Ocho años sin decisiones de política energética

Urge iniciar la transición del modelo, pero también adoptar medidas ágiles para rebajar el precio

Era costumbre de los antiguos griegos encomendarse a las musas para no quedarse sin inspiración o saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Pero no debemos quedarnos en el dicho, en la metafísica, en los pájaros y las flores, en el revoloteo, pero no me poso, pues lo que urge en la vida es actuar, pasar al hecho.

La ministra de Transición Ecológica ha anunciado un plan de choque. Pero, de momento, no ha entrado al detalle de las medidas concretas ni de las fórmulas elegidas para llevarlas a cabo. A la complejidad del sector eléctrico español se le ha de añadir el contexto relativo a la transición energética. Nos veremos obligados a circular por un proceso cuyas consecuencias dependerán, en gran medida, de las decisiones políticas que se adopten y de los plazos que se fijen. El escenario que resulte determinará en buena medida el grado de competitividad de nuestras empresas y la salud de nuestra economía.

No obstante, una cosa parece segura: la paulatina eliminación de fuentes de generación contaminantes reducirá la mezcla de generación e introducirá unas buenas dosis de incertidumbre en relación a la competencia por el lado de la oferta. Este ajuste tecnológico modificará el precio de la electricidad y, a la vez, se construirá una señal económica que probablemente despierte el interés por aumentar el parque de generación renovable.

Quizá sea el momento de solucionar el dilema entre generación centralizada y distribuida, entre inversión en activos para la venta de energía a mercado o inversión como reducción de la compra de energía a mercado, intentando, eso sí, alcanzar simultáneamente un incremento en la estabilidad de los precios. O quizá, una mezcla más o menos acusada entre ambas opciones.

Son ya aproximadamente ocho años los que llevamos sin que se hayan tomado decisiones sobre política energética, pues hasta la fecha, y en modo alguno es una cuestión menor, la regulación se encaminó fundamentalmente a impedir la quiebra del sistema y a dotarlo de mecanismos que intentan controlar que situaciones como las del pasado no vuelvan a repetirse. No obstante, el camino está trazado. Lo han hecho los 14 expertos que entregaron sus conclusiones sobre transición energética al ministerio el pasado mes de abril. El acuerdo es tremendo, pues no existe ningún voto en contra sobre lo que se sugiere hacer en el futuro, tanto a medio como a largo plazo.

Ahora bien, esta transformación que se dibuja llevará años, probablemente décadas. Entre tanto, cabría intentar que el impacto de los elevados precios de la electricidad resulte atenuado. Este entorno puede favorecerse con la elaboración de propuestas que, por su naturaleza exclusivamente técnica, estén sintonizadas con las propuestas del grupo de expertos, de marcado carácter transversal. Más aún, propuestas regulatorias que no necesiten indefectiblemente ser aprobadas en el Parlamento. Normas con carácter de real decreto o de rango inferior, que el Ejecutivo pueda aprobar para atenuar el impacto económico al que nos referimos, de forma rápida y eficaz.

Modificaciones normativas que aumenten los grados de libertad de los consumidores, reduzcan el poder que ejercen las actividades reguladas relativas a las redes eléctricas y ayuden a reducir sistémica y sistemáticamente los precios por el suministro de electricidad.

En efecto, así lo trasladaba Confemetal en la carta abierta dirigida al Ministerio de Industria el pasado día 4 de septiembre, cuando indicaba: “La industria no necesita listas de buenas intenciones y propuestas irrealizables, tradicionalmente empaquetadas en forma de decálogos o libros blancos, lo exigible es que legisladores y gobernantes, lejos de remedios milagrosos, planteen medidas que sean aplicables, eficaces y útiles.”

Con el actual contexto político parece oportuno que estas propuestas normativas a que nos referimos se desarrollen en el seno del sector industrial, lejos del ruido mediático y del lío político para que, una vez desarrolladas, debatidas, consensuadas y aprobadas, se puedan transmitir y explicar al ministerio o ministerios afectados, de forma que el Gobierno, si tiene a bien, tome la decisión de implementarlas.

En todo caso, medidas de aplicación rápida, eficaces y de utilidad para todos los consumidores. Ese debiera de ser el viento dominante.

Ramón López es Gerente de Grupo ASE