¿Hay que repensar los impuestos a la banca? Quizá, pero no ahora

Un impuesto al sector no es oportuno si España aspira a acoger entidades que huyan del ‘brexit’

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe ya en 2011 en el que apostaba por establecer tributos sobre los bancos que coadyuvaran a financiar el coste de restitución del sistema financiero internacional. Por tanto, la propuesta que ha realizado el Gobierno en España no es ni nueva ni hereje con la religión liberal. Ahora bien, el contenido y los tiempos podrían ser mejores.

En primer lugar, el debate del Gobierno se ha realizado de forma ambigua y aparentemente improvisada. Sin embargo, la configuración precisa no es irrelevante puesto que la contribución puede tener distinto efecto en el negocio de los bancos y en los clientes. Aquel informe del FMI, por ejemplo, analizaba: i) un impuesto sobre balance vinculado al riesgo, para una contribución justa, y al mismo tiempo incentivar la capitalización de las entidades; ii) un impuesto sobre la actividad financiera, sobre el valor añadido calculado de acuerdo con pagos, salarios y remuneraciones; iii) un impuesto sobre transacciones financieras o tasa Tobin, que puede gravar las transacciones con instrumentos financieros, con derivados, con divisas, o todas ellas, que evite la especulación. El FMI concluía por el establecimiento de un impuesto sobre el balance para contribuir a un fondo de estabilidad, junto con un impuesto sobre la actividad bancaria, al tiempo que descartaba la tasa Tobin.

En nuestro entorno, Francia, Alemania o Reino Unido han establecido impuestos sobre balance. La Comisión Europea, por otra parte, lleva impulsando desde 2011 una propuesta conjunta para establecer el gravamen en toda Europa que, tras entrar en vía muerta, está tratando de aprobarse por la vía de la cooperación reforzada y ha sido aprobada unilateralmente por Francia, Italia o Hungría. Por lo tanto, las propuestas del Gobierno están plenamente en línea con los países de nuestro entorno.

En nuestro país, si bien las particularidades no han trascendido, parece que el Gobierno planteaba en primer lugar un impuesto sobre balance que tuvo el rechazo unánime del sector, y que se ha abandonado temporalmente. La propuesta ahora parece enfocarse a incrementar el tipo del impuesto de sociedades para los bancos. Esta propuesta plantea problemas de igualdad tributaria, pero además, no está en línea con el objetivo, pues permitiría a los bancos incrementar sus créditos fiscales derivados de las pérdidas de la crisis. La propuesta parecida de aplicar un tipo mínimo plantea problemas de compatibilidad con los convenios tributarios y la normativa de la Unión.

Por otra parte, se ha propuesto una tasa Tobin, replicando el modelo francés y en línea con la propuesta de la Comisión, si bien no es un impuesto sobre la banca en sentido estricto. Se gravarían así las transacciones financieras a un tipo muy reducido, excluidas algunas de interés público como sobre bonos o con función aseguradora. Los detractores señalan que se resta liquidez al mercado y afecta a ahorradores y empresas, pero lo cierto es que su establecimiento en Francia no ha tenido efectos perversos significativos y sí ha reducido el margen especulador. El impuesto en sí mismo no es una catástrofe para la economía o los mercados españoles. No obstante, las experiencias francesa e italiana sugieren que tiene un mayor efecto de disuasión de la especulación que recaudador. Además, puede incrementar el coste de financiación de recursos propios, incluso beneficiando al sector financiero al incentivar el coste de recursos ajenos en tanto fiscalmente más baratos.

El problema está en que, desde el principio, parece que el objetivo es vender a la opinión pública un gravamen a los bancos como titular, siendo que la fiscalidad del sector financiero es una cuestión delicada que requiere afinar la propuesta, un análisis técnico adecuado y contextualizar toda la carga tributaria del sector. En este sentido, el Gobierno debería haber empezado por proponer la eliminación de la exención en el IVA de que disfruta el sector financiero. Es cierto que la exención viene de la directiva del IVA, pero la valentía del Gobierno también debería escucharse en Bruselas. Más aún, las normas europeas ya permiten establecer la renuncia a la exención, extremo este que beneficiaría a empresarios y comerciantes y que no ha sido establecido en España. Además, frente al impuesto sobre transacciones financieras, el impuesto sobre la actividad financiera parece mucho más adecuado al centrarse sobre el valor añadido que precisamente queda exento en el IVA.

Pero, además, es posible que el Gobierno se equivoque en el momentum político. España aspira a acoger empresas y entidades financieras que se trasladen a causa del brexit, y establecer este tipo de impuestos puede ser contraproducente. Estos impuestos deberían haberse establecido entre 2010 y 2012, como hicieron nuestros socios europeos. Es cierto que Francia o Alemania, países que compiten por esos traslados, tienen también esos impuestos. Sin embargo, parece no ser el mensaje más adecuado para la promoción de nuestras plazas financieras en este preciso momento.

Es necesario analizar y repensar la fiscalidad del sector financiero, pero el importante rol de este, así como sus complejas características técnicas, hacen necesario una reflexión pausada y análisis global. Y una vez con una buena propuesta, elegir el mejor momento: una buena propuesta en un mal momento puede convertirse en mala.

Pablo A. Hernández González-Barreda es Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pontificia Comillas-Icade. Autor de ‘Tributación bancaria en la Unión Europea’, Dykinson, 2012

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