Popular: Por una valoración independiente

La conducta de la JUR y sus esfuerzos por ocultar documentos no motivan al optimismo

Sucursal de Popular en Madrid.
Sucursal de Popular en Madrid.

Hace algo más de un año, España se convirtió en el laboratorio de pruebas de las nuevas competencias de la Unión Europea para resolver los bancos en crisis en Europa. En la madrugada de un martes, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió resolver el Banco Popular, en ese momento el sexto banco más grande del país. La resolución redujo a cero el valor de 2.000 millones de los bonos emitidos por Popular poco tiempo antes de la venta de esta entidad a Banco Santander por el precio simbólico de 1 euro.

La conclusión provisional de la JUR que ha levantado tanta polémica, basada en un informe “independiente” de Deloitte, afirmaba que los acreedores –incluidos los tenedores de bonos– no habrían salido mejor parados si Banco Popular hubiera entrado en insolvencia, en lugar de resolución.

Hay que recordar que la auditora fue contratada el 23 de mayo de 2017, el mismo día en el que Elke König –presidenta de la JUR–, incumpliendo las normas de secreto profesional de la UE, dijo en una entrevista con Bloomberg TV que estaba “vigilando” a Banco Popular. La aceleración en el ritmo de fuga de depósitos del banco sólo dejó a Deloitte 12 días para completar su labor, en lugar de las seis semanas que normalmente se suelen emplear en este tipo de informes. La propia Deloitte enfatizó que esta valoración debía ser considerada como “altamente incierta y provisional”.

En las próximas semanas, la JUR publicará su decisión definitiva basada en una nueva evaluación de Deloitte. La elección de esta auditora por segunda vez incumple la legislación de la UE de “garantizar que una persona independiente lleve a cabo una valoración”.

Al evaluar su propia tarea, Deloitte no tiene ningún incentivo para contradecir su análisis previo preliminar, sobre todo cuando la presidenta de la JUR ya ha declarado públicamente que espera que la valoración final confirme que a los acreedores no les hubiera ido mejor en caso de insolvencia de Banco Popular.

Tanto Deloitte como Banco Popular afirman que la entidad fue resuelta por razones de liquidez, no de insolvencia. En junio de 2017, la entidad necesitaba aumentar sus colchones de capital y de provisiones para su cartera de préstamos en riesgo de mora, pero estaba planeando un aumento de capital de 4.000 millones de euros. Dicha operación, que según la prensa debía anunciarse el 12 de junio, tenía el respaldo de Barclays y Deutsche Bank y se había asegurado algunos inversores ancla, incluyendo PIMCO –uno de los tenedores de bonos de Popular a los que represento–.

Aunque todavía estamos a la espera de la divulgación completa del informe de Deloitte, suponemos que se intentará poner el foco en los activos improductivos que tenía el banco. En este sentido, sabemos que:

El banco tenía préstamos morosos y una cartera de bienes inmuebles con un valor bruto de 37.000 millones de euros sobre los que había registrado deterioros significativos. Así, el valor de esta cartera en balance era de unos 20.000 millones de euros (11.000 millones en inmuebles y 9.000 millones en créditos impagados), o dicho de otra forma, con una valoración de 55 centimos sobre cada euro nominal. Se podrían haber requerido otras provisiones, digamos 4.000 millones (como se sugirió en la reunión del Consejo de Administración de Banco Popular celebrada el 6 de junio de 2017), pero se podrían haber afrontado sin empujar al banco a la insolvencia.

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Los precios inmobiliarios en España subieron un 6,2% en el año, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística de España.

A menos que haya un grave fraude por parte de los administradores y de los auditores, con estos datos parece increíble que el coste para los acreedores hubiera sido del entorno de 23.000 a 34.000 millones de euros, tal y como se rumorea que presentará Deloitte. Tanto más es así, si se hubiera hecho a través de un cuidadoso proceso concursal en España.

Los planes para estabilizar el banco fueron arrollados por una fuga de depósitos instigada por la JUR con la entrevista del 23 de mayo en Bloomberg TV, y días más tarde con una filtración a Reuters de una advertencia temprana sobre la posible intervención de Banco Popular. Posteriormente, la propia presidenta de la JUR lo describió como una “fuga formidable de liquidez” en forma de drenaje de depósitos de 9.000 millones de euros en solo unos pocos días.

Los bancos no están diseñados para soportar importantes retiradas de depósitos. Precisamente, los reguladores bancarios están sujetos a los más altos estándares de secreto profesional para no causar una fuga de depósitos. En el caso de Popular, la JUR violó claramente estos estándares con consecuencias catastróficas.

La UE afirma que se evitó un rescate del banco con cargo a los contribuyentes, pero omite que sin divulgación ilegal por parte de la JUR no se habría requerido ningún rescate o resolución. Asimismo, pasa por alto que la resolución incluyó una sustancial transferencia de valor y enriquecimiento ilícito para un beneficiario privado, a saber, Banco Santander.

Para los acreedores cuya propiedad es expropiada de la noche a la mañana por el Estado, no hay un mecanismo más seguro para la aplicación del principio no creditor worse off a plena luz del día por un tercero independiente.

El público, los mercados y los inversores están expectantes sobre la efectividad de este mecanismo de seguridad dentro del régimen de resolución bancaria de la UE, pero la conducta de la JUR hasta la fecha y sus esfuerzos por ocultar al escrutinio público documentos clave no dan motivos para ser optimistas. Los acreedores siguen confiando en que los tribunales hagan valer los estándares de transparencia. Como se suele decir, la luz del sol es el mejor desinfectante.

Richard East es socio director del despacho de abogados Quinn Emanuel Urquart & Sullivan

El despacho Quinn Emanuel Urquart & Sullivan representa a varios tenedores de bonos de Popular, incluidos PIMCO, Anchorage, Algebris y Cairn Capital

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