios de la Agencia Tributaria.

En paralelo, el Gobierno prevé prohibir la producción, tenencia y comercialización de los software informáticos de doble uso contable que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad económica. El anteproyecto de ley establece sanciones de 150.000 euros para las empresas que vendan estos programas por cada ejercicio en el que lo hagan.

Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a prohibir las amnistías fiscales, a ampliar la lista de paraísos fiscales , a rebajar de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo entre profesionales, transpone la directiva europea antielusión fiscal, crea una oficina de control de grandes patrimonios y pone bajo vigilancia las casas de apuestas online. El paquete tratará de elevar la recaudación en 828 millones de euros.