No es un pacto de presupuestos

El pacto entre Sánchez e Iglesias es un acuerdo de Gobierno que elevará la presión sobre el Ejecutivo

Apretón de manos de Pedro Sánchez (izquierda) y Pablo Iglesias tras sellar su acuerdo presupuestario.
Apretón de manos de Pedro Sánchez (izquierda) y Pablo Iglesias tras sellar su acuerdo presupuestario.

Debo confesar que el documento firmado ayer por el Gobierno de España y Podemos me ha sorprendido. Esperaba un acuerdo sobre los Presupuestos Generales 2019. Pero es mucho más que eso: es un pacto de Gobierno. Incluso me atrevería a decir que por su retórica y amplitud parece un programa electoral que habla de partidas presupuestarias, pero también de violencia de género y sexual, de abandono rural o de la vivienda. Un programa en el que pesa tanto o más el discurso de Podemos como el del PSOE. La cercanía en el número de diputados en el Congreso con los que cuenta un partido y el otro lo justifica.

En general, el documento supone un significativo giro a la izquierda respecto a lo ejecutado por el Gobierno actual desde su inicio, que comenzó con la aprobación final de unos presupuestos PGE-2018 heredados. En este sentido, es llamativa la contundencia de una narrativa en la que la pluma de los negociadores de Podemos ha tenido, sin duda, un protagonismo destacado.

El documento integra numerosas actuaciones por el lado del gasto y por el del ingreso, intentando demostrar que el documento es compatible con la austeridad fiscal: el Ministerio de Hacienda estima que el incremento de recaudación previsto con las medidas discrecionales anunciadas estaría ligeramente por encima del coste de las actuaciones de gasto. Potencialmente seguro que es así. Pero hay que advertir que la certidumbre del aumento de gasto es siempre significativamente mayor que la certeza del efecto sobre la recaudación de nuevas figuras tributarias o modificaciones de los asistentes. Esta asimetría ya la estamos viendo en la ejecución de los PGE-2018 que elaboró y negoció el Gobierno del PP y es el factor fundamental que explica por qué el déficit va a acabar el año bastante más cerca del 3% que del 2,2% pactado.

En segundo lugar, el claro giro a la izquierda complica objetivamente el pacto con los partidos situados a la derecha en lo económico. En particular, los partidos nacionalistas PNV y PdeCAT, que suman 13 valiosos escaños, pueden no encontrarse cómodos con un documento en el que aumentan gastos e impuestos y se sube muy sustancialmente y en un solo año el salario mínimo interprofesional. El caso de ERC (9 actas) es diferente; aunque sus exigencias en el eje territorial son firmes y muy exigentes. El pacto no es imposible. Pero va a ser difícil.

En tercer lugar, el lunes el Gobierno tendrá que presentar el Plan presupuestario que enviará a Bruselas, cumpliendo las exigencias que las reglas fiscales comunitarias exigen a todos los Estados miembros. En él deben cuadrar los números, teniendo en cuenta que la no aprobación de la nueva senda de objetivos de déficit, fruto del bloqueo del PP en la mesa del Congreso a la reforma express del veto del Senado, obliga a mantener el 1,3% del PIB para 2019. Eso supone un muy exigente ajuste de 1,4-1,5% si finalmente acabamos 2018 en el 2,7-2,8%. Cerca de 20.000 millones. Y ello, con una economía que se desacelera. Otra tarea que va a exigir un esfuerzo ímprobo.

No obstante, dudo que Bruselas vaya a pronunciarse en detalle sobre el pacto firmado ayer; al menos públicamente. Mientras no haya un proyecto de Presupuesto avanzado, demandará que se le presente un escenario presupuestario sin cambio de políticas. Es decir, cuál sería la evolución de gastos, ingresos, déficit y deuda si se proyectasen hacia el futuro las líneas que marca la coyuntura económica y la extrapolación de las cuentas vigentes. En este sentido, no cabe aguardar grandes aspavientos en público la semana que viene. La Comisión Europea mantendrá las formas.

En el próximo mes veremos muchos movimientos y declaraciones. La Bolsa lo ha anticipado ya ayer. Se pronunciarán críticamente las organizaciones empresariales, los colectivos más afectados y desde luego el PP y Ciudadanos. Hay quien verá paralelismos con la situación italiana y, en privado, el Gobierno recibirá recados desde Bruselas. La presión va a ser fuerte, porque el giro presupuestario es notable. Me temo que si el PSOE quiere mantener la posición y aprobar los PGE-2019 en linea con los nuevos gastos propuestos en el documento, va a requerir aprobar medidas adicionales por el lado del ingreso. Hablamos de miles de millones de euros de recaudación tributaria. Eso le compraría la paz con las autoridades comunitarias; pero le alejaria más del centro electoral y de muchos grupos de interés relevantes; y le obligaría a negociar votos en el Congreso a cambio de cesiones de tinte territorial que pueden generar sentimientos de agravio

Santiago Lago Peñas es Catedrático de Economía Aplicada y Director de GEN (Universidad de Vigo)

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